El abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, Carlos Rivera, sostuvo que es una sentencia vergonzosa para el Poder Judicial el dictamen de la Sala Penal Nacional que absuelve a los altos mandos militares del Huallaga implicados en la desaparición forzada de Samuel Ramos Diego, Jesús Liceti Mego y Esaú Cajas Julca, producidas entre mayo y noviembre de 1990 en el cuartel Los Laureles, en la localidad de Tingo María.
En diálogo con el noticiero radial La Voz del Oriente, co producido por INFOREGIÓN y transmitido en Tingo María y Aucayacu, el representante de la parte civil en este proceso consideró que lo más indignante es que los miembros del mencionado tribunal argumentan “que no hay prueba alguna que demuestre que las tres personas están desaparecidas, cuando sí existen pruebas de que desaparecieron”.
Además, indicó que la sentencia también pone en duda que hubiera un desaparecido en el Huallaga y señala que, probablemente, las víctimas se habrían convertido en narcotraficantes, lo cual generó mayor desazón entre los familiares.
Se busca torcer la verdad
Rivera Paz consideró que la sentencia es una clara muestra de los tiempos actuales, en los que el Poder Judicial aparece nuevamente sometido a los poderes político y militar, y pretende “torcer la verdad y desconocer los argumentos que prueban la culpabilidad de los acusados”.
“La sentencia está muy bien trabajada para desconocer todas las pruebas presentadas por los familiares y la fiscalía, ni siquiera se habla del Manual de Guerra Contrasubversiva que enmarcó el accionar de los militares en zonas de emergencia”, lamentó.
Cabe señalar que a la salida del juicio, el propio Rivera anunció que presentará un recurso de nulidad ante la Corte Suprema y otro a la Corte Interamericana con el objetivo de que se inicie un nuevo juicio.
Días antes, el abogado aseguró que los testimonios y documentos presentados durante todo el proceso probaban, como en el caso del ex presidente Alberto Fujimori, que la responsabilidad no es solo de los autores materiales sino que llega hasta los jefes del Frente Huallaga, generales (r) Mario Britto Gomero y Oswaldo Hanke Velasco; así como a miembros de su Estado Mayor, los coroneles (r) Jesús del Carpio Cornejo y Mario Salazar Cabrera; y al jefe del Batallón Contrasubversivo 313 Los Laureles, general (r) Miguel Rojas García.
Según Rivera, las pruebas presentadas en el proceso judicial –que duró 23 meses– han demostrado que los crímenes se cometieron en cumplimiento de órdenes y disposiciones emitidas por el máximo jefe de la zona y formaron parte de un patrón sistemático de desaparición forzada, ya que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, recogió testimonios sobre casi 400 personas desaparecidas en esa zona entre 1990 y 1992.
El tribunal que dictó la cuestionada sentencia es presidido por la jueza superior Mirtha Bendezú.
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