LORETO. Jhony Huaymacari, presidente de la Federación de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Alto Nanay (Conaccunay) alerta que el Estado continúa sin otorgar beneficios por la labor de vigilancia en la zona amenazada por la economía ilícita.
Asimismo, señala que pese a la presencia de la Marina de Guerra y el Ejército del Perú en el puerto de vigilancia de Alto Nanay, las dragas de minería ilegal siguen apareciendo. Solo durante el 2022 llegaron a presenciar 80 dragas en esta cuenca.
“Desde el año pasado fuimos contundentes para ver que el gobierno regional nos atienda, pero no hay operativos grandes, tenemos (incautado) petróleo y materiales que se usan para dragas, y que involucra minería ilegal, pero al final el Estado no nos recompensa (por esa labor de vigilar). Y nuestras familias están de miedo por las constantes llamadas anónimas, porque nos dicen que nos harán explotar, pero eso no hace que bajemos la guardia”, afirmó el dirigente para la plataforma informativa Vigilante Amazónico.
Huaymacari, quien también ocupó el cargo de presidente de la comunidad Santa María, menciona que según la Fiscalía Ambiental de Loreto, la Marina de Guerra ha reducido solo entre 12 y 15 dragas. Además, advierte que los grupos de mineros ilegales han identificado las fechas de los operativos, siendo esta una estrategia para esconder sus dragas, y así evitar sean incautadas.
En ese sentido, pese a que la población y las autoridades han exigido la presencia de las autoridades y la atención inmediata de la cuenca del Nanay y otras cercanas, además de un plan de intervención pública para que se promuevan otras actividades alternativas y se deje de lado la minería ilegal, a la fecha no han tenido respuestas.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo remarcó la necesidad de establecer canales de comunicación transparentes y eficientes para escuchar a las autoridades comunales, representantes de las organizaciones civiles y de los gobiernos locales de las zonas afectadas.
Pues, desde hace varios años, la población indígena y local viene sufriendo las consecuencias de esta práctica ilegal, que inclusive, pone en riesgo su vida, al haber sido amenazados de muerte por denunciar la contaminación de minería ilegal.
Entre ellos, se encuentran el dirigente Jhony Huaymacari, el sargento Nicolás Pérez, el subprefecto de Alto Nanay, Armando Ayambo, y el teniente gobernador de la comunidad de Santa María y su hija.
De las 33 comunidades adjuntas a la Federación de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Alto Nanay (Conaccunay), las más afectadas por la minería ilegal son las de Alto Nanay, en especial los centros poblados San Juan de Ungurahual, Alvarenga y Puca Urco.
Sobre las afectaciones en términos de salud pública, la Dirección Regional de Salud Loreto – DIRESA Loreto, la microrred de Iquitos Norte y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES han detectado presencia de metales pesados, por encima de los niveles permitidos, en los peces de la zona, y se espera que se realicen exámenes de sangre a los ciudadanos expuestos a este tipo de contaminación, para determinar niveles altos de ciertos metales en su organismo.
Nota publicada originalmente en Vigilante Amazónico.