LORETO. Hace unas semanas, el Ministerio del Ambiente (Minam) determinó que el Proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que busca modificar nueve artículos de Ley N° 26834 de Áreas Naturales Protegidas, “pondría en riesgo la conservación de los ecosistemas de las ANP”.
En otras palabras, la propuesta normativa, elaborada originalmente por la empresa estatal Perupetro, resultaría inviable puesto que reduce los estándares ambientales para garantizar la protección de estas áreas, las cuales resaltan por su megadiversidad y se superponen a territorios donde hay presencia de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), frente al beneficio del sector hidrocarburos.
En relación a la iniciativa legislativa, recientemente el Minem respondió a este medio que “no se pretenden realizar y/o autorizar actividades de hidrocarburos sobre las zonas de reservas indígenas, que han sido constituidas para la protección de los Piaci”. Además, señaló que respecto al Parque Nacional el Manu, ubicado en Madre de Dios y Cusco, la normativa que busca aprobarse «no establece la autorización a explotar recursos naturales en dicha ANP».
Asimismo, otras áreas que se encontrarían en riesgo son la Reserva Nacional Matsés (Loreto), la Reserva Comunal Purús (Madre de Dios y Ucayali) y el Santuario Nacional Megantoni (Cusco), así como los Parques Nacionales Alto Purús y Sierra del Divisor (ambos entre Ucayali y Loreto).
«Si entran al Manu, lo acaban con eso»
Marc J. Dourojeanni, especialista en temas ambientales y fundador de Pronaturaleza, conversó con Inforegión sobre el proyecto de ley durante el IV Congreso de Emprendedores Amazónicos CEA-2023, evento realizado el pasado jueves 8 y viernes 9 en Iquitos. El profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria alertó sobre dicho PL:
“El riesgo no es que quieran explotar, sino que para hacer eso están proponiendo una rebaja de la seguridad de todas las áreas [naturales] protegidas del Perú. Ese es el verdadero peligro. Están proponiendo que se pueda eliminar o modificar una ANP simplemente por decreto supremo, cuando lo que dice actualmente la legislación es que eso solo se hace por ley. Si entran al Manu, lo acaban con eso”, afirma Dourojeanni.
Por otro lado, en cuanto a los riesgos sobre el respeto y reconocimiento a la existencia y derechos de los pueblos Piaci, el ambientalista señaló que la aprobación de la normativa significaría “condenarlos a su desaparición”.
“Todo el mundo quiere esas tierras, cuando se propone la creación de una reserva indígena nueva siempre salen quienes dicen que con ello ‘el Perú se va atrasar’, ‘que esas áreas no sirven para nada’, cuando no es verdad. Cada área preservada de bosque sirve a todos los peruanos para reducir el cambio climático, mantener el ciclo del agua, entre otras ventajas”, indica.
Cabe recordar que pese a que el PL del Minem y Perupetro tiene la opinión técnica desfavorable del Minam, esta aún debe ser discutida por el Consejo de Ministros.
Cambio climático en medio
En el marco de la emergencia climática, Inforegión consultó a Dourojeanni su opinión acerca del funcionamiento del mecanismo económico basado en la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los Bosques, conocida por sus siglas REDD+, que promueve la venta de créditos de carbono, a través de una gestión sostenible, para mitigar los efectos del cambio climático.
Esto debido a que cada vez existen más empresas en todo el mundo, llamadas también los ‘piratas del carbono’, que vulneran el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas sobre el manejo de sus reservas de carbono.
“Ese encuentro entre quien tiene la plata, quien quiere evitar la contaminación del aire y el que puede hacerlo no funciona bien, porque las comunidades nativas tampoco tienen los recursos para negociar. Entonces, siempre hay un intermediario y ahí viene el problema”, explica.
En ese sentido, el especialista recomendó que el Gobierno debe establecer reglas más claras para desarrollar de manera adecuada y justa los negocios entre las compañías y las comunidades nativas al momento de ofrecerles a estas beneficios económicos por la venta de créditos de carbono, a cambio de desarrollar proyectos en sus territorios ancestrales.
Pues, ya hay casos donde las comunidades indígenas han denunciado irregularidades por no recibir las ganancias a tiempo y otros en los que no acceden a ningún tipo pago.
“El propio Estado no ha establecido pautas claras de cómo se hace un negocio de carbono para que el dinero no se quede en el Gobierno, ni en la empresa, ni en la ONG; sino que el dinero llegue, pues, al campesino o al nativo que está cuidando el bosque. Pero, resulta que nadie les da esa garantía por cuidar esa área de bosque”, finalizó Dourojeanni.