LIMA. Recientemente, se publicó la segunda edición ampliada y actualizada del libro «Las economías criminales y su impacto en el Perú», una investigación realizada por el exministro del Interior, Carlos Basombrío, el exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, y el sociólogo Dante Vera. La publicación recoge hechos alarmantes sobre el desarrollo de las economías ilícitas en el país, su impacto a nivel económico y sus principales consecuencias en términos sociales, culturales y ambientales.
Entre ellas, la minería ilegal es una actividad que, según el informe, ocupa aproximadamente unos 25 millones de hectáreas en todo el territorio nacional y se encuentra presente, con mayor magnitud, en los territorios de las regiones de Arequipa, Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac, La Libertad y Puno.
En esta última región, exactamente en el centro poblado La Rinconada (conocida también como la ciudad más alta del mundo por ubicarse a 5.100 metros sobre el nivel del mar) la Policía ha determinado que se trata del punto de partida de las rutas más transitadas del contrabando de oro y otros insumos que llegan a Brasil, Bolivia y Chile. En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que la frontera de Puno es la zona donde se generan alrededor de US $241 000 000 millones anuales solo en actividades de contrabando.
transitadas de contrabando de oro y otros insumos de minería ilegal, que llegan a Brasil, Bolivia y Chile. Foto: Rimay Pampa
Dante Vera, exasesor principal del Ministerio del Interior (Mininter) y coautor del estudio, conversó con Inforegión para hablar sobre los principales hallazgos en relación a estas cadenas de producción ilícitas que agravan la situación de impunidad, pobreza e informalidad, así como el abandono del Estado en zonas alejadas de la mano con la corrupción por parte de las instituciones y el sector privado.
“El conjunto de las economías ilegales o criminales en el Perú no se han reducido, sino que se han extendido en el territorio nacional y han aumentado en cuanto al valor monetario que tienen bajo su manejo. Estamos ante un problema que no está siendo enfrentado y resuelto por el Estado y tampoco por la sociedad civil”, explica el sociólogo peruano.
En el caso de la minería ilegal, Macroconsult, empresa líder en consultoría económica, informó que antes de la pandemia de la COVID-19, las exportaciones de oro ilegal en el país sumaron US $ 1.800 millones anuales, superando al narcotráfico (US $ 1.300 millones).
“Nosotros teníamos la idea que era el narcotráfico el principal problema ilegal de economía que teníamos al frente. Sin embargo, se concluye que es la minería ilegal la que maneja un mayor monto”, alerta Vera. Sobre ello, cabe añadir que al 2022, la variación del precio del metal precioso apenas llegó a disminuir a US $ 1.799,42 millones por año.
Los impactos silenciosos de la minería ilegal
En el Perú, el Ministerio del Interior (Mininter) ha detectado que la minería ilegal involucra directa o indirectamente a los ciudadanos. Por ejemplo, en Madre de Dios la misma cartera ministerial ha contabilizado 1.600 operaciones mineras informales donde trabajarían entre 25.000 a 30.000 personas, en las localidades de Quincemil, Huepetue, Delta, Colorado y Laberinto.
En la misma región, otra zona conocida por la presencia de este negocio ilícito es La Pampa, territorio con una longitud de 200 kilómetros, ubicado en el distrito de Mazuco, provincia de Tambopata (Madre de Dios), lugar donde habita el pueblo indígena Amahuaca del Pariamanu. Según una investigación del portal Mongabay, los campamentos mineros operan a menos de 200 metros de las comunidades nativas pertenecientes a dicha etnia.
Además, en el estudio realizado por Vera, Basombrío y Valdés, se precisa que a causa de la actividad extractiva, la deforestación del bosque se mantiene en aumento en dicho territorio. Por lo tanto, se coloca en alto riesgo la seguridad de la población indígena, los ecosistemas, la vida silvestre, y la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
“El objetivo estratégico para combatir la minería ilegal es básicamente inteligencia financiera, saber quién los financia, y una segunda cuestión muy importante es que no se puede permitir la presencia de ni un solo minero ilegal en zonas de áreas protegidas nacionales y de amortiguamiento”, precisa el sociólogo.
