El Congreso de la República nuevamente da un paso en contra del trabajo periodístico nacional. Esto debido a que aprobó, en primera votación, el incremento del marco de pena del delito de difamación cometido a través de medios de comunicación, que ahora será entre dos a cuatro años.
En ese sentido, el Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad de Radio y Televisión, y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se manifestaron en contra de esta decisión del Legislativo al remarcar las consecuencias negativas que supondrá en el ejercicio periodístico de nuestro país.
El Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad de Radio y Televisión consideraron que la decisión del Legislativo va “a contrapelo de la tendencia internacional que recomienda despenalizar este tipo de denuncias”, pues en este caso se “optó por endurecer las sanciones para casos de difamación”.
Por lo señalado, ambas entidades alertaron que “este tipo de iniciativas pueden facilitar la impunidad de las autoridades y funcionarios públicos, cuyas acciones deben estar abiertas al escrutinio ciudadano”.
Finalmente, exigieron que el Ejecutivo observe dicha disposición “en caso que el Congreso en segunda votación ratifique el dictamen”. Todo esto para garantizar el “respeto al libre ejercicio del periodismo en el país”.
Por su parte, el IPYS precisó que “rechaza el resultado de la votación en el Congreso por tratarse de un proyecto ley peligroso que afecta directamente la libertad de prensa. Considera además que su aprobación forma parte de una tendencia orientada a perjudicar la labor fiscalizadora de la prensa por parte de políticos que se incomodan con ella”.
Añade que la iniciativa parlamentaria se da “sin expresar ninguna justificación y con la opinión en contra del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo”. La entidad recuerda, además, que el dictamen del Legislativo modifica los códigos Penal y Civil.
“Se trata claramente de un amedrentamiento a la prensa que ha denunciado una serie de irregularidades cometidas por políticos representados en el Congreso y por los propios congresistas. La más reciente, el recorte obligatorio del sueldo de trabajadores del Congreso por parte de congresistas”, dijo Roberto Pereira, asesor jurídico del IPYS.