“Buscar justicia en el país de las injusticias significa no lograr absolutamente nada”, afirma Jana Villayzan, directora ejecutiva de Red Trans Perú y experta en Derechos Humanos, sexualidad y salud trans.
En el Perú, solo en enero y febrero de este año, se han registrado cinco transfeminicidos. Ale Castillo, Erika Quintana y Rubí Ferrer son algunas de las víctimas que han dejado las últimas olas de asesinatos a mujeres trans en el país. “La vida de los maricones, de los cabros, como nos nombran, no valen nada”, lamenta Villayzan.
Estos crímenes, tal como afirman diversas fuentes consultadas por este medio, se deben al cobro de cupos que se hace a mujeres trans por ejercer la prostitución. “Exigimos justicia para Rubí y por tantas mujeres trans que han muerto por estas mafias”, denuncia Leyla Augusta Huerta, activista, directora y fundadora de Féminas Perú.
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Rubí Ferrer (30 años), quien fue asesinada el domingo 12 de febrero en el distrito de Carabayllo, venía siendo extorsionada y coaccionada por una banda criminal extranjera, autodenominada como “Los Gallegos”, según la Policía Nacional del Perú. Dicha mafia le exigía S/ 100 semanales para seguir trabajando en el Cercado de Lima.
En un video difundido por el medio América Noticias, se observa y escucha cómo un sujeto le dispara 31 balazos al cuerpo. Este hecho acabó con la vida de una joven alegre, divertida y sonriente, según la recuerda una de sus compañeras.
“‘Los Gallegos’ se encuentran detrás de estas maniobras extorsivas tanto a damas que ejercen la prostitución como a transexuales”, señaló el coronel de la PNP, Víctor Revoredo, jefe de investigación de homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
“Se han dado cuenta que el Centro de Lima es lucrativo para la prostitución. [Por lo que], ahora hay muchas mujeres venezolanas que son traídas por mafias y están echando de lugares históricamente usados por mujeres trans para la prostitución. Muchas chicas, como Rubí, protestaron, pero ya vimos lo que pasó”, sostiene Villayzan.
Desde la selva a la capital
“En Iquitos, la violencia y los insultos son constantes”, advierte Carol Ríos, natural de la ciudad de Nauta y representante de la Red Trans Perú en Loreto y trabajadora del gobierno regional loretano, quien conoció a unas de las cinco víctimas de transfeminicidios registrados en el presente año.
“Rubí era de la ciudad de Nauta. [Su familia y ella] pertenecían a la comunidad de Kukama Kukamiria. Nosotros la conocimos. Como se sabe, la mayoría de mujeres trans que llegan a Lima son de provincias y de la selva; porque, por ejemplo, en Iquitos el trabajo sexual no es tan bien remunerado. Entonces las compañeras deciden viajar a la capital”, refiere Ríos, quien resalta que muchas de estas mujeres son víctimas de trata, actividad ilegal penada por la
Ley 31146/2021 Decreto Supremo Nº2/2004.
Según un reportaje realizado por el medio independiente Ojo Público, las estadísticas muestran que solo en el 2017, la policía nacional liberó a 725 personas en situación de trata; mientras que la Fiscalía mantuvo 1464 demandas en curso, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) acogió a siete mujeres en riesgo.
En general, en el Perú se rescataron unas 2781 víctimas de trata de personas en operativos policiales realizados entre los años 2010 y el 2017. No obstante, la población LGBTI no aparece en la lista, pues el sistema de registro estatal binario no lo permite.
Según un último informe titulado Las Economías Criminales y su impacto en el Perú, hasta hoy no se cuenta con información confiable que permita tener una idea aproximada de la dimensión del problema, de los principales centros y modalidades de la explotación, o de las rutas que se siguen para concretarla.
Tal como afirma Carol, otro de los motivos por los cuales dichas mujeres trans migran de sus lugares de origen es la transfobia. “Hemos tenido casos de muchas compañeras que viajan porque sus propios padres las han querido asesinar o la misma gente de su comunidad. Incluso son jóvenes, niñas de doce, trece años que huyen y ejercen la prostitución para alimentarse a sí mismas”.
