“Métele bala huevón”, dice un joven limeño (Luis Alfredo Lazo) a un grupo de policías que custodian una avenida del Centro de Lima. Este hecho ocurre mientras una mujer andina se encuentra increpándole a las fuerzas del orden la violencia ejercida durante las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte.
Al escuchar esas palabras, la mujer reacciona e increpa al hombre que acaba de desearle la muerte diciéndole “¡Sin vergüenza! tragas de la sierra y gozas”. En el video, se puede ver cómo el agresor y su acompañante se ríen y hacen caso omiso a la respuesta de la mujer. El mismo sujeto, junto con su acompañante, no se inmuta ante la reacción enervada de la persona agraviada, lo que motivó que diversos cibernautas lo increparon vía redes sociales por no solo ser violento, sino racista.
«El racismo es un gran sistema que jerarquiza a las personas. Hace que algunas personas valgan más que otras en términos de derechos», sostiene Jackeline Velarde, experta en comunicación para el desarrollo, temas de interculturalidad y cofundarora de Observatorio de Color.
Señalar que quienes protestan actualmente, la gran parte de ellos provenientes de la región sur del país, han perdido el derecho a la protesta y que por eso deben morir es un discurso que ha sido alentando tanto desde las redes sociales, como los distintos medios de comunicación, los políticos y la misma jefa de Estado.
Según el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, se afirma que ante la igualdad de la Ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Pero, ¿qué tanto se lleva esto a la realidad?
Lima y su statu quo
En una declaración hecha por el actual alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, se anunciaba la posibilidad que el Centro Histórico de la capital sea declarado como zona intangible. El último domingo, la autoridad afirmó que algunas áreas se debían proteger de los destrozos ocasionados durante las protestas contra Dina Boluarte.
“Vamos a declarar [el Centro de Lima] zona intangible… en Lima no son bienvenidos esta gente que viene a destrozar”, señalaba.
Para Jackeline Velarde, no sorprende que López-Aliaga tenga ese tipo de comentarios hacia algunos sectores. «Él [Rafael López-Aliaga] quería hacer de Lima una potencia mundial. Ese era su slogan. Pero censurar el acceso a espacios públicos, en el marco de una crisis política, es negar el uso y derecho de las personas que buscan manifestarse. Esto se conecta con quitarle humanidad a las personas que protestan», sostiene.
Esto tiene relación con lo ocurrido el pasado 2 de enero de este año en la histórica Plaza Manco Cápac, en el distrito de La Victoria. Este lugar fue escenario de enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y manifestantes, cuando las fuerzas del orden, haciendo uso excesivo de la fuerza, buscaban retirar a los protestantes que permanecieron en la zona desde la quincena de diciembre del 2022.
«¿Esta es la paz social, señora Dina Boluarte? ¿De esta forma? ¿Desalojando sin previo aviso, sin respetar? ¿Esa es la mesa de diálogo? Esta es la paz social que no muestran los medios de comunicación», reclamaban algunos manifestantes.
Este grupo de personas, en su mayoría llegados de las diversas regiones del país, habían colocado sus carpas en este punto del distrito, pues no habían podido ingresar a la Plaza San Martín, en el Centro de Lima.
Para Marco Avilés, escritor y periodista especializado en temas de discriminación, algunos de estos comentarios que vemos y escuchamos se deben a la desconexión del Perú. «El Perú es un país súper dividido y desconectado no solo geográficamente, sino también en términos políticos y sociales. Uno de sus indicadores es el racismo».
En este sentido, se ve a Lima como un ente capturado por aquellos que han llegado desde otras regiones a exigir algo que la capital sí parece tener: el derecho a ser escuchados y escuchadas.
«Nosotros somos un distrito olvidado. Llegamos a la capital Lima para defender nuestros derechos. Esta lucha es pacífica», afirma un ciudadano proveniente de Acora, distrito ubicado a 30 kilómetros de la capital de Puno, durante las manifestaciones del 26 de enero frente a la Plaza Bolognesi.
