“Este congresista no está con el pueblo, él está con los empresarios, que siempre han destrozado la Amazonía”, manifiesta el Apu Miguel Manihuari Tamani, dirigente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) sobre el Proyecto de Ley 03518-2022-CR.
Dicha iniciativa legislativa, presentada por el congresista Jorge Alberto Morante Figari, busca otorgar a los gobiernos regionales facultades para aprobar el reconocimiento de reservas indígenas de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci). Sin embargo, pese a que se trata de una competencia exclusiva del Ministerio de Cultura (Mincul), Morante Figari plantea recortar la facultad de dicha entidad competente en la protección de estos dos grupos poblacionales y dar independencia a los gobiernos regionales, con el propósito de tomar decisiones frente a su existencia.
Una de estas reservas es el Corredor Territorial Yavarí Tapiche, ubicado en la zona fronteriza entre Perú y Brasil, exactamente entre los departamentos de Loreto y Ucayali, y los estados brasileños de Acre y Amazonas, donde según información brindada por Orpio a Inforegión, actualmente se registra un aproximado de 7 mil habitantes en el área de más de 16 millones de hectáreas de bosque.
Sin embargo, actualmente se encuentra en peligro la iniciativa liderada por Orpio, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), y la União dos povos indígenas do Vale do Javari (Univaja), con el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
¿Qué dicen los especialistas en la materia?
Un análisis constitucional, elaborado por elaborado por Orpio, con el respaldo de Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que la propuesta del parlamentario fujimorista califica como una amenaza de violación de los derechos a la vida y subsistencia de estas comunidades nativas. Esto debido a que se pondría en peligro cualquier trámite vigente para proteger a los Piaci y permitiría el ingreso de terceros a sus territorios, los cuales buscan expandir la actividad extractiva. Entre ellos, se encuentran los concesionarios forestales, afirma Manihuari Tamani.
“Las concesiones forestales traen una gran amenaza para las comunidades que no están tituladas, no permiten que los hermanos indígenas puedan entrar a sus territorios para sacar madera para sus casas, para la pesca, para la recolección de sus recursos naturales. Nosotros, como pueblos indígenas, no somos guardianes, es legalmente nuestra área en la tierra. En la historia de la vida republicana, en la vida colonial y hasta nuestra vida, nunca hemos visto un indígena bien parado con mucho dinero, pero sí vemos a los que viven en las ciudades que están bien parados, porque ellos han devastado a la Amazonía”, expresa el representante de la organización indígena.
Reservas Indígenas: un reto histórico
Hoy en día, en Perú existen siete reservas en beneficio de los Piaci, las cuales se crearon entre los años 1990 y 2021, en el marco de la Ley N.° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva.
Por ejemplo, en el caso de la Reseva Indígena Yavarí Tapiche, si bien se trata de una iniciativa impulsada por las organizaciones indígenas que cuenta con un plan de protección, comité de gestión y dos puestos de control de vigilancia para cuidarlo, existen áreas dentro de la reserva indígena que no poseen reconocimiento legal. Por lo tanto, las comunidades nativas que viven a su alrededor se encuentran bajo constante amenaza por las diversas actividades de explotación, como las plantas petroleras y economías ilícitas.
En ese sentido, Tulio Toche, comunicador social de ORPIO, explica lo que significaría que el Gobierno apoye el reconocimiento de la iniciativa del Corredor.
“Si bien las reservas indígenas es donde viven los Piaci, estos también se desplazan por fuera de la reserva, porque ellos no conocen de límites de fronteras, entonces, reconociendo esta realidad Orpio exige un territorio integral para que los Piaci estén protegidos en todo lugar, incluso en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Parques Nacionales. Frente a eso, la organización solicita un gran territorio para que estos pueblos indígenas lo puedan gestionar y administrar según sus costumbres, creencias, decisiones y los términos que ellos decidan. Esa es la idea del Corredor”, señala.
Sin embargo, existen vacíos legales que permitirían el fortalecimiento de los intereses comerciales y económicos, defendidos por Jorge Alberto Morante Figari, sin tomar en cuenta los derechos y la existencia de los pueblos Piaci.
“Pero, la reserva es otra realidad, porque es la figura legislativa que actualmente existe y es la que Jorge Morante quiere destruir. La modificación que propone está pensada para no crear reservas, y de hecho, no solo quiere eliminar las actuales, sino que quiere suspender el reconocimiento de su existencia y de sus territorios. Por eso, es que decimos que es una ley de genocidio que busca extinguir a esos pueblos, y lo que prevalece es el criterio económico para explotar recursos como el petróleo o la madera, que finalmente no han traído beneficios para las comunidades, pero aún así les echan la culpa por no permitir ‘el desarrollo”, advierte el Apu Miguel Manihuari Tamani
En otras palabras, la reserva indígena es la categoría legal para delimitar las áreas habitadas por los Piaci. No obstante, Beatriz Huertas, antropóloga y consultora en Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial indica que el problema de esta categoría, es la exclusión de otros territorios que de igual manera son transitados por estas comunidades nativas, lo que significa dejarlas sin ningún tipo de protección.
“Los pueblos en aislamiento no solo habitan reservas indígenas, también habitan áreas como parques nacionales, bosques de producción permanente; donde se han otorgado concesiones, territorios con comunidades indígenas en contacto con la sociedad, e incluso otros países, como Brasil. Son territorios habitados de manera continua y el Corredor Territorial Yavarí Tapiche abarca este tipo de áreas. Entonces, lo que plantea ORPIO es que el Estado garantice la protección de estos pueblos sin importar la categoría de territorio que ellos habitan, y la vez se contribuya al bienestar de los pueblos indígenas vecinos a ellos, ya en contacto con la sociedad, quienes también se enfrentan a madereros, cocaleros, colonos, etc”, indica.
“Los pueblos en aislamiento dependen exclusivamente de los recursos de sus territorios para vivir y cualquier alteración sobre estos afectan considerablemente sus vidas y subsistencia, por eso es que son considerados los más vulnerables del planeta”, agrega la especialista.
En el país, los proyectos de creación de reservas indígenas, donde habitan los Piaci, se han enfrentado a una serie de obstáculos para aprobarse que ha negado y rechazado, más de una vez, el reconocimiento de estos pueblos indígenas, autorizando la invasión a sus territorios. En ese sentido, el caso del Corredor Yavarí Tapiche no es aislado, puesto que a lo largo de la historia las actividades extractivas legales e ilícitas han dilatando los procesos de protección de otras reservas, como por ejemplo la de Kakataibo Norte y Sur, la cual fue solicitada en el año 1993 y recién fue creada el año pasado.
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