LIMA. Hace unas semanas se publicó el libro Las economías criminales y su impacto en el Perú ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo?, escrito por Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera; editado por CHS Alternativo, con el apoyo de Usaid Perú y la fundación Konrad Adenauer Stiftung. «La trata de personas es la versión moderna de la esclavitud”, afirmó el director ejecutivo de CHS Alternativo y exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien conversó con Inforegión sobre las dificultades que afronta el Estado peruano para erradicar este delito.
En esta publicación se comenta que, en estos últimos 20 años, prácticamente todos los países de América han desarrollado algún tipo de norma para sancionar este crimen, pues es uno de los más lucrativos del mundo. Con un rango de ganancias ilegales totales de USD 150 000 millones al año, este delito no solo comprende la explotación sexual sino también la explotación laboral, relacionada con el trabajo forzoso.
En este sentido, el país posee la Ley n.° 31146/2021, la cual penaliza este delito. Regiones como Ucayali, San Martín, Loreto, Cusco, Madre de Dios, Lima y Puno, son las más afectadas por la trata de personas. Sin embargo, sorprende la falta de herramientas que puedan combatir este crimen, pues a pesar de tener el marco normativo para frenar la trata, la impunidad continúa siendo la política estatal.
«Cualquier camino es una ruta»
Según cifras oficiales del Ministerio Público en el 2021, 2 611 peruanas y peruanos fueron víctimas del delito de trata de personas. De esa cantidad, el 83 % (2 163) fueron mujeres y el 25 % (651) menores de entre seis y 17 años.
«La trata de personas es un delito altamente amplio. La complejidad está en la carga etaria, es muy grande, es decir, el rango de edad va desde los bebés hasta los adultos mayores. Entonces, tienes [como posibles víctimas a] hombres y mujeres de cero hasta 100 años», advierte Valdés Cavassa.
En el país, según la mencionada investigación, no existe región que no registre denuncias y casos de trata de personas; no obstante, logra ser un delito oculto, pues opera detrás de una puerta y bajo un techo.
“Hablamos de un delito oculto… Ya sea en un hotel, una casa, una empresa, un bar o un establecimiento informal; o escondido en la inmensidad del territorio nacional, donde escasamente llega el Estado con sus autoridades de fiscalización y de justicia”, se lee en la mencionada investigación.
“Hay patrones culturales que no hemos podido calcular porque se produce detrás de cuatro paredes”, sostiene Valdés.
Asimismo, existe la dificultad de dimensionar cuáles serían las posibles vías que utilizan los criminales para ejecutar el delito de trata de personas. “Si uno mira la trata interna, [deduce que] cualquier camino es una ruta. Se abren todas las posibilidades de transporte aéreo, fluvial o terrestre”, comenta.
Una investigación realizada por CHS Alternativo, titulada Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana, confirma que en ocasiones las víctimas sufren la transformación de su identidad antes de llegar a los lugares donde serían explotadas. Es así que a lo largo de la ruta, sus nombres y documentos de identidad (DNI) son modificados.
Adicionalmente, el texto en mención sostiene que hablar de rutas preestablecidas de forma geográfica es un error. Pues lo que realmente importa son los lugares donde se captan a las víctimas, qué actores intervienen en el traslado, a qué tipo de actividades económicas se asocia su destino final y cómo el Estado participa de la ruta.
“Por ejemplo, si fuéramos policías asentados en San Martín y nos preguntáramos dónde deberíamos prevenir el traslado de una víctima hacia un centro de explotación en nuestra región, ese lugar sería, claramente, Yurimaguas, porque —salvo que la víctima haya salido de Loreto por vía aérea— todas las víctimas captadas en la frontera, las cercanías de Iquitos y Nauta, o en los poblados ribereños del Marañón y Huallaga que se dirigen hacia San Martín deben pasar por ahí. Allí, precisamente, deberían concentrarse las labores de control de los transportes y los pasajeros por parte de las autoridades y el Estado”, advierte el informe.
La precariedad del Estado
Según el informe “La respuesta del Ministerio Público frente a la trata de personas”, entre 2015 y 2021 dicha entidad registró 8842 denuncias por dicho delito. Siendo Madre de Dios el distrito fiscal que posee la tasa de incidencia más alta en comparación con otras regiones (66,2 denuncias por cada 100 mil habitantes durante el 2019).
Además, el mismo informe resalta que las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas registraron 860 víctimas por el delito de trata de personas, de las cuales el 80 % eran mujeres. No obstante, el último informe realizado por los especialistas, indica que entre el 2015 y el 2018, en el Perú se producían entre 14 000 y 26 000 casos de situación de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes al año. Cifra mucho más elevada de la que indica el registro oficial en los casos de trata de personas.
Adicionalmente, el informe del Ministerio Público también indica que el 68% de las denuncias ingresadas entre 2018 y 2019 fueron archivadas. Y solo el 3.2% concluyó en sentencia.
En este sentido, el problema no son las estadísticas ni la capacidad de registrar a las personas expuestas a este delito, sino el rango de acción que tienen las autoridades en combatir este millonario sistema organizado de delito.
“Hay grandes avances normativos. Ahora tenemos fiscalías y policías especializados en trata, pero el problema está en la aplicación. Porque la economía que se mueve en ciertos territorios es muy grande y el estado no tiene la capacidad de perseguirla”, argumenta el director de CHS Alternativo.
En los últimos años, el Estado peruano ha disminuido el presupuesto destinado a la lucha contra la trata de personas. Actualmente, según el VIII Informe Alternativo relizado por CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo solo se destina 0,12 céntimos para la protección de los ciudadanos y ciudadanas contra este delito.
“En términos de practicidad, esto quiere decir que el Estado invierte por persona menos de lo que cuesta actualmente un pan”, aseveró la defensora del pueblo Eliana Revollar Añaños.
«Existe una alta movilidad económica y poca presencia del Estado. Estos dos componenten hacen que el delito florezca. El tratante evalua qué posibilidad existe de que lo atrapen, de que purgue condena, o que el vecindario lo denuncie o pueda pagar una coima para que lo liberen. En el Perú, la impunidad, la corrupción y la tolerancia social ayudan a que este delito sea rentable. Tú puedes librarte de un fiscalizar por 5 o 10 soles», finaliza Ricardo Valdés.
Líneas de ayuda
Para denunciar un caso de trata de personas puede contactarse con la Línea 1818 del Ministerio del Interior o con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También puede acceder al canal de ayuda de la Defensoría del Pueblo 0800-15170.
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