LIMA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles el informe final que analiza la situación de los derechos humanos en Perú, en el contexto de las protestas sociales que se registraron, entre el 7 diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año, contra el Gobierno de Dina Boluarte, y que, según los reportes de Defensoría del Pueblo, 56 personas perdieron la vida, entre ellas ocho adolescentes, un agente policial y seis militares.
Durante la lectura del informe, la CIDH indicó, a través de su presidenta Margarette May Macaulay, que «la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas del Estado no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios del uso excesivo de la fuerza«. En el caso de Ayacucho, «las muertes podrían ser consideradas como ejecuciones extrajudiciales, habiendo sido perpetradas por agentes del Estado. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida; dadas las circunstancias, podrían calificarse como una masacre».
Al respecto, en comunicación con Inforegión, el abogado en Derechos Humanos y coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruíz, explicó que el informe de la CIDH que no es vinculante, es decir, «no es una decisión de un juez», sin embargo, se trata de un «documento elaborado por un órgano que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos» y, por tanto, «tiene mucha fuerza por el lado argumentativo y mucho más peso que otros informes que ayudan a documentar, como el de Human Rights Watch (HRW), una oenegé internacional muy respetada».
«El informe tiene, también, una fuerza política. Es un respaldo al trabajo que está haciendo el sistema de justicia peruano, a los jueces, a los procuradores, a los fiscales que vienen investigando los casos, pero también es una llamada de atención ante la demora en las investigaciones», sostuvo el experto, quien añadió que ejecutar las recomendaciones de la CIDH significa que Perú «es un país serio que cumple con sus obligaciones internacionales»; caso contrario, la imagen del país se vería afectada.
Violaciones de los derechos humanos e infiltrados terna
El documento, que recoge información de fuentes oficiales aportadas por el Estado, así como los testimonios brindados por los familiares de las víctimas y heridos; destaca que las necropsias realizadas, tras los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, durante el intento de toma del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, en Ayacucho, indican que «todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos a tórax, abdomen y cabeza«.
De acuerdo con la información recopilada por la CIDH, «hubo disparos por parte del Ejército a las afueras del aeropuerto, ya no en un operativo de defensa, sino […] en las inmediaciones del cementerio que impactaron a transeúntes, adolescentes, así como a personas que huían de los enfrentamientos o que auxiliaban a heridos».
En el caso de Juliaca, en Puno, la Comisión observó que «en esa ciudad hubo situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por agentes estatales». Algunos testimonios, incluso, denunciaron «la participación de agentes policiales, vestidos de civil y sin identificación […], a los que señalaron cómo pertenecientes del llamado ‘Grupo Terna’«.
El adolescente E.Z.L.H, de 16 años, según los testimonios, «murió como consecuencia de un impacto de proyectil de arma de fuego (PAF) en la espalda disparado por una persona vestida de civil, presuntamente integrante del grupo terna, infiltrado en las movilizaciones«, se lee en el documento de la CIDH.
La información recibida desde Lima, Ica, Arequipa, Apurímac y Cusco va en esa misma línea y “se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.
La CIDH verificó, además, el deterioro del debate público «con una fuerte estigmatización debido a factores étnico-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como ‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’, ‘cholos’ o ‘indios'». Estos mensajes, según la Comisión, «contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población».
Frente a todo ello, el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha dado 36 recomendaciones, entre ellas, que «las graves violaciones de derechos humanos informadas en este reporte deben ser investigadas de manera diligente por fiscales especializados en derechos humanos”, “con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial».
Rechazo por parte del gobierno
Horas más tarde, durante una conferencia de prensa tras una nueva reunión del Consejo de Ministros, la presidenta Dina Boluarte afirmó que el estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y rechazó la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, “aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos”, en el marco de las protestas.
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