El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, sostuvo que existe un marcado rechazo del gobierno peruano para implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Advirtió que esta situación podría generar el estancamiento de los procesos de búsqueda de verdad y justicia que exigen las víctimas, y sus familiares, de la violencia interna que padeció el Perú durante dos décadas.
Gamarra Herrera hizo estas declaraciones en la audiencia temática sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR celebrada ayer martes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
El reconocido jurista advirtió que el gobierno, en vez de asumir el Informe de la CVR como un norte moral que guíe la recuperación y el progreso del país y sus instituciones, insiste en desacreditar la valía de su aporte.
“El vicepresidente Giampietri afirma que la CVR no ha aportado nada para la pacificación y el ministro de Defensa, Rafael Rey, afirma que las Fuerzas Armadas no cometieron crímenes de lesa humanidad”, puntualizó.
Además, lamentó que en medio de esta situación crítica, se produzcan “atentados contra la vida e integridad personal, hostilizaciones y agresiones contra los defensores de derechos humanos, como el caso de Salomón Lerner, ex presidente de la CVR, quien fue víctima de una amenaza directa contra su vida”
“Actos de agresión como éste no son investigados seriamente y a profundidad por parte del Estado”, subrayó el secretario ejecutivo de la CNDDHH.
Preocupacíón ante limitado apoyo al Consejo de Reaparaciones
En otro momento, manifestó la preocupación de la CNDDHH por el apoyo limitado del gobierno al Consejo de Reparaciones. “Esta situación ha llevado a la paralización del trabajo de esta organización, pese a que se encuentra pendiente de revisión aproximadamente 28 mil expedientes y que a la fecha no se ha entregado a una sola víctima alguna reparación económica de carácter individual”, agregó.
Gamarra solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomiende al Estado peruano la asignación de los recursos económicos necesarios, destinándose las partidas presupuestarias correspondientes, para evitar el cierre del Consejo de Reparaciones, a fin de que no se paralice el proceso de registro de victimas.
También consideró necesario que se legitimen las reformas institucionales recomendadas en el Informe Final de la CVR, garantizándose la constitucionalidad de las medidas y normas referidas a la justicia militar, los regímenes de excepción y la adecuación de la legislación penal nacional a los estándares de protección del derecho internacional.