Las autoridades locales y funcionarios del valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE, deben enterarse bien de la normatividad del delito de la trata de personas para tomar medidas concretas y luchar contra la llamada esclavitud moderna, precisó Alberto Arenas, directivo de Capital Humano y Social, CHS, Alternativo.
“La trata de personas consiste en la violación a los derechos humanos. Es una esclavitud moderna, que tiene diversas finalidades, principalmente de explotación sexual, laboral y venta de niños. Contempla, también, la mendicidad y el tráfico de órganos humanos y las penas para este delito pueden ir desde los 25 años de cárcel como máximo y 10 años como mínimo” recordó el especialista en conversación con Diálogo Ciudadano de Infovrae, producido por INFOREGION.
Alberto Arenas sostuvo que las víctimas son captadas mediante engaños y ofrecimientos de empleos con buenos pagos. “Se aprovechan de la ingenuidad y de la necesidad de trabajo de las adolescentes. Las desplazan hacia otros lugares y finalmente las someten a la explotación sexual o laboral” precisó.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades locales y a los funcionarios de las instituciones para que se informen bien sobre las leyes de explotación para que de modo cumplan con su obligación de enfrentar este delito.
“El desconocimiento de la normatividad de este delito constituye una gran debilidad. Ha costado hacerla y esta penaliza severamente a los que cometen la trata de personas. No se cumple con clausurar los establecimientos donde se realizan estos ilícitos. No es que el funcionario actúe por su buena voluntad y clausure esos establecimientos sino porque la ley así lo dispone” recalcó.
Trabajo coordinado
El experto recomendó una estrecha coordinación entre los alcaldes, la policía y la fiscalía para actuar con un sistema de inteligencia para cerrar estos establecimientos. “Es un delito de crimen organizado que mueve mucho dinero y que requiere de un trabajo conjunto de las autoridades” indicó.
Alberto Arenas señaló que otra forma de prevención de este delito es realizando un control de los desplazamientos de menores de edad con sus DNI, partidas de nacimiento o que tengan permiso para trasladar a los menores, en el caso de que no viajen con sus padres.
Arenas se refirió asimismo a la incidencia de reclutamiento de menores de edad por el grupo terrorista de Sendero Luminoso y por las mafias del narcotráfico.
Precisó que esta modalidad usada por los remanentes senderistas y traficantes tiene fines de explotación laboral y sexual, por lo que demandó a las autoridades se tomen urgentes medidas para rescatar a esta población infantil que se mantiene esclavizada.