El sub gerente de Desarrollo Social del municipio de Ayna – San Francisco, Alfredo Castro, informó que próximamente el Consejo Nacional de Reparaciones entregará a 700 personas los documentos que los acreditan como afectados por la violencia política que asoló brutalmente este distrito del valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE, durante la etapa de 1980 al 2000.
Durante una conversación con periodistas de INFOREGIÓN en el VRAE, el funcionario lamentó, del mismo modo, que muchos afectados de las zonas alejadas del VRAE no hayan podido acogerse a este beneficio, debido a que desconocen los tipos de afectaciones o vulneraciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas, así como los beneficios que podrían recibir del Estado.
En ese sentido, resaltó que se viene trabajando con fuerza en las campañas de sensibilización e información para que el 26 de setiembre, día de la entrega de las acreditaciones, se sobrepasen los 800 beneficiarios.
Asimismo, el sub gerente de Desarrollo Social de Ayna – San Francisco pidió a las personas que cuenten con una acreditación de afectado se acerquen al módulo de atención del Registro Único de Víctimas, RUV, que funciona en el local edil.
Víctimas directas e indirectas
Más adelante, el funcionario recordó que son dos los tipos de afectaciones las que se reconocen en el Consejo Nacional de Reparaciones, la de las víctimas directas y la de las indirectas.
En el primer rubro, se encuentran las personas fallecidas, desaparecidas, torturadas, lesionadas gravemente, junto a aquellas que hayan sido violadas sexualmente. Incluye también la prostitución forzada, el aborto forzado y a los familiares de las personas muertas o desaparecidas.
Entre tanto, como víctimas indirectas se considera a los hijos que han sido producto de una violación sexual, menores de edad forzados a integrar Comités de Autodefensa, personas indebidamente requisitoriadas y otros.
De otro lado, resaltó que se vienen desarrollando talleres de información en las comunidades de Machente, Ccentabamba, San Pedro, Monterrico, Limonchallucc, Naranjal, Palmas, Santa Cruz y San Antonio.
“En estas comunidades se está realizando un registro colectivo de personas que se han visto obligadas o forzadas a escapar o huir de su hogar, o de su lugar de residencia habitual, para evitar los efectos de un conflicto armado o de violaciones de los derechos humanos”, señaló Alfredo Castro.