El jueves 23 de marzo, el Congreso de la República prorrogó el debate sobre la reforma a la Ley General de Pesca, la cual busca proteger debidamente la labor de los pescadores artesanales de las primeras cinco millas marinas. Una de las zonas pesqueras de mayor productividad del planeta, debido a que más del 80% de los pescados que consumimos proviene de este territorio y brinda trabajo a más de 80 mil pescadores artesanales de Chimbote, Arequipa, Tacna, Ilo, Ancón, Pucusana, entre otras regiones pesqueras.
La semana siguiente, el Legislativo nuevamente puso en agenda el tema, siendo el miércoles 29 de marzo la fecha en la que se aprobó en primera votación, con 77 votos, el dictamen que agrupa a seis proyectos de ley de las bancadas Avanza País, Alianza por el Progreso, Somos Perú y Fuerza Popular, que tienen como objetivo actualizar seis puntos de esta norma con más de 30 años de vigencia, desde su aprobación en 1992.
Hoy en día, esta ley considera la pesca tradicional ancestral aquella que se realiza con el uso de embarcaciones, como caballitos de totora, balsas, canoas, veleros artesanales, entre otras reconocidas por el Ministerio de Cultura (Mincul). Y por otro lado, a la pesca artesanal de «menor escala» aquella que emplea embarcaciones que utilizan equipos y sistemas mecanizados para la pesca.
En ese sentido, con el propósito de asegurar sus recursos, a través de la aprobación del dictamen, se propone restringir la pesca de mayor escala dentro de las cinco millas, área en la que trabajan los pescadores tradicionales, ancestrales y artesanales. Esto con el fin de reducir el ingreso de grandes embarcaciones o de tipo industrial que podrían llevarse en sus redes los productos que son pescados por este grupo y garantizan la alimentación de millones de peruanos.
Acerca de este tema, Inforegión conversó con dos pescadores artesanales para conocer su posición sobre la situación que actualmente afecta a miles de familias dedicadas por décadas a la pesca. Por un lado, Juan Moina, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Tacna sostuvo que es necesario que se establezca una clasificación clara entre las embarcaciones que pueden estar o no dentro de las cinco millas.
“Hace años se está depredando nuestros recursos sin que el Estado haga nada, quien es dueño de todos nuestros mares es la Sociedad Nacional de Pesquería. Las grandes embarcaciones quieren pescar dentro de las cinco millas, donde se generan los grandes procesos reproductivos de todas las especies y están arrasando con todo y eso no es justo. Las grandes industrias pesqueras se nos han puesto encima y ese es el motivo por el cual buscamos que se actualice la nueva ley, y siempre lo hemos manifestado, pero no hemos tenido el eco suficiente”, afirmó.
“Nosotros no estamos en contra de ellos, lo único que buscamos es que pesquen fuera de las cinco millas y se determine una cuota razonable que puedan sacar las industriales cuando pesquen, porque están malogrando todo el ecosistema marino. Por eso tiene que haber una reclasificación del sector pesquero”, agregó Moina.
Por otro lado, en la propuesta del dictamen también se ha planteado crear un registro de pescadores tradicionales ancestrales y pescadores artesanales para mejorar su calidad de vida en acceso a los servicios públicos, educación, capacitación, entre otros beneficios. También, se busca promover el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros para prevenir su sobreexplotación y, al mismo tiempo, su recuperación.
Sobre este último punto, Luis Alberto Garrido, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Rederos de Ancón, advierte que las embarcaciones grandes, dotadas con una gran tecnología y capacidad de almacenamiento de bodega, estarían causando la afectación directa del ecosistema marino y la cadena alimenticia de los peces, lo que equivale a la desaparición de especies concretas, tales como, la sardina.
En relación a ello, la nueva normativa ordena que el Ministerio de la Producción (Produce) efectúe un descuento máximo del 40% a las multas impuestas por infracciones en las actividades pesqueras y acuícolas. Pues, la idea es reducir el riesgo de posibles “paquetazos pesqueros” que puedan beneficiar al infractor y no contribuir con el cumplimiento de la ley.
“Al final de cuentas atentan contra el mismo ecosistema, porque al no dejar reproducirse a las especies hidrobiológicas; es decir, las algas, los mariscos, el plancton, microplancton, y toda la cadena alimenticia de los mismos peces para que puedan desarrollarse, ¿cómo aseguramos la vida? Una especie básica que ha desaparecido del mapa es la sardina”, expresó con preocupación el dirigente pescador de Ancón.
“Nosotros buscamos un solo objetivo: preservar y garantizar la sostenibilidad de la pesca a futuro. Con esto, queremos decir que de nosotros depende la alimentación del pueblo, y esa actividad no la estamos haciendo desde ahora; es un trabajo ancestral, que lo hicieron desde la época del preincanato. Cuando esas embarcaciones efectúan la pesca dentro de las cinco millas barren con todo, entonces, ¿cómo quedamos nosotros, nuestras familias ante ese abuso?”, manifesta Garrido.
No obstante, si bien el dictamen significa un progreso sobre la mejora de las condiciones de competencias de mercado entre la pesca de menor escala frente a la de mayor escala, los representantes dentro de este último grupo han mostrado una posición en contra de su aprobación.
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) publicó un comunicado, donde ha solicitado al Parlamento revaluar la propuesta de la actualización de la ley, que pasará por una segunda votación programada para los próximos días y determinará oficialmente su aprobación.
En ese sentido, la organización gremial, que reúne a empresas de extracción de recursos pesqueros, entre otros, considera que la propuesta normativa no aborda el control de cientos de embarcaciones de menor escala, las cuales aseguran realizan sus actividades extractivas sin ninguna fiscalización y atentan contra la sostenibilidad de los recursos dentro de las cinco millas marítimas.
Aníbal Aliaga, exmiembro de la SNP e investigador en temas de gestión pesquera, señala que la mejora de esta normativa debería apuntar principalmente a una reclasificación de la flota artesanal, ya que ante la ausencia de instrumentos legales de control, no se respetan las cuotas de captura de especies y al mismo tiempo la actividad de pesca ilegal continúa incrementándose.
“El objetivo de esta ley es cuidar esa primera milla y para lograrlo un trabajo pendiente es la reclasificación de la flota artesanal, porque existe un grupo de pescadores que se hacen llamar ‘artesanales’ que también hacen actividades de arrastre. Con esta clasificación, sabríamos quiénes serían las personas que pescarían en esa primera milla, y en ese sentido, las embarcaciones industriales no podrían entrar en ninguna parte de las cinco millas”, considera.
Por esta razón, Aliga alerta que la afectación contra los pescadores artesanales legales y comunidades costeras es directa, debido a que mientras se agotan sus recursos, aumenta la competencia es desleal y como resultado se producen impactos negativos en su economía. Esto se traduce en un alto riesgo para garantizar la seguridad alimentaria y la vida de los pescadores de menor escala.
“En el tema artesanal, el control se le ha escapado completamente al Estado, con el tiempo se ha generado una pesquería ilegal dentro de las cinco millas, muchas de las embarcaciones están clasificadas como artesanal, cuando realidad no lo son, porque sus embarcaciones tiene una capacidad de pesca muy alta, lo que finalmente perjudica a los pescadores que realmente sí son artesanales. Entonces, se tiene que hacer esa reclasificación y delimitar las zonas exclusivas donde pueden pescar”, explica.
Durante la realización de este informe, Inforegión realizó pedidos de entrevista a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), pero no se obtuvieron respuestas.
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