LIMA. Los resultados de la última encuesta del IEP publicada por el diario La República nos releva lo que ya sabíamos a grandes rasgos: somos un país mega conservador. Un país así tiene sus ideas bien marcadas con respecto a ciertos temas de agenda pública. Entonces, en la coyuntura actual, es básico entender qué está pasando desde una mirada que vaya un poco más allá de los hechos que se han ido dando en las semanas pasadas. Esta vez, la politóloga de la PUCP, María Claudia Augusto, nos lleva hacia una reflexión sobre nuestra sociedad, sus taras históricas y cómo afectan en la actualidad a los movimientos sociales por demandas políticas de Estado.
Para comenzar, la investigadora nos aclara un punto: el motivo por el cual hay tantas tendencias conservadoras en nuestro país, en temas como por ejemplo la pena de muerte. Hay un factor de tendencias regionales y también un gran predominio de la Iglesia Católica y evangélica a lo largo y ancho de nuestro país. Estas tendencias conservadoras, nos comenta, no se ven en todos los países de Latinoamérica.
Sobre el tema político, está relacionado estrictamente con lo social, económico e intereses políticos. La politóloga explica que, en otros países latinoamericanos como Argentina o Colombia, ocurren cosas distintas “porque entienden que deben ver más allá de su agenda personal y a veces política para que sea de beneficio para la población en su conjunto. Eso falta en el país”. Parece ser que el compromiso político más allá de los intereses personales debería ser lo que prime para el bienestar social, pero en los poderes del Estado siguen haciendo de las suyas.
- ¿Crees que nos ha llevado a la situación actual? ¿Qué motivos históricos podrían ser?
La crisis es bastante compleja, pero algo que es importante y está en el discurso de los políticos nacionales se relaciona al desdén de quienes están protestando. Se les dice reaccionarios, terroristas, azuzadores y se invalida sus demandas como población. Pensando que generalmente las movilizaciones se dan en poblaciones centralizadas y fragmentadas.
- ¿Qué ocurre detrás de estos discursos que tratan de invalidar a los manifestantes?
Una distancia que parte de legados históricos, con un centralismo importante que se ha fortalecido en los últimos 70 años. La hegemonía de Lima como centro político e histórico frente a regiones es una fractura que arrastramos desde la Independencia. Entre la población rural, indígena, de menos recursos y una élite que desde un centro busca imponer una idea de desarrollo.
Y si hablamos de algo más contingente, creo que hay una demanda grande de representación, desde los años 90 con la transición democrática, con la descentralización se elabora una promesa de desarrollo y democracia que no parece haber dado fruto. Mantenemos brechas en muchos indicadores pese al crecimiento económico y tenemos una demanda de representación por una mejora de servicios y calidad de vida. Esto revela lo mismo: un quiebre entre centros hegemónicos y otra parte del país usualmente vista como la periferia, sin derecho a reclamar.
- ¿Por qué no se percibe este problema como complejo? ¿Por qué se recurre al miedo del fantasma del terrorismo y dicotomizar, de cierta forma, las cosas de una manera simple, entre buenos y malos?
La razón es que simplificar narrativas hace más fácil justificar acciones. Entonces, si yo creo un antagonismo entre buenos y malos, y yo estoy del lado de los buenos, tiene sentido luchar contra los malos, disciplinar a los malos, castigar a los malos. Entonces es más fácil para una autoridad, aunque no es lo ideal, simplificar el conflicto entre bandos que es lo que estamos viendo ahora.
Entonces, si la otra parte ya no son manifestantes que tienen demandas válidas, además de grupos vandálicos, que sí existen, son para algunos únicamente grupos vandálicos y por eso se puede justificar la violencia de la Policía y las Fuerzas Armadas contra la población. Así funciona.
Esto podemos trasladarlo a otros países. No únicamente podemos pensar en el caso, peruano, sino también en otros conflictos que se dan entre los estados y la población. Sin embargo, creo que existe aquí un caso bastante fuerte con el terruqueo. Y eso también es un legado histórico. El conflicto armado interno selló una narrativa postconflicto en donde las personas que tienen protestas o demandas sociales o las personas que se identifican como actores de izquierda son dibujados frente a la opinión pública como personas que están en contra del progreso o de la visión de país.
Entonces, automáticamente, se convierten en terroristas, por más que no lo sean. El debate no es propiciado y lamentablemente el diálogo no es propiciado y cualquier persona que se oponga a esta visión hegemónica se convierte automáticamente en opositor. Y dadas la proporcionalidad de la violencia que hemos visto, la violencia es mayor en aquellos territorios donde hay población rural, pobre e indígena.
- ¿Hay un factor de clase en este dato que comentas y la fragmentación social?
Ha habido mucha movilidad social. Como parte del crecimiento económico se dio una expansión de las clases medias y altas. Hay varios clivajes, geográficos por ejemplo. Lima o algunas capitales regionales importantes versus otras regiones, e incluso podemos comparar la reacción que está pasando en el sur con el norte. Por ejemplo, Piura está celebrando sus carnavales, en la Amazonía, donde no hay mayor movilización como la que se está viendo en el sur.
Es un problema que cruza líneas territoriales, étnicas y también socioeconómicas. No sé si hablar de clase es lo mejor porque es un problema muy complejo, pero sí puedo decirte que hay más probabilidad que una persona indígena, pobre, aymara sea abatida por la policía que una persona que vive en Miraflores. Sí hay una diferenciación al trato a la ciudadanía por parte de distintos actores.
- ¿Por qué Dina insiste en quedarse en el poder a pesar de la gran desaprobación que tiene?
Porque creo que en la política se ha perdido -no viene de Dina sino de antes- el sentido de rendición de cuentas. Distintas organizaciones y movimientos sociales le han intentado decir a la presidenta que el problema es más complejo que vándalos versus ciudadanos, y la respuesta han sido oídos sordos. Lo que hemos visto es un resquebrajamiento de las instituciones democráticas. En una democracia no debería haber violencia desproporcionada contra los manifestantes. No se deberían intervenir universidades, ni detener a personas sin garantizar el debido proceso.
Entonces es como si el check list de las condiciones democráticas mínimas se hubiera quebrado. Si tienes organizaciones sociales y civiles que están haciendo demandas al Estado por un mejor comportamiento y tienes un resquebrajamiento de reglas básicas para la convivencia en democracia, no es que la presidenta esté ajena a la realidad social peruana, sino que está tomando decisiones a conciencia de lo que esta violencia acarrea.
A mí me parece que se está formando en el Perú una transición a prácticas autoritarias. No se están respetando los mínimos de democracia y también estamos transitando a un régimen cívico militar, donde la PNP y las FF.AA. están siendo utilizadas para imponer ciertas decisiones y en donde la sociedad civil, la aprobación y opinión pública, que en un contexto democrático llevaría a que los políticos tomen otras decisiones, no importa.
En este contexto tan caótico, es difícil pensar en que las autoridades, los poderes del Estado y las fuerzas del orden sean quienes velan por nuestro bienestar o nuestra vida, como hemos podido ver en este último mes. Los problemas que arrastramos desde la Independencia nos persiguen como una sombra que no nos deja avanzar. Como si fuera poco, la fragmentación se da en todos los ámbitos de la esfera pública, como la educación, la salud, la sociedad, etcétera. Estas demandas son legítimas y levantar la voz es la reacción de cualquier persona de a pie al no ser escuchado o escuchada. Necesitamos un nuevo pacto social.