En el límite entre el distrito de Pichari, en la región Cusco, y el distrito de Río Tambo, en Junín, se sitúa la comunidad asháninka Catungo Quimpiri. Lugar donde existe fuerte presencia del narcotráfico, la tala ilegal y la invasión de tierras. Tres economías ilícitas que representan una amenaza directa contra el medio ambiente y entorno social de los ciudadanos que viven en esta parte del país.
Desde 2019, la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización indígena que agrupa a 19 comunidades nativas y 33 anexos de la cuenca del río Ene, viene articulando distintos esfuerzos para garantizar la defensa de los derechos de todos los miembros de esta comunidad nativa, la cual solicita con urgencia al Estado realizar la georreferenciación de su territorio.
¿Qué es la georreferenciación?
En Perú, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por medio de sus respectivas direcciones regionales de agricultura en cada región, es la entidad encargada de llevar a cabo este trabajo, el cual debe realizarse bajo las normas, directivas y lineamientos dispuestos por la Dirección General de Saneamiento de Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr).
En otras palabras, la Digespacr contribuye a facilitar los deslindes y titulación de predios individuales, y de comunidades nativas y campesinas a fin de establecer las reglas para la adecuada administración de los bienes territoriales o llamados también catastros, a través del Sistema Catastral Rural (SCR).
En el contexto de los territorios de comunidades indígenas que ya fueron tituladas, como es el caso de Catungo Quimpiri, la georreferenciación es un paso importante para reafirmar la protección legal de su territorio ancestral, reducir posibles conflictos territoriales y realizar la actualización del plano de propiedad localizado con coordenadas exactas y precisas.
Por tal razón, mediante la georreferenciación, se busca que los grupos ilegales que invaden las tierras de esta comunidad asháninka tengan pleno conocimiento que su accionar constituye un delito. Pues, si bien Catungo Quimpiri cuenta, como se ha mencionado antes, con un título de propiedad, inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), sus tierras son constantemente vulneradas.
Sin embargo, hoy existe el riesgo que la comunidad nativa no obtenga la georreferenciación de su territorio. Esto debido a que los gobiernos regionales que cruzan sus líneas limítrofes, Cusco y Junín, no se ponen de acuerdo para deliberar cuál será la gestión encargada de llevar a cabo el trabajo de demarcación territorial, dilatando el proceso para otorgar seguridad jurídica a Catungo Quimpiri.
Acerca de esta compleja situación, el presidente de la CARE, Ángel Pedro Valerio; la abogada de la organización indígena asháninka, Irupé Cañari; y la lideresa de la comunidad nativa afectada, Clementina Shinquireri Quispe, conversaron con Inforegión.
¿Cómo inicia el problema?
El año pasado, la CARE participó en diferentes reuniones con representantes de la Gerencia Regional de Agricultura del Cusco (Geragri Cusco) y la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ). En una de ellas, la organización indígena asháninka puso sobre la mesa, una vez más, su reclamo de georreferenciar el territorio de Catungo Quimpiri, amenazado por el rápido avance de economías ilícitas en la zona.
Frente al pedido de la CARE, la Geragri Cusco respondió que no contaba con el presupuesto para ejecutar el trabajo. Ante este escenario, el órgano desconcentrado del GORE Cusco propuso una alternativa para conseguir dicho financiamiento.
“La Gerencia Regional de Agricultura del Cusco (Geragri Cusco) dijo que no tenía presupuesto y le daba la facultad a CARE de que busque ese financiamiento para que se otorgue, ya sea a la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ) o la Gerencia Regional de Agricultura del Cusco (Geragri Cusco), a fin de que se haga la georreferenciación, siempre y cuando haya el financiamiento respectivo”, recuerda Irupé Cañari, abogada de la CARE.
Luchas para conseguir recursos
Tras casi un año de búsqueda, a inicios del 2023, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo con el que la CARE tiene un convenio actualmente, asumió el compromiso extraordinario de transferir un presupuesto para que finalmente se realice el trabajo.
Para ello, Devida se reunió en primera instancia con la Gerencia Regional de Agricultura del Cusco (Geragri Cusco) con el propósito de dialogar sobre la ejecución de la georreferenciación, pero Geragri Cusco comunicó al organismo antidrogas que, por decisión unánime, dejaba en manos de la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ) su implementación. Por tal motivo, Devida terminó transfiriendo el fondo asignado a la administración dependiente del GORE Junín.
Según la Digespacr, Catungo Quimpiri por constituirse como una comunidad nativa ubicada territorialmente en dos departamentos, las dos direcciones regionales de agricultura, tanto de Cusco y Junín, son competentes de realizar la georreferenciación desde el punto donde inicia y terminan sus lados limítrofes.
El problema es que, a la fecha, ninguna de las instancias competentes de agricultura de las regiones involucradas ha llegado a un acuerdo para evaluar cuál será la gestión regional que realizará la georreferenciación para asegurar la protección del territorio de la comunidad asháninka.
“Cuando la Digespacr ha hecho la norma se han olvidado de este tipo de casos, porque Catungo [Quimpiri] no es el único, hay muchas comunidades que territorialmente pertenecen a dos regiones», comenta la abogada de CARE.
¿Quiénes se oponen a la georreferenciación?
Durante la realización de esta nota, Inforegión consultó acerca del caso de la comunidad Catungo Quimpiri a Midagri. La cartera de Agricultura respondió que, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa de demarcación, la georreferenciación solo podría ser realizada por el GORE Cusco, a través de su Dirección Regional de Agricultura (DRA), ya que gran parte del territorio asháninka en riesgo (90% aproximadamente, afirma Midagri) se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito cusqueño de Pichari.
