Los acuerdos concedidos a los cocaleros de Tocache, incluyendo la elaboración de un padrón en el que se incluyan todos los campesinos que siembran coca, violan el artículo 31 del Decreto Ley 22095 que rige la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y que desde 1978 estableció el listado de productores legales de dicha planta.
Lo dijo el analista en temas de seguridad Rubén Vargas Céspedes, quien también afirmó que si se quiere abrir un nuevo padrón, el Congreso debería modificar la ley vigente.
Según el abogado y especialista en narcotráfico, esta ley era la que en años anteriores detuvo todo intento de nuevos empadronamientos, pero ahora el Gobierno no la respetó. “Por tanto, quienes firmaron el acta de Tocache tienen una responsabilidad legal y el ministro y el congresista una responsabilidad también política», afirmó.