En el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo al Congreso se propone una severa medida que atenta contra la libertad de expresión, motivo por el cual el Consejo de la Prensa Peruana pide que sea removida el pliego general.
En el punto 3.1.2 inciso C, se propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública para “sancionar a los instigadores del delito de disturbio […], ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia” (sic).
Este punto atenta no sólo contra la libertad de expresión de ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido internacionalmente. La modificatoria también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto.
La propuesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos –incluyendo periodistas– que informen o compartan información sobre protestas. Expertos han señalado que se estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional. Por otro lado, la modificatoria no puede dejar de leerse a la luz de ejemplos recientes: no pocos comunicadores, haciendo uso de su derecho a expresarse, no sólo informaron sobre manifestaciones sino que promovieron una participación pacífica en éstas.
En tal sentido, el Consejo de la Prensa Peruana pide a las autoridades que la propuesta sea removida o rechazada por el Congreso.