El Ministerio de Energía y Minas reglamentó la Ley 29410 que amplia a 30 meses el plazo para que la minera Doe Run Perú cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA, en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, según un decreto supremo publicado hoy en el diario oficial El Peruano.
El reglamento indica que Doe Run contará con un plazo máximo de diez meses improrrogables para la obtención del financiamiento del proyecto “Planta de Acido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre” y para el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
A partir del vencimiento del plazo máximo de diez meses, la empresa cuenta con un plazo máximo de hasta dos meses para la renegociación y removilización de contratistas y doce meses más para la construcción del proyecto.
Vencido el plazo, Doe Run contará con un plazo de hasta seis meses para la puesta en marcha del proyecto ambiental. Se dispone también que los recursos para la ejecución del proyecto serán canalizados exclusivamente a través de un fideicomiso, para lo cual el 100 % de todos los ingresos brutos que obtenga Doe Run como consecuencia de los contratos de venta de metales y operaciones serán canalizados al fideicomiso.
El fideicomiso garantizará en forma permanente los recursos necesarios para solventar por lo menos tres meses de la ejecución de las obras, y además será periódicamente auditado.
Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ejecución del proyecto, Doe Run deberá otorgar garantías reales por un monto equivalente al 100% del presupuesto del proyecto, además deberá mantener las cartas fianzas que se establecieron en cumplimiento del Decreto Supremo 046-2004-EM.
Estas garantías deberán mantenerse vigentes hasta el total e íntegro cumplimiento de las obligaciones de Doe Run con respecto a la construcción y puesta en marcha del proyecto, y luego que se emita la conformidad por la autoridad minera.
El reglamento señala que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se encargará de supervisar la correcta ejecución del proyecto. Además, una empresa auditora independiente verificará periódicamente la situación financiera de la empresa.
Finalmente, el reglamento establece las sanciones por incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas en la Ley 29410 y en su reglamento.