No obstante, la jefa de la comunidad Catungo Quimpiri ha señalado a este medio que el GORE Cusco no ha mostrado una buena disposición a la hora de atender sus demandas. Una prueba de ello es que Hernán Palacios Tinoco, alcalde del distrito de Pichari, se ha opuesto públicamente a la ejecución de la georreferenciación por parte de la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ), gestión que ya cuenta con el financiamiento de Devida para ejecutar el trabajo.
Además, la posición de Palacios ha sido respaldada por otra autoridad provincial de Cusco, el burgomaestre de La Convención, Alex Curi Leon, quien declaró sobre el tema a fines de marzo, durante una entrevista con el medio radial Tropikana 102.5 FM centro Vraem, en compañía de los regidores municipales provinciales Jaime Navarro, Saul Godoy y Percy Perales.
“No pueden hacer ningún trabajo técnico de georreferenciación cualquiera sea el objetivo y lamento decir que Devida ha financiado este trabajo. Contundente mi posición, primero, para defender nuestro territorio, nuestra soberanía y exigir al Gobierno nacional, porque esto es un tema de competencia de la Secretaría de Demarcación Territorial”, manifestó Curi.
GORE Cusco no atiende demandas de la CARE
Sobre las declaraciones emitidas por el alcalde de la provincia cusqueña de La Convención, la abogada de la CARE, Irupé Cañari, advierte que «se está politizando la georreferenciación de Catungo [Quimpiri], confundiendo el conflicto limítrofe, entre Junín y Cusco, con georreferenciación, perjudicando a la comunidad [nativa], que nada tiene que ver con el conflicto entre ambas regiones”, explica.
Por su lado, Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad Catungo Quimpiri, manifestó su preocupación y descontento frente a la posición de las autoridades cusqueñas que rechazan poner en marcha la georreferenciación, a cargo de la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ), especialmente la gestión distrital de Pichari.
«Las invasiones no se van a detener si no hacemos la georreferenciación. En mi posición, yo le dije al señor [Hernán] Palacios [alcalde distrital de Pichari] ‘nosotros le hemos pedido varias veces que nos apoye, pero no hay resultado’. Nosotros, como organización, hemos tenido que ir a buscar presupuesto a otras instituciones, pero tienen que trabajar los dos juntos [GORE Junín y Cusco]», afirma Shinquireri.
En esa línea, el presidente de la CARE, Ángel Pedro Valerio, también lamentó lo dicho por el alcalde provincial de La Convención. “Nos hemos reunido en Catungo Quimpiri con la presencia del alcalde provincial de La Convención, pero ha rechazado la actividad de georreferenciación por parte de la región Junín y se ha quedado paralizado este tema. Lastimosamente, Pichari también se ha levantado en contra, aduciendo que la región Junín quiere invadir su territorio. Nosotros hemos decidido estratégicamente que el trabajo lo haga [la DRA de] Junín por una cuestión de viabilidad y disposición”.
Una sombra negra de antecedentes
Desde hace varios años, la lideresa de la comunidad Catungo Quimpiri, se encuentra amenazada de muerte por los grupos ilegales dedicados a la invasión de tierras, la tala ilegal y el narcotráfico. De hecho, hasta el momento, Clementina Shinquireri Quispe no ha tenido acceso a ninguna medida preventiva. Esto pese haber solicitado, en octubre de 2021, protección al Estado mediante del Mecanismo Intersectorial del Ministerio de Justicia, cuyo objetivo principal es proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos.
“En la actualidad, la jefa está siendo amenazada y hemos pedido la intervención del Ministerio de Justicia para que pueda estar inscrita en el Registro de Personas de Alto Riesgo. Ya hemos interpuesto muchas veces diversas denuncias ante el FEMA [La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – FEMA]. La comunidad tiene serios problemas en cuanto a invasiones de colonos cocaleros dentro de su territorio y la mayoría de ellos son migrantes. Hay una deforestación masiva del bosque para realizar el cultivo ilícito de hoja de coca, incluso, se ha encontrado ya pozos de maceración en la zona», advirtió Irupé Cañari, abogada de la CARE.
Pero, la realidad es aún más compleja. De 2017 en adelante, la comunidad Catungo Quimpiri no ha parado de interponer denuncias por delitos ambientales ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – FEMA, del distrito de Ayna San Francisco, en Ayacucho. Hasta ahora, existen 12 denuncias.
Como respuesta a ello, los grupos ilegales han denunciado a miembros del comité de autodefensa de la comunidad asháninka, quienes como parte de sus actividades de patrullaje y vigilancia, han incautado en más de una oportunidad objetos que utilizan para deforestar sus bosques.
“Catungo Quimpiri ha hecho la incautación de motosierras y diversas herramientas que le sirven a los colonos para la tala ilegal, pero incluso las personas que han hecho el patrullaje han sido denunciadas por hurto”, señaló Irupé Cañari.
Futuro de incertidumbres
En medio de ese camino y el abandono del Estado, la autogestión de la CARE ha sido fundamental para salvaguardar la vida de la comunidad Catungo Quimpiri hasta ahora. No obstante, Ángel Pedro Valerio, presidente de la organización indígena asháninka, resalta que es necesario contar con recursos para fortalecer aún más este frente. “Si bien existen nuestros comités de autodefensa, estos no están equipados y no tienen preparación en el tema de estrategias de poder enfrentar este tipo de problemas», recalca el presidente de CARE.
Hasta el cierre de esta edición, Inforegión solicitó pedidos de entrevista al alcalde del distrito de Pichari, Hernán Palacios Tinoco y el alcalde de la provincia de La Convención, Alex Curi Leon. También, se realizaron consultas a la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM para conocer su versión oficial acerca de la situación actual que atraviesa la comunidad asháninka. Sin embargo, no se obtuvieron respuestas.