En los últimos tres años la minería ilegal irrumpe crecientemente en la provincia de Puerto Inca, según investigación realizada por la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú), que fue presentada junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Tres distritos de Puerto Inca registran presencia de esta actividad ilícita: Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Yuyapichis, según el informe «Minería ilegal en la Amazonía peruana». En estas zonas se expande la extracción de oro aluvial mediante el uso de dragas y equipos artesanales a lo largo del río Pachitea.
Se identificaron 49 puntos de actividad minera en Puerto Inca. De ellos, 22 serían minería ilegal, lo que equivale al 47 %. Esto se identificó tras cruzar la información del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con el monitoreo remoto realizado por ACCA en el 2023.
En Puerto Inca se tienen reportes de actividad minera ilegal desde el 2012. Pese a ello, la zona no ha sido priorizada por la Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Minería Ilegal, por lo que no existe un plan de intervención para enfrentarla. Esta medida es urgente y constituye una de las recomendaciones del mencionado informe.
Entre el 2020 y el 2022, en comunidades nativas de Puerto Inca, cuatro líderes indígenas fueron asesinados por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. Así se reportó en los registros recopilados en este informe.
Por otro lado, a julio del 2023, en esta región existen 1032 mineros en proceso de formalización. De ellos, el 80.2 % está en condición de suspendidos por no haber cumplido con la normativa. Incluso, cuatro de los cinco requisitos para formalizarse muestran un nivel de incumplimiento por encima del 99 %. Por ello, el avance del proceso de formalización es mínimo.
Cifras en la Amazonía
Según el informe, 22 ríos amazónicos son impactados negativamente por la minería ilegal. Entre ellos figuran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo. En el 91 % de los casos se trata de extracción de oro, principalmente minería aluvial en cuerpos de agua para lo cual se utilizan dragas de diversos tamaños.
El informe también documenta las vinculaciones que existen entre la minería ilegal y otros delitos (narcotráfico, la tala ilegal y, sobre todo, crimen organizado). Además, registra la afectación a la salud de las personas por el contacto directo e indirecto con el mercurio y la proliferación de enfermedades transmisibles como el dengue y la malaria.
El especialista técnico de la FCDS-Perú, Martín Arana, explicó que la tendencia creciente de esta actividad ilícita en todas las regiones amazónicas pone en riesgo a las personas, los bosques, la biodiversidad, la paz social y la gobernabilidad. Por ello se requiere una urgente intervención de todas las instancias de Gobierno y de organismos autónomos como el Ministerio Público.
El informe completo sobre el avance e impacto de la minería ilegal e informal en la Amazonía peruana puede revisarlo en: bit.ly/3KFcaLZ