En ese sentido, se ve como una oportunidad de trabajo llegar a Lima, la gran ciudad, a ejercer el trabajo sexual y así ser mejor remuneradas. No obstante, la realidad con la que se han topado en los últimos años las ha alertado sobre el peligro de esta labor. “El grueso de la población trans, menores de edad, que llegan al Centro de Lima, llegan a un círculo de explotación, no solo sexual sino económico, porque tienen que pagar cupos. Tienen que pagarle a la dueña de la casa, a la persona que la trajo, ropa, comida y más”, denuncia Villayzan.
Un llamado a la justicia
«¿Por qué te tapas la cara? ¿Acaso te da vergüenza lo que haces? ¿Ustedes quieren trabajar? Vayan a otro lugar. (…) Ya están avisadas y no soy tu amigo, soy el alcalde», fueron las palabras que pronunció el burgomaestre de El Agustino, Richard Soria, a un grupo de trabajadoras sexuales detenidas. Ello fue registrado en un video.
Este hecho mereció respuesta de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). “Rechazamos toda vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales, en especial las de nacionalidad extranjera, quienes enfrentan violencia y discriminación por ejercer dicha labor”, afirmaba la entidad en un comunicado difundido en su cuenta de twitter.
Adicionalmente, algunas de las víctimas invisibles de la prepotencia de las autoridades también serían las mujeres trans, ya que hasta la fecha, no solo reciben los insultos de las autoridades, sino también las agresiones de quienes las matan por no pagar los cupos solicitados.
Rechazamos toda vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales, en especial las de nacionalidad extranjera, quienes enfrentan violencia y discriminación por ejercer dicha labor. pic.twitter.com/euRVsW0CQI
— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) February 11, 2023
“Hace algunos años había una mafia peruana que manejaba todo desde la cárcel. Después empezaron las mafias extranjeras y hay luchas de poder. Ahora estas manejan todo Lima. Pero no me digan que el alcalde de Lince o la Municipalidad de Lima no saben quiénes son. Solo que les da miedo meterse con estas mafias”, revela Jana Villayzan.
Fue en enero pasado cuando se inició esta ola de homicidios. A fines de ese mes, en la región La Libertad, Erika Quintana Ávalos, quien tenía apenas 20 años, fue torturada y asesinada en el centro poblado de Las Delicias, en el distrito de Moche (Trujillo). El hecho se perpetró dentro de un auto que había sido incendiado.
“Erika era una trabajadora sexual, quien fue interceptada a las afueras de una discoteca. Aquí en la región La Libertad también se han reportado casos de amenazas a las trabajadoras sexuales por tema de cobranza de cupo. A ellas las citan en hoteles y las violentan, las golpean en caso no paguen los cupos”, dice Jazmín Hermoza Goicochea, directora regional de la Red Trans La Libertad quien afirma que la orden de captura para el asesino de Erika ya se emitió pero aún no han dado con su paradero.
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“Muchas mujeres trans que han sido asesinadas no han recibido justicia. En algunos casos, se han archivado”, denuncia Jazmín.
En la región Arequipa, Ale Castillo Limache, otra joven trans y trabajadora sexual fue encontrada asesinada en un hostal de Camaná. La última vez que se le vio fue cuando salía de la discoteca Starplus. El 24 de enero su cadáver fue encontrado por peritos de la policía. En tanto, Priscila Aguado, mujer trans de aproximadamente 30 años fue acribillada con cuatro disparos el pasado 11 de febrero. La mujer falleció en el límite entre Chorrillos y San Juan de Miraflores, en Lima.
En ese sentido, se denuncia la falta de apoyo por parte de las autoridades que deberían capturar a los integrantes de mafias ligadas al cobro de cupos y a los responsables de los asesinatos de las mujeres trans. “Aunque cueste decirlo y me llamen ‘terruca’, la policía es la institución política más corrupta. Cuando una mujer trans se acerca a una comisaría para alguna diligencia, por alguna razón, ya somos sujetos delincuenciales, incluso pierdes tu escasa ciudadanía”, lamenta Villayzan.
El día de ayer, se realizó una vigilia frente a la comisaría de Alfonso Ugarte por la muerte de Rubí Ferrer, quien ofrecía sus servicios en el Jr. Zepita. A la espera de que estos casos no queden impunes, las trabajadoras sexuales y activistas trans exigen que sus derechos dejen de ser vulnerados. Además, recuerdan a la ciudadanía que ser trabajadora sexual no es un delito, pero las mafias y sus acciones que atentan contra sus vidas sí lo son.
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