LIMA. Ayer, en la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), se realizó la ceremonia anual de Conmemoración del Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria, establecido mediante la Ley N° 31048, que tiene como finalidad “visibilizar, reconocer, valorar y promover la participación efectiva y el aporte de la mujer indígena u originaria en el desarrollo social, económico, político y cultural del Perú”.
La iniciativa legislativa, aprobada con el respaldo de 121 congresistas en setiembre de 2020, fue sustentada en aquel entonces por la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, la excongresista Carolina Lizárraga Houghton, quien destacó su promulgación por contribuir en la visibilización de los diferentes problemas que aquejan a las mujeres indígenas y limitan su participación en el proceso de toma de decisiones, dentro de sus respectivas comunidades, distritos, provincias y regiones del país.
Sin embargo, organizaciones de mujeres indígenas, tales como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), han expresado su rechazo ante dicho reconocimiento debido a que aún no cuentan con garantías para el pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. Una situación que se ha evidenciado a lo largo de los gobiernos de la República y ahora con el mandato de Dina Boluarte, cuya legalidad y legitimidad desconocen.
El 05/09 @congresoperu declaró el 18/05 como #DíaNacionalDelaMujerIndígena 𝗡𝗼𝘀 𝗳𝗼𝗹𝗰𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘃𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗮, 𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲𝗻 𝘃𝘂𝗹𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝘃𝗲𝘇 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 /3
— ONAMIAP #DinaRENUNCIA (@onamiap) May 18, 2023
Ketty Marcelo López, ciudadana de origen asháninka, presidenta de Onamiap y dirigente de la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Asháninkas de la Selva Central (Omiaasec), conversó con Inforegión acerca de este tema y criticó el dictamen, exonerado del trámite de segunda votación por parte del Parlamento y también de sus voces.
“Para nosotras, las mujeres indígenas, es una falta de respeto que nos involucren en iniciativas, en primer lugar, sin consultarnos. Cualquier medida administrativa o legislativa que involucre a pueblos y mujeres indígenas tiene que ser consultada”, señaló Marcelo López.
Recientemente, el informe final presentado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) constató que habrían ocurrido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, hacia manifestantes que salieron a las calles a alzar su voz contra el Gobierno de Dina Boluarte, entre ellos, ciudadanos de distintos pueblos indígenas de las regiones rurales del sur del Perú.
Sobre estos hallazgos, la presidenta de Onamiap comentó que no ve a futuro alentador en avances por parte del Estado para preservar y dar continuidad a la vida de los pueblos y mujeres indígenas, así como su búsqueda de justicia y reparación frente a sus demandas.
“En los últimos años y meses, lamentablemente hemos visto con mucha preocupación que los derechos de los pueblos y mujeres indígenas están yendo en retroceso. Para nosotras, lo que está sucediendo en el Perú no es un estallido social más. No pedimos el retorno de la democracia, porque antes del 7 de diciembre, del intento de cierre del Congreso por el profesor Pedro Castillo, ya veníamos sufriendo todas las desigualdades estructurales, no es que esto recién empieza. Nuestras luchas vienen desde hace 500 años y vemos que cada vez es peor”, dijo.
En ese sentido, Marcelo López manifestó su inquietud en relación a la lejana posibilidad de alcanzar verdaderos cambios estructurales en el Estado que garanticen la participación efectiva de los pueblos indígenas en todos los procesos y la atención a sus reclamos, sobre todo, con la elección de José Gutiérrez, excongresista y antiguo abogado de Vladimir Cerrón, como nuevo defensor del pueblo, opina la presidenta de Onamiap.
“No vemos mejoría y menos aún ahora con la elección del nuevo defensor del pueblo, que será de los intereses de los rufianes que hoy gobiernan el país, tanto Legislativo y Ejecutivo. Tampoco veo congresistas que legislen a favor de los pueblos, solo a favor de sus propios intereses, no tenemos representación. Esto no es una crisis, es un síntoma de que nuestro país ya no soporta más este modelo político y económico que hoy nos gobierna”, recalcó.
Siguiendo esa línea, la dirigente asháninka habló también acerca de la compleja situación que atraviesan los defensores de derechos humanos y ambientales en el país, cuya situación de vulnerabilidad se agudiza cada vez más por los grupos dedicados a las economías ilegales y las autoridades al momento de establecer medidas eficientes para asegurar su protección. Pues, desde 2020, se han reportado más de 20 líderes indígenas asesinados en el Perú.
“En el marco de esta ‘democracia republicana’, nos preparamos para defendernos de los narcotraficantes, para defendernos de los invasores de nuestros territorios, pero no nos habíamos preparado para la defensa de la violencia del propio Estado y los gobiernos, sin embargo, eso es lo que estamos percibiendo a partir de las 60 muertes. No hay ni un ápice de por lo menos pedir perdón, solo bonos para comprar la dignidad y eso es muy indignante”, expresó.
Finalmente, la principal representante de Onamiap, manifestó su respaldo a las organizaciones de la Macro Sur, quienes han informado que, a partir del próximo mes, se acatará un nuevo paro regional para continuar exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
“Que en este tiempo haya estado un poco paralizado, no es que el pueblo se haya olvidado, estamos en época de repliegue, pero la resistencia continúa, la cual hemos heredado de nuestros ancestros, entonces como organización, respaldamos la lucha de nuestros hermanos”, concluyó.
Los comentarios están cerrados.