UCAYALI. Hoy debe empezar la audiencia de alegatos en el juicio oral emprendido desde abril de este año contra dos empresarios forestales y tres de sus trabajadores por el vil y cruento asesinato de cuatro dirigentes asháninkas de la comunidad Saweto, en el alto Tamaya, frontera con Brasil, distrito Masisea, ocurrido el 1 de septiembre del 2014.
Más de ocho años de un proceso que ha tenido repercusión internacional por las denuncias de extracción ilegal de madera en territorio indígena, desatendidas, que desde el 2008 los comuneros presentaron a las autoridades peruanas (Policía Nacional, Ministerio Público, Gobierno Regional de Ucayali).
Como un resarcimiento –tal vez triste-, el 2015 el gobierno tituló a la comunidad Saweto en 78 129 hectáreas, lo que casi suspendió por tres años la extracción ilegal por parte de invasores.
Sin embargo, ante la desprotección del Estado, la extracción ilegal de madera y los cultivos de coca para narcotráfico se incrementaron, lo mismo que las amenazas contra los dirigentes comuneros que, desde el crimen en cuestión, Saweto está a cargo de mujeres. Su actual jefa es Lita Rojas Pinedo, viuda de uno de los asesinados, Leoncio Quintisima Meléndez.
Los otros líderes indígenas asesinados, a quienes dejaron con sus cuerpos destrozados, fueron el líder Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez y Jorge Ríos Pérez.
Los imputados como sus asesinos son el brasileño Eurico Mapes Gomes (presunto autor material) y los hermanos Josimar y Segundo Euclides Atachi Félix, trabajadores de los empresarios José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, presuntos autores intelectuales.
La parte acusatoria, que vela por los intereses de las víctimas y en representación del Estado, está a cargo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Ucayali, que realizó las investigaciones, cuyo actual responsable es el doctor Dennis Vega Sotelo, quien ve el caso desde el año 2019. Anteriormente el asunto estuvo en manos de otros dos fiscales. ¿Qué se puede esperar al final del proceso? Dennis Vega nos da su punto de vista.
– ¿En qué etapa se encuentra el caso Saweto?
Está culminando. Está en la etapa del juicio oral y estamos entrando en lo que vendrían a ser las actuaciones de pruebas de oficio, de acuerdo al artículo 385 del Código Procesal Penal. Posteriormente se tendrá que dar lectura a documentos sobre declaraciones de algunos investigados que no lo hicieron en juicio. Posiblemente luego se culmine con alegatos de clausura, que vendrían a ser los alegatos finales de las partes.
– ¿Se puede decir que está claramente acreditada la causa del crimen?
Por la base de los testimonios recogidos durante el periodo de investigación preparatoria -esto es durante el desarrollo desde el año 2014 hasta el año 2018-, el Ministerio Público ha podido recabar indicios con los cuales se puede establecer la teoría de que estos hechos ocurrieron a razón de taladores ilegales que se habían inmiscuido en el territorio de esa comunidad nativa (Saweto) y es por ello que hubo enfrentamientos, en los que intervinieron empresarios y sus trabajadores.
– ¿Pero está claro el móvil?
Para el Ministerio Público está acreditado que el móvil fue en represalia porque estas personas (los indígenas) defendían sus tierras y denunciaban la extracción ilegal. Ellos fueron atacados cuando se estaban dirigiendo a la comunidad Apiutsia, que está en Brasil. Los de la comunidad nativa ya habían denunciado a esas personas en Osinfor, Inrena, incluso ante la Fiscalía del Medio Ambiente, produciéndose decomiso. De manera que existía un modus espurio para cobrar venganza porque sentían (los imputados) que perdía mucho dinero, entre 300 mil a quinientos mil soles.
– ¿Puede precisar quiénes son?
Es delicado. Tendríamos que ver, porque son cinco personas que están en la investigación como autores y coautores del delito.
(En realidad se trata de los empresarios Juan Carlos Estrada Huaype, presunto autor intelectual, y Hugo Soria Flores, con sus trabajadores, el brasileño Eurico Mapes Gómez, presunto autor material, y los hermanos Josimar y Segundo Euclides Atachi Félix).
– ¿Se determinó la propiedad de la madera que estuvo decomisada?
Eso lo investigó la Fiscalía de Medio Ambiente. Se determinó que la madera no habría sido de los acusados, porque no tenían documentación que lo acreditara.
Pero le explico algo: para empezar, mi persona no investigó nada, porque cuando asumí el cargo la investigación ya estuvo incluso en la etapa de control de acusación, ya se había presentado la acusación. La investigación que hizo este despacho fue sobre las muertes. O sea, nosotros no somos competentes para investigar temas de extracción ilegal, sino el móvil y por qué se habría suscitado el crimen. En el plenario algunos acusados han declarado que sí tenían problemas con los occisos.
– ¿Confía en una sentencia que vele por las víctimas?
Confiamos en una justicia imparcial, transparente, idónea y se logrará, con una condena, resarcir el daño causado, que es la pérdida de personas, pero al menos la tranquilidad para los deudos.
