LIMA. El pasado 10 de febrero, la parlamentaria Susel Paredes presentó un nuevo proyecto de ley (4228) para realizar algunos cambios al Código Penal. En este sentido, se busca modificar los artículos n.° 46, 108, 121 y 122 del texto, para brindar un marco legal adecuado respecto de los crímenes de odio, con el fin de que estos sean sancionados por ley.
Según la OSCE (Office for Democratic Institutions and Human Rights), los crímenes de odio se componen de dos elementos: un delito y una motivación prejuiciosa. Esto último se refiere a cuando el autor del mismo lo cometa por un prejuicio o varios, como puede ser un prejuicio ante una discapacidad, la religión, la etnia, el color o el género de la víctima.
Es así como la presencia de la motivación prejuiciosa es lo que diferencia un delito de odio de un delito ordinario. Es así como la propuesta presentada por la congresista Susel Paredes propone sancionar con una pena privativa de la libertad no menor a 15 años por homicidio calificado.
VER TAMBIÉN: Mafias extranjeras extienden su radio de acción para perpetrar más crímenes de odio
¿Por qué esta ley es importante?
El 20 de febrero, la parlamentaria no agrupada realizó una conferencia de prensa en la que explicó los alcances de la norma citada, con la presencia de miembros de la comunidades vulnerables y víctimas de estos crímenes, como lo son las mujeres trans. En el encuentro estuvieron presentes Leyla Augusta Huerta Castillo, activista, directora y fundadora de Féminas Perú; Gianna Camacho García, periodista y defensora de DDHH; además del penalista, abogado e investigador en temas criminológicos, Marcos Ivan Galván Ramos.
“Esta propuesta, en efecto, tiene sustento jurídico, criminológico, político y penal. Nuestro Código Penal del [año] 91 es hijo de una corriente minimalista que buscó criminalizar lo menos posible, pero este tipo de sucesos despreciables, como matar en base a un prejuicio, debe estar en el núcleo básico que sanciona colectivamente», sostuvo Galván.
Según el penalista, los crímenes de odio se dan por la agresión en base a aquello que se puede ver. No solo por su género, sino por su aspecto físico. «Este tipo de propuesta tiene efectos de visibilidad, porque pone en agenda pública la problemática en su verdadera dimensión», advirtió.
En lo que va del año, según Red Trans Perú, al menos cinco mujeres trans han sido asesinadas. En este sentido, la periodista Gianna Camacho resaltó que la importancia de la ley también está en la visibilidad, ya que «lo que no se menciona, no existe», comentó.
View this post on Instagram
«Hace cuatro años hubo un asesinato de una mujer trans en Iquitos. Se detuvo al asesino, quien era su pareja, la sentencia fue 2 mil soles y cuatro años de cárcel. O sea, eso vale la vida de una mujer trans. Esa es la sociedad en la que vivimos. Una en la que se dice que no deberíamos ser considerados humanos por cómo nos vemos», denunció Camacho.
Según el medio Salud con Lupa, un estudio del Ministerio Público, que revisó más de 80 asesinatos contra personas de la comunidad LGTB ocurridos entre el 2012 y 2021, halló que solo 2,2 % de las investigaciones fiscales señala como posible móvil a la discriminación por orientación sexual o identidad de género. La mayoría de las víctimas era hombres homosexuales (55, 8%) y mujeres trans (36, 4%) entre 25 y 54 años.
View this post on Instagram
«Las mujeres trans nos coloca en un prejuicio. A veces nos vamos a las calles porque la sociedad y el Estado, incluso desde nuestro hogar, nos cierran muchas puertas. En la muerte de Rubí [una trabajadora sexual asesinada en Carabayllo], con 31 balazos, se evidencia el ensañamiento. Lamentablemente, al vivir en una sociedad conservadora, no se registran esos tipo de crímenes de odio», denunció la activista Leyla Huertas.
«Somos ciudadanas y ciudadanos independientemente de lo que tengamos entre las piernas», enfatizó la directora de Féminas Perú.
Leyes pendientes
Otra de las leyes que busca ser aprobada desde hace seis años es la Ley de Identidad de Género. Fue el 29 de marzo de 2021, cuando la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso aprobó el dictamen que propone la ley de identidad de género. Luego de que en el año 2016 las excongresistas Indira Huilca y Mariza Glave lo propusieran, se elevó al pleno. Sin embargo, aún no ha sido debatido en el parlamento.
En este sentido, la socióloga Marisa Glave declaró para el medio La República que existe una lógica de negar «un derecho fundamental a una comunidad».
Sumado a ello, explica que la propuesta no tendría por qué ir a la Comisión de Constitución, como se ha planteado, sino que tendría que ir a la de Justicia porque no se requieren cambios constitucionales, sino es un tema de derechos humanos. ”La Constitución habla claramente del derecho de las personas a su identidad. No habla de mujeres u hombres biológicamente ni hace una diferenciación alrededor de las personas trans”, advirtió.
Por ello, la propuesta busca que el cambio de imagen, nombre y sexo en el DNI sea un procedimiento administrativo en el Reniec y no judicial, como lo es hasta ahora en Perú. Glave señala que “los procesos judiciales son estigmatizadores, demoran mucho tiempo y están cargados con un conjunto de prejuicios”.