Deslegitimando discursos
«Puno no es el Perú». Fue la respuesta que dio la actual presidenta de la República Dina Boluarte cuando se le preguntó por la violencia ejercida por parte del Estado. “La prensa internacional debería comunicar que el Gobierno no está generando la violencia. Lo que se quiere es una tregua”, enfatizaba la mandataria.
En el contexto de la llamada «Marcha de los 4 suyos», iniciada el 4 de enero de este año, el departamento de Puno tomó gran relevancia a nivel nacional debido a su participación en las movilizaciones en contra de la presidenta. Sin embargo, esta parte del país ha sido una de las más afectadas por la represión policial. Hasta la fecha, son 23 las personas fallecidas en esta región debido a la violencia que las fuerzas del orden han ejercido contra la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo ha afirmado que de las 58 víctimas que ha provocado el estallido social, 48 de ellas (47 civiles y un policía) se produjeron directamente durante las protestas. Además, otros 10 civiles han fallecido en accidentes de tránsito o por el bloqueo de vías.
Según un informe realizado por el medio Ojo Público, las necropsias e informes balísticos de los civiles asesinados confirman el uso de fusiles de guerra y pistolas como causa de muerte de los protestantes.
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Tal como detalla el mencionado medio, fuentes cercanas al Ministerio Público afirmaron que el patrón de las muertes en Juliaca, Puno, corresponden a disparos de larga distancia. «Los agentes causantes fueron armas de fuego, tanto en la cabeza y tórax, la mayoría tuvo orificio de entrada y salida por arma corta y larga, de los dos tipos. Fue parecido a Ayacucho, son armas de carga única, fueron de un solo proyectil que en menos de la mitad [de los casos] quedó restos o proyectiles completos dentro del cuerpo. No fueron a corta distancia, a todos les han disparado de lejos, ha sido disparo indiscriminado a quien le caiga», señaló la fuente.
En este sentido, la presidenta ha negado el uso de ese armamento. Incluso, afirmó, sin ningún tipo de prueba, que dichos fallecimientos se debían a balas Dum Dum. También cuestiona el financiamiento de las marchas.
«La presidenta apela a que ella es una persona apurimeña y que habla quechua. Incluso se dirige en quechua a las personas, pero de forma irrespetuosa diciendo que no sabe quienes lo financian o que ella busca el diálogo. Cuando la realidad es otra. Ella está subvalorando las vidas de las personas que han muerto, incluso de los heridos y de las mismas brigadas de ayuda en las marchas», argumenta Velarde.
Asimismo, si bien se han registrado diversos tipos de violencia por parte de vándalos que atentan contra establecimientos públicos y privados, Velarde afirma que generalizar es quitarle humanidad a las personas. Esto puede verse en fenómenos como el terruqueo. «Los medios de comunicación se refieren por un lado a pobladores y por otro lado a ciudadanos. Esto dice algo”, afirma la especialista.
“Nosotros estamos yendo por cuenta propia. Nadie nos está financiando. Estamos yendo para hacernos respetar, abandonando nuestras tierras y a nuestros hijos, por culpa de la presidenta estamos siendo pisoteados. Por eso estamos yendo a Lima para hacer respetar nuestros derechos”, declaraba en quechua una mujer cusqueña al preguntarle sobre el financiamiento de los viajes a Lima.
“[Además], es sumamente irrespetuoso hablar de terrorismo tan a la ligera. Incluso tildarlas de esa forma por cómo se ven o por exigir cambios por no estar conformes con el Gobierno es preocupante», añade.
En medio de esta crisis es sumamente peligroso que los propios políticos den ideas erróneas acerca de las manifestaciones. Más aún cuando se pretende deslegitimar argumentando desde el racismo y la discriminación. A pesar de la existencia de vándalos que aprovechan la situación para realizar actos de violencia, no se debe generalizar y decir que todos son parte de esa misma descripción, esto no afianza el diálogo, ni ‘calma’ la crisis social.
Asimismo, existen demandas que buscan ser atendidas desde hace muchos años, pero tanto el Estado como el Congreso parecen no oír las exigencias de la ciudadanía. A las élites les preocupa que el status quo no se rompa. Ese que nos ha enseñado que Lima está ajena del Perú.