LIMA. El último sábado 22, en el Centro de Lima, se llevó a cabo una nueva manifestación en el marco del reinicio de las protestas contra el Gobierno. Durante la ‘Marcha Nacional’ cientos de personas llegaron hasta la Plaza San Martín. Lugar donde la movilización alcanzó su momento más álgido debido a la brutal represión policial hacia los protestantes. Las mujeres aymara de Puno fueron las más afectadas.
Una de ellas fue empujada desde los escalones de la estatua del libertador José de San Martín y otra denunció tocamientos indebidos por parte de la Policía. Ambas ejercían su derecho a la protesta de manera pacífica junto a otro gran grupo de manifestantes.
Las imágenes se compartieron rápidamente en redes sociales. Estas generaron la indignación de la sociedad civil y, una vez más, el rechazo a las fuerzas del orden, las cuales han sido acusadas de cometer 46 ejecuciones extrajudiciales y dejar un saldo de 912 civiles heridos, desde que comenzaron las manifestaciones el 7 de diciembre, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).
Así se vivió la noche del 22 de julio en la plaza San Martin. A pesar de la represión fuerte los manifestantes lograron ocupar el espacio por unos minutos. Una brigadista y mujeres de la delegación aymara resultaron heridas por la @PoliciaPeru pic.twitter.com/3QOLFt54yg
— sebastian rubio (@sebasrubio) July 23, 2023
Como parte de un nuevo análisis sobre la coyuntura social y política del país, Inforegión conversó con Iris Jave, politóloga e investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien advirtió que “aunque parezca increíble estamos en un momento de los mínimos e indispensables para que se sostenga la democracia”.
“Creo que lo trae este Gobierno es una respuesta autoritaria, pero lo más preocupante es que esa respuesta se va consolidando, y, creo que eso sí es una amenaza y un peligro para la democracia en el país, que ya está bastante resquebrajada por el comportamiento del Ejecutivo y el Legislativo”, opina Jave.
Racismo: la herida colonial
Las fotos y videos sobre la agresión contra las mujeres aymara no se demoraron en llegar a las organizaciones de base puneñas. Esa misma noche anunciaron que enviarían más delegaciones a la capital y tomarían nuevamente contundentes medidas de lucha.
Esto en respaldo a sus hermanos y hermanas puneñas, quienes son mal vistos, al igual que otros ciudadanos de regiones por venir a expresar su sentir en las calles de Lima, ya no solo por la mirada limeña, el Gobierno y los medios de comunicación, sino también por la institución policial.
“Es absolutamente discriminador que se intente proscribir o incluso agredir a las mujeres aymara que protestan. Existen una serie de narrativas de negacionismo, terruqueo y discriminación contra cualquier persona que proteste. Creo que estos discursos se hacen presentes, porque no se comprende al Perú como una nación donde todos compartimos los mismos derechos”, comenta Jave.
Históricamente, el Estado ha discriminado y considerado al ciudadano andino no igual al de la capital. En esa línea, a pesar que dicho problema estructural se ha visto representado en diferentes periodos, los esfuerzos gubernamentales para reducirlos continúan siendo insuficientes.
Pues, el racismo y la subestimación que, a la fecha, atraviesan las personas de origen indígena, rural y pobre en el Perú sigue pasando la misma factura, desde el Conflicto Armado Interno (1980 – 2000). De acuerdo, al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), «debido al racismo y la subestimación como ciudadanos de aquellas personas de origen indígena, rural y pobre, la muerte de miles de quechua hablantes fue inadvertida en la opinión pública nacional».
Hoy, ese mismo análisis parece no haber cambiado, respecto a las muertes de los ciudadanos de regiones, muchos de origen indígena y quechuahablantes, y la falta de un ejercicio de escucha por parte del Gobierno de Boluarte frente sus pedidos de respeto a la dignidad humana al momento de ejercer su derecho a la protesta.
“Este año se cumplen 40 años del Conflicto y 20 de la entrega del Informe y seguimos presenciando las mismas dificultades, las mismas exclusiones y las mismas diferencias. Pero, esos problemas se arrastran desde la colonia. Nos hemos convertido en República, en Estado, pero sin resolver nuestros problemas sociales estructurales y eso nos pasa la factura”, señala la investigadora.
“Estos problemas radican en la enorme discriminación racial y étnica, pero también la enorme exclusión social, económica y cultural, que prevalece y que se reproduce y expresa en los discursos de las autoridades, actores políticos y medios de comunicación. Luego, es replicado por las personas que consumen estos medios y escuchan a esas autoridades, nublando a la sociedad”, añade la especialista en derechos humanos.
Reforma policial: una demanda en el olvido
Volviendo a la coyuntura actual, la reforma policial es una demanda que ha retomado poder entre los ciudadanos que se movilizan. Especialmente luego de las masacres en Juliaca, Ayacucho y Junín. Las regiones donde las fuerzas del orden arremetieron brutalmente contra manifestantes, incluso en personas que no participaban en las acciones colectivas de protesta.
Dentro de este último grupo se encuentran el ciudadano ayacuchano Christopher Ramos (15), quien murió de un disparo en el corazón. También, Ronaldo Barra (22), Jhonatan Tello (17) y Diego Galindo (40). Tres ciudadanos del distrito de Pichanaki, ubicado en la selva central de Junín, que recibieron disparos de proyectil de arma de fuego por la espalda.
El resultado de estas matanzas fuera de Lima causó graves cuestionamientos en contra de la Policía y la pérdida de la confianza por parte de la sociedad civil hacia la institución. “Es lamentable, porque es una de las instituciones que debería estar más cerca de la gente. Se vuelve a hablar de una reforma, sí, pero es una reforma que se ha perdido, que se ha deteriorado. Es un tema que no veo posible ahora, ni por voluntad política del Gobierno ni por la posibilidad de que algún equipo técnico con experiencia y legitimidad se incorpore para hacer esos cambios”, comenta Jave.
Hasta ahora, el Ejecutivo no se ha pronunciado acerca de una posible implementación de mecanismos que puedan contribuir a recuperar la seguridad en la Policía. El cuerpo policial, así como las Fuerzas Armadas, aún son respaldadas de manera firme por el actual régimen. Frente a ello, Jave invocó al Gobierno a escuchar a la representación democrática: a la ciudadanía.
“Hay que buscar espacios de interlocución con la ciudadanía. Hoy día los Gobiernos tienen que ejercer su mandato posibilitando escuchar a sus ciudadanos, sino se deslegitiman. Esos son los gestos que hablan mucho del Gobierno y de sus decisiones políticas, su mirada de cómo gobernar y de cómo entienden la democracia, el diálogo y la participación”, concluyó la politóloga.