El economista Dennis Pereyra Díaz, precisó que la huelga cocalera llevada a cabo la semana pasada, ocasionó a la provincia de Leoncio Prado pérdidas económicas del orden de los siete y medio millones de nuevos soles en tan solo los tres primeros días de la medida de fuerza.
Pereyra precisó que la huelga ocasionó una pérdida diaria de dos y medio millones de soles al tiempo que quien calificó como graves e irrecuperables las pérdidas para toda la provincia.
El experto se felicitó por la suspensión de la medida y alertó que de haber continuado hubiera sido muy perjudicial para la economía provincial. “Estos tres días de huelga cocalera han traído pérdidas económicas para la banca, el comercio, el turismo, la industria y los servicios, lo que yo calculo en siete millones y medio, sólo en los tres primeros días”, remarcó.
Refirió también que las empresas hoteleras, por ejemplo, continúan sufriendo importantes pérdidas pues pese al fin de semana largo y al aniversario de la ciudad de Tingo María, muchos turistas cancelaron sus viajes por las condiciones de conflicto que vivió la ciudad la semana pasada.
Pereyra precisó que la situación de violencia en la zona tiene más de treinta años, y es ya un problema estructural. “El enemigo principal es el narcotráfico, segundo los rezagos del terrorismo y tercero la pobreza y extrema pobreza en la región Huánuco, sobre todo en el Alto Huallaga”
Pereyra lamentó la sucesión de conflictos en la zona, generados por cocaleros que se dejan llevar por pseudo líderes cuyas intenciones políticas se han dejado notar en la reciente huelga, como el caso del dirigente de la CENACOP, Eduardo Ticerán.
“El se ha lanzado a la piscina buscando protagonismo político y ya tenemos experiencias con anteriores dirigentes, las que ahora están bien, viven muy bien, comen bien, mientras que la pobre gente del campo que las eligió está pasando una serie de cosas” recordó.
Explicó que la búsqueda de la solución debe ser un intercambio de voluntades que deben llegar de ambas partes, en este caso del o de los gobiernos y de los propios productores, que deben manifestar una verdadera voluntad de cambio respecto de sus cultivos ilegales de coca que alimentan directamente al narcotráfico
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