La Federación Departamental de Productores de Castaña de Madre de Dios (Feprocamd) envió dos misivas (al gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, y a la defensora del Pueblo, Eliana Revollar) para ratificar su respaldo al proyecto de ley N° 3136, pues ambas autoridades se pronunciaron en contra de esa iniciativa que facilita la autonomía económica de los concesionarios castañeros, así como la conservación de los bosques.
Es por ello es que la Feprocamd solicitó una reunión con cada una de las autoridades mencionadas para tener la ocasión de exponerles los argumentos que han llevado a los castañeros a mostrarse a favor del proyecto de ley mencionado. Ambos documentos llevan la firma del presidente de la Feprocamd, Juan Carlos Grifa.
Los castañeros respaldan el tenor del proyecto de ley N° 3136, que impulsa dejar sin efecto el numeral 3.2 del artículo 3 del D.S. 003-2022-MINAM, debido a que esta norma establece que el Profonanpe administre los fondos obtenidos por los proyectos REDD+ sin hacer distingos entre los fondos obtenidos por los proyectos REDD+ de la iniciativa privada y de aquellos desarrollados por el Estado.
Se añade que ante esta falta de precisión “el Minam termina apropiándose de todos los bonos de carbono obtenidos por todos los proyectos REDD+ así como de todos los fondos que se obtengan con la transferencia de esos bonos de carbono. De esta manera, el Estado ejecuta una expropiación de facto, por tanto, ilegal e ilegítima” sobre el trabajo que desarrollan los castañeros.
La Feprocamd remarca que el numeral 3.2 del artículo 3 del D.S. 003-2022-MINAM, en vigencia, resulta “claramente confiscatorio de nuestros derechos de propiedad sobre los bonos de carbono” que producen al proteger los bosques. Se añade que esa norma se aprobó sin un proceso de consulta a la población. También negaron que el proyecto de ley que busca su modificación promueva los mercados de carbono sin salvaguardas.
Se recuerda que los castañeros madrediosenses han sido, por generaciones, los “jardineros del bosque”, pues su actividad es “un sólido e infranqueable muro frente a la tala y degradación de los bosques amazónicos”. Por ello, respaldan el proyecto de ley mencionado “porque es completamente favorable a la conservación de los bosques, pues nos garantiza el acceso directo y sin intermediarios a los recursos financieros que necesitamos para protegerlos”.
Ante el gobernador regional huanuqueño
La Feprocamd expresó su “consternación” ante las afirmaciones divulgadas por el gobernador regional de Huánuco y presidente de la Mancomunidad Regional Amazónica, Antonio Pulgar, quien se pronunció en contra del proyecto de ley mencionado que facilita la autonomía económica de los concesionarios castañeros.
En carta remitida se expresa a la autoridad regional que sus declaraciones “llaman poderosamente la atención” en la comunidad castañera. Seguidamente, el Feprocamd lamenta que el gobernador regional de Huánuco haya emitido dichas impresiones sin tener en cuenta la opinión de diversas organizaciones sociales de base “que nunca fuimos consultados al respecto”.
Ante la Defensoría del Pueblo
La Feprocamd dirigió una misiva a la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, expresando su “sorpresa” ante el pedido de la Defensoría del Pueblo, en su red social Twitter, encaminado al archivamiento del proyecto de ley citado. Se le recuerda que dicha iniciativa “busca recuperar el orden constitucional vulnerado con el numeral 3.2 del art. 3 del D.S. n° 003-2022-MINAM”.
Y es que la Defensoría del Pueblo había difundido en la red social referida lo siguiente: “Pedimos al Congreso archivar el proyecto de ley N° 3136, que reducirá de manera importante el financiamiento climático que percibe el Estado peruano para luchar contra la deforestación, con el fin de reducir los gases que provocan el cambio climático”.
Feprocamd sustenta su sorpresa ante ese pedido recordando a la Defensoría del Pueblo que su misión es “defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad”. Además, se cita que la vigencia del numeral 3.2 del artículo 3 del D.S. 003-2022-MINAM, y otras normas que pretende aprobar el Minam, constituyen una “vulneración actual y manifiesta a los art. 62 y 70 de nuestra Constitución, cuya defensa es una obligación insoslayable de la Defensoría del Pueblo”.