HUÁNUCO. En las calles de Aucayacu, a orillas del río Huallaga, la población realizó este último sábado, una marcha por la paz y una ceremonia en honor a las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (CAI), periodo de violencia que vivió el Perú, entre 1980 y el 2000.
La actividad tuvo lugar en el contexto de los 20 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo día principal fue este lunes 28 de agosto. Asimismo, se desarrolló en conmemoración del Día Internacional de Personas Desaparecidas, fecha que es rememorada cada 30 de agosto.
La marcha por la paz se inició a las tres de la tarde en la plaza de armas de Aucayacu y terminó en las orillas del río Huallaga, donde lanzaron al agua una balsa que llevaba consigo fotografías de desaparecidos, velas, flores y mensajes en honor a los seres queridos que aún están siendo buscados.
Una de las regiones más afectadas durante el CAI
Aucayacu es la capital del distrito José Crespo y Castillo, ubicado en la provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Según el Informe de la CVR, “la zona del alto Huallaga se convirtió, desde mediados de los años ochenta, en uno de los escenarios de mayores enfrentamientos de todo el conflicto interno, por lo que el río Huallaga quedó convertido en la fosa de restos humanos más grande del país”.
Además, Huánuco, y sobre todo la provincia Leoncio Prado, concentra alrededor de la cuarta parte de las víctimas fatales del período final de la violencia. Este documento también describe que en la región nororiental del país, principalmente en la ceja de selva, “el ciclo de violencia se corresponde, en gran medida, con el ciclo de expansión del cultivo de hoja de coca y del narcotráfico”.
En el evento, la coordinadora regional en Huánuco de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Rosalía Storck Salazar, mencionó que se ha documentado la desaparición de más de cuatro mil personas, entre 1980 y 2000, en esta región. Asimismo, señaló que el distrito José Crespo y Castillo tiene el mayor número de estos casos. Muchos restos no podrán ser recuperados porque fueron desaparecidos en las aguas del Huallaga.
No obstante, Storck Salazar también destacó los avances en relación a la recuperación e identificación de cuerpos de las víctimas de estas desapariciones forzadas. En tal sentido, indicó que en los últimos años, se han realizado exhumaciones de restos humanos enterrados en lugares clandestinos, reportan medios locales.
Más de 19 mil personas siguen desaparecidas desde el CAI
A 31 de julio de 2021, se han contabilizado 21 918 personas desaparecidas durante los 20 años de violencia y conflicto interno, de acuerdo al Reporte Estadístico Nº 2 del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
No obstante, la semana pasada, la Defensoría del Pueblo señaló, en la presentación del “Balance del cumplimiento de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, que del total de las 21 918 personas desaparecidas, solo se ha concluido o resuelto la búsqueda de 2718. Esto quiere decir que 19 200 personas continúan sin ser ubicadas.
Dentro de ese contexto, hay 6664 personas desaparecidas, incluso fallecidas, de las que se conoce su identidad y destino. Existe una presunción acerca de dónde podrían haber terminado, pero no hay confirmación legal en cuanto a su paradero exacto o de las fosas donde fueron enterradas. Otro grupo está compuesto por 1412 personas desaparecidas de las que se tiene constancia de su fallecimiento. Sin embargo, los cuerpos “han sido abandonados en el monte o arrojados a los ríos”.
Entre los aun desaparecidos, 7404 fueron detenidos o reclutados forzosamente. De ellos se desconoce el destino y su ubicación. Y, finalmente, hay 3720 sobre las que no se cuenta con información suficiente para su clasificación. La Defensoría del Pueblo destacó en su reciente balance que la búsqueda se realiza a paso lento, debido, sobre todo, a la falta de presupuesto y al compromiso integral del Estado.