Dentro de este contexto también es importante mencionar las amenazas de esta economía ilícita que enfrenta actualmente el pueblo awajún. En la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, territorio de este pueblo indígena, las huellas de los grupos dedicados a la minería ilegal también han ido expandiéndose hasta atentar contra la vida de sus líderes indígenas y dirigentes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), tales como Augostina Mayán, Hortez Baitug y Zebelio Kayap Jempekit.
Pues, desde que los dirigentes de Odecofroc decidieron alzar su voz para denunciar, con el apoyo de sus comités de autodefensa, la extracción ilegal de oro y otros recursos naturales del río Cenepa, estos comenzaron a recibir ataques directos.
Sobre ello, Vera manifiesta que el complejo panorama representa un proceso de fragmentación, traducido en un grave problema de seguridad nacional para los pueblos indígenas que habitan en dichas zonas.
“Las mafias locales que manejan la minería ilegal no realizan directamente el traslado del mineral, utilizan contrabandistas, cuya especialidad es pasar fronteras, hay una asociación de beneficio y cooperación económica. Para proteger sus canales de producción, trasiego y comercialización de su producto, estas economías ilícitas tienden a corromper de manera horizontal a toda la estructura de autoridad estatal, nacional, local, como a nivel de las organizaciones sociales. Es un sistema de corrupción que abarca representantes políticos, alcaldes, funcionarios de la Policía, Fiscalía, Aduanas e incluso de la Sunat”, explica.
Por otra parte, el sociólogo peruano agrega que existen otros delitos que atentan contra los derechos humanos en ese marco, de cuales resaltan la trata de personas, la explotación humana y el trabajo forzoso. Asimismo, define aquel círculo delictivo como un mecanismo utilizado por los grupos de traficantes para llegar a sus objetivos.
“Para darle mayor seguridad al negocio [los grupos criminales] necesitan controlar el territorio, puede haber una comisaría, un cuartel, todo tipo de autoridad; pero nada se hace sin que la organización criminal lo decida. Ese es el problema más serio”, precisa.
“En Madre de Dios, Puno y toda la frontera con Bolivia se concentra una red muy importante de trata de personas y de minería ilegal. Es un asunto binacional que debería tratarse en las reuniones de los gabinetes presidenciales, con planes mucho más serios y sostenibles para enfrentar este problema. En Oxapampa, Cerro de Pasco, Junín y Huánuco también se está desarrollando una zona de control por parte de estas organizaciones”, advierte.
Las posibles salidas para hacer frente
Promover medidas normativas y de gestión, así como en términos de políticas públicas para el desarrollo de actividades mineras sostenibles es un trabajo que debe ser multisectorial. Esto con el objetivo de proteger las condiciones sociales, económicas, ambientales y territoriales de la ciudadanía.
Por esta razón, el exasesor principal del Mininter plantea dos estrategias con el propósito que las autoridades tengan un mayor control y supervisión sobre dicha actividad productiva. En primer lugar, propone implementar una distinción clave entre la minería ilegal y la artesanal, y en segundo lugar, acceder a una mejor competitividad y sostenibilidad, a través de dos ejes centrales en el proceso de formalización.
“Hay que trazarnos toda una estrategia para diferenciar lo que es esta minería ilegal, de lo que es la minería artesanal en proceso de formalización, los cuales tienen asociaciones, sus demandas justificadas y dialogan con el Estado. Para ello, se debe establecer un sistema de trazabilidad del oro, es decir, saber de dónde lo han sacado, con una tecnología georeferenciada. Y, en segundo lugar, introducir mejoras productivas con capital para tener una minería fuerte, legal, transparente y sostenible”, agrega.
Finalmente, Vera remarcó la importancia de desarrollar una voluntad política con miras a favorecer la reducción de esta economía ilícita. “La condición es que tengamos estabilidad política, que tengamos credibilidad en las autoridades y logros precisos en la lucha contra la corrupción”, concluyó.