La Defensoría del Pueblo ratificó hoy su total oposición a la próxima reapertura del penal de Challapalca, dispuesta por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), y advirtió que su reapertura violará los derechos humanos de los reclusos que allí sean confinados.
«Los derechos humanos son para todos los peruanos, incluso de quienes están en cárcel», manifestó Eduardo Vega, defensor adjunto para casos de derechos humanos quien junto a la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, mencionó que los derechos afectados serían el derecho a la defensa, a la visita familiar, a la salud de los internos, y a la alimentación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el cierre del penal porque no reunía las condiciones necesarias para la readaptación de los sentenciados, pero recientemente el jefe del Inpe, Benedicto Jiménez, ordenó su reapertura y aseguró que la misma se realizará absolviendo todas las objeciones planteadas por la Corte y otros organismos de derechos humanos.