LIMA. Desde el 2022, la Comisión Agraria del Congreso de la República busca modificar la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre (ley n.° 29763), la cual pretende regular el uso de los suelos y reducir la deforestación de los bosques amazónicos. Sin embargo, se pretende cambiar el texto en un intento de considerar a la Amazonía como un agente económico, más que como un espacio de protección y desarrollo sostenible.
En un comunicado conjunto emitido recientemente, los ministerios del Ambiente (Minam), Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y de Cultura (Mincul) han alertado sobre los riesgos que conlleva la modificación de la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que se viene impulsando principalmente desde la Comisión Agraria.
«El proyecto de ley, tal como está redactado, podría afectar los derechos fundamentales colectivos de los pueblos indígenas y originarios, vulnerando el derecho a la consulta previa”, se lee en el texto del comunicado.
📢 #AlertaAmbiental | #Comunicado por la modificación que se propone de la Ley n.° 29763, Ley Forestal 🌳 y de Fauna Silvestre🐆, los ministerios del Ambiente (Minam), de Desarrollo Agrario y Riego (@midagriperu) y de Cultura (@MinCulturaPe) informan lo siguiente: pic.twitter.com/14Rhcb4ukx
— Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) January 11, 2023
La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Rosa Karina Pinasco Vela, señaló en una entrevista para un medio de comunicación, que, de haber cambios dentro de la actual norma forestal, estos deberían estar basados en el diálogo entre comunidades amazónicas y las autoridades competentes. «La actual ley ha pasado por una consulta previa. Cualquier modificación debería respetar ese proceso. Hay una exigencia importante de los pueblos indígenas por el resguardo de su territorio», sostuvo.
En tanto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), también ha mostrado su rechazo ante esta iniciativa propuesta desde el Congreso de la República. «Los intentos por modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre buscarían debilitar la institucionalidad y los pocos mecanismos para proteger nuestro patrimonio natural», advirtió Patricia Torres, especialista legal de la SPDA.
«[De modificarse la ley] se afectarían los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios. Además, se generaría la destrucción del hábitat que es parte del territorio de dichos pueblos, pero también esto generará un impacto a la humanidad en general» denunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) para este medio informativo.
La modificación propuesta por la Comisión Agraria pretende cambiar dos aspectos relevantes de la norma mencionada. En primer lugar, se busca la suspensión de la zonificación forestal a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam) en procesos que le conciernen; en segundo lugar, la eliminación del procedimiento de autorizaciones de cambio de uso en áreas privadas. Esto significa otorgar dicha gestión al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que tiene dentro de sus competencias garantizar la disposición de los suelos.
«Modificar la Ley Forestal significa formalizar la deforestación; además de que estás incentivando a quienes todavía no han deforestado», argumentó el biólogo Sandro Chávez.
«Modificar la Ley Forestal significa formalizar la deforestación»
-Sandro Chávez
«Esta norma lo que facilita es la legalización de gran deforestación ilegal y reduce estándares para que puedan deforestar más fácilmente. Ha habido un intento de manipular y decir lo que no es“, advirtió Julia Urrunaga, directora para Perú de Agencia de Investigación Ambiental (EIA), para INFOREGIÓN.
La Defensoría del Pueblo también ha expresado su rechazo a la modificación de la ley forestal, autógrafa que se encuentra agendada en el pleno. «Más de la mitad de nuestro territorio está cubierto por bosques y el 94% de ellos se encuentran en la Amazonía. Esta superficie alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta y es fuente de identidad y vida para cerca de 370 000 pobladores indígenas, asentados en más de 2700 comunidades nativas, además del importante rol que cumplen en la lucha contra el cambio climático. Por ello, resulta de máxima importancia que todos los poderes estatales, entre ellos, el Congreso de la República, disponga medidas para garantizar su conservación y uso sostenible», se lee en el texto.
En todo este tiempo, diversos medios periodísticos han denunciado reuniones entre parlamentarios y grupos interesados en utilizar los bosques como tierras de agricultura. Gremios de productores de palma aceitera visitaron a diversos congresistas de las comisiones Agraria y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, del Congreso de la República.
La congresista de Fuerza Popular, Nilza Chacón, quien es presidenta de la Comisión Agraria y la parlamentaria de Perú Libre, junto a María Elizabeth Taipe, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología son los dos personajes que aparecen en las redes sociales de la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú.
“A nosotros nos interesa que se apruebe esa modificatoria, porque en realidad tenemos palmicultores que tienen problemas con la tierra, por eso estamos interesados en que se apruebe la modificación de la Ley Forestal”, mencionó Amilcar Armas, administrador de la Federación Regional de Palma Aceitera San Martín (Fredepalma), para Mongabay Latam.
El pasado 11 de enero, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, por mayoría, recomendó archivar el proyecto promovido por la Comisión Agraria del parlamento. Asimismo, desde julio del año pasado, el Ejecutivo observó el plan de modificar la Ley Forestal. En noviembre, la Comisión Agraria emitió su dictamen y solicitó que ingrese en la agenda del Pleno para ser aprobada por insistencia, aún cuando no se contaba con el dictamen de la Comisión de Pueblos.