– El caso tiene alcance internacional. ¿La resolución podría motivar ajustes en la legislación para resolver mejor los temas de ocupación de tierras en lugares tan alejados, como Saweto, donde no hay presencia del Estado? ¿Le parece, o simplemente quedará en una sentencia más sobre un tema criminal?
Aquí hubo temas de lesa humanidad, pero considero que todo queda en el papel y la tinta. Sí, porque a las finales a nadie le importa y, como Estado, no les interesa invertir para tener una conexión directa con estas comunidades. Si no les interesó desde el año 2014 y estamos en el año 2022, menos lo harán después de terminado el caso. Nadie, ningún gobierno dijo, ¿oye y qué hacemos con estas comunidades?
CUESTIONAMIENTOS
– El abogado de las víctimas cuestionó su proceder en el caso, por presuntos desaciertos.
Respeto los comentarios de los abogados, incluso de colegas o de los jueces, porque nosotros cumplimos una función y considero que siempre van a decir algo contrario al trabajo que desarrollamos. Y para los abogados que patrocinan a los acusados, siempre todo lo que haga el Ministerio Público está mal. Si dicen “desaciertos”, tendrían que especificar cuáles, porque, que yo sepa, no tuvimos ningún desacierto en las audiencias.
-El testimonio de un testigo protegido presentado por el propio Ministerio Público no fue tomado en cuenta por el juez, por errores y hasta olvido de hacerlo oportunamente por parte de la fiscalía. ¿Qué ocurrió?
Que los fiscales que estuvieron en su momento no tuvieron el cuidado respectivo de dejar las cadenas de custodia de identificación respectiva a los fiscales posteriores. Tan es así que yo nunca vi una cadena de custodia, respecto a la serie de identificación.
Cuando yo asumí funciones el año 2019 y me entregaron las carpetas el año 2020, nunca recibí ese documento y no lo he visto ni siquiera en alguna otra entrega de cargo o algo similar. A nosotros no se nos entregó nada sobre esto.
-¿Pero estaba enterado de la existencia de ese testimonio?
Claro, pero para poder presentarlo al colegiado, -como lo hemos intentado-, tiene que pasar ciertos requisitos y uno de ellos es que debió existir una identificación, la cual debió haber estado en la carpeta reservada, pero esa no existió.
-¿Se superó el problema?
No. Como le digo, si es que no existe eso, no podemos salvaguardar ello. Yo he tratado, por otros mecanismos procesales, que ese testimonio se haga valer, pero el colegiado ha tomado la decisión (el jueves 15 de diciembre) de que no se tome en cuenta.
–¿A qué se refería dicho testimonio?
Habla de diversas actuaciones, pero considero que las personas que puedan haberlo leído la entiendan a su criterio. Yo también tengo una lectura al respecto, sin embargo prefiero no hacer mayor comentario al contenido del mismo. Es lamentable.
-¿Teme que esta decisión afecte la sentencia?
No podría decirle, porque ya es un criterio que el colegiado va a adoptar. Si condenan o absuelven o lo que resuelvan ya es un criterio que ellos van a adoptar.
– Eso no lo exime de que le presenten alguna queja.
Yo elevé informes a la Oficina de Control Interno para que tomen cartas en el asunto. Yo siempre digo, la actuación que realice un fiscal no puede perjudicar la investigación. Si yo hago las cosas mal, no puede perjudicar la investigación. Que me sancionen a mí como funcionario, pero la investigación no puede quedar impune.
– ¿Cuál es la prueba más fuerte que avale la posición del Ministerio Público en este caso?
La prueba indiciaria que hemos adoptado es que las amenazas respecto a las víctimas, son ciertas. Lo avalan testigos. Por la incautación de madera, ellos pierden al dejar de percibir dinero. Entonces, sí tenían motivos (para amenazar).
INVESTIGAN OTRAS ORGANIZACIONES
– ¿Se puede encontrar otro tipo de responsables después de la sentencia, o hasta ahí nomás llega el caso?
Estamos investigando ya a una organización criminal. Hay otra carpeta en la cual se investiga a otras personas que están en proceso de identificación. Son unas quince personas, más o menos.
– ¿Cuál sería su vinculación con el caso Saweto?
De una manera indirecta, porque la finalidad es la tala ilegal. Pero esta es una investigación paralela.
– ¿Personalmente, qué análisis saca del caso Saweto?
El caso Saweto se vuelve especial por la misma naturaleza de quienes fueron atacados. Hay que entender que el bien jurídico protegido, que es la vida, es lo mismo para un ciudadano de la zona urbana como el de una comunidad. ¿Pero qué sucede? Acá viene el tema más sensible, porque estamos hablando de personas que no cuentan con los recursos ni el apoyo del Estado, gente alejada a quienes debería dárseles garantías. No tienen el soporte al menos de un frente policial. ¿Cómo hacen ellos para comunicarse con nosotros que estamos en la zona urbana? Por eso cuando el Estado llegó a la escena del crimen, varios días después, los animales carroñeros ya se habían comido a los cadáveres.
Texto: Javier Medina
Fuente: Diario «Ímpetu»