En el Perú, la tasa de informalidad alcanzó el 73.9% durante el segundo trimestre del año pasado, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Para el sociólogo Dante Vera Miller, esta situación coloca a la ciudadanía en una posición vulnerable por la falta de oportunidades laborales formales. En ese contexto, y debido a las barreras económicas, las economías ilícitas toman fuerza, como la minería ilegal, entre otras.
Según el académico, esta actividad se acrecienta en regiones como Apurímac, La Libertad y Ayacucho. “Eso significa que en el campo la situación es peor y no hay generación de empleos formales, entonces existe como una alternativa que la sociedad muchas veces la legitima, al contrabando, a la minería ilegal, la tala de árboles. Hay una relación perversa entre la situación de pobreza, la falta de empleo, la ausencia del Estado”, afirma Vera.
Asimismo, durante una entrevista con un medio local, el coautor de los libros “La minería no formal en el Perú” y “Las economías criminales”, junto al exministro del Interior, Carlos Basombrío, y al exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, señaló que el triángulo de la frontera sur, conformada por Puno, Tacna y Madre de Dios, es liderada por grupos dedicados al contrabando y la trata de personas.
Vera agregó que ante el abandono estatal, en esta misma zona, los líderes indígenas han autogestionado sus propias medidas de defensa para combatir la problemática ambiental, que impacta en gran medida a la cuenca, su único canal de abastecimiento de agua para el consumo humano.
Además, indicó que otros territorios altamente expuestos a esta actividad son el distrito El Cenepa, perteneciente a la provincia de Condorcanqui, donde el pueblo Awajún se encuentra en alto riesgo desde el año pasado, debido a los constantes ataques de los mineros ilegales contra las comunidades nativas y la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC).
En esa línea, las bases de foráneos, las cuales extraen el metal tóxico mercurio mediante dragas, no solo han provocado la afectación de sus recursos, sino también han provocado rencillas entre los propios ciudadanos awajún, quienes ante la necesidad económica algunos han decidido unirse a las organizaciones de mineros ilegales.
Otros lugares remarcados por Vera, donde advirtió que la minería ilegal se acrecienta, son la provincia de San Ignacio; en Cajamarca, el departamento de Piura, la provincia de Pataz y la ciudad de Huamachuco; en La Libertad, la Cordillera del Sira, ubicada entre Huánuco, Pasco y Ucayali, así como el río Nanay; en Loreto. Sobre ello, el sociólogo explicó sus impactos a nivel económico. “[La minería ilegal] distorsiona la economía regional, en el sentido de que genera dinero ‘mal habido’, que deriva en lavado de activos, y este va a financiar otras economías ilegales, el caso típico es el del narcotráfico, en relación a la minería”, indicó.
En esa línea, el especialista hizo mención al balance de desarrollo de economías ilícitas de la Unidad de Investigación Financiera del Perú, el cual señala que entre enero de 2013 y setiembre de 2022, la minería ilegal involucró un total de US$ 12 833 millones, superando a la defraudación tributaria (12%), delitos contra la administración pública (12%) y tráfico ilícito de drogas (5%). “Se relacionan estas economías ilegales y trastoca toda la economía y el Estado deja de percibir una buena cantidad de millones de dólares”, aseveró.
Finalmente, el sociólogo remarcó los riesgos de salud que enfrentan los ciudadanos que residen cerca a estas zonas. ”Es una actividad que afecta directamente en la salud de los trabajadores y sus familias, mujeres; sus hijos, que conviven en las labores mineras, y se generan relaciones de explotación humana con niños, niñas, en el pago a los trabajadores y en una serie de formas ilícitas para conseguir insumos”, explicó.
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