Brutal represión policial y militar en primer día de Estado de Emergencia

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“¡Hijo por favor regresa!”, grita con desesperación la madre de un joven de 23 años, asesinado a causa de la brutal represión policial durante las protestas en Ayacucho. Lugar donde la Dirección Regional de Salud confirmó que siete personas perdieron la vida en las manifestaciones. Con dicha cifra, el número de víctimas mortales asciende a 21 en todo el país. 

En la misma región, el último jueves, el Hospital Regional de Ayacucho colapsó ante la llegada de más de 50 heridos y Eliana Revollar, defensora del pueblo, alertó que efectivos a bordo de helicópteros que sobrevolaban la provincia de Huamanga, lanzaron bombas lacrimógenas. En respuesta al hecho, un grupo de personas protestó incendiando la sede central del Ministerio Público de Ayacucho. 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo exhortó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú al cese inmediato de estas acciones, además del uso de armas de fuego. También, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que en la región surandina se han utilizado fusiles y armamentos de guerra, y responsabilizaron de estos hechos a las más altas autoridades políticas del país. 

“Por favor, que pare la masacre hay muchos disparos, por favor, señora Dina haga algo, acá los militares están disparando directo, por favor no más muertos”, exigió una ciudadana ayacuchana, testigo de la represión por parte de los militares vía la Radio 103.3. 

“¡Son mi familia por favor! ¡Déjalo, déjalo!”, exclamó otra joven en un video grabado por ella misma desde su ventana, al ver que los militares intentaron detener a un miembro de su familia que se manifestaba a unos metros del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte. Tras varios largos minutos de tensión este fue liberado. 

En el noveno día de protestas, ciudadanos ayacuchanos han puesto en evidencia, por medio de la red social Twitter, disparos a quemarropa por parte de la intervención militar hacia la sociedad civil, mientras esta ejerce su derecho a la protesta pacífica, el cual no está restringido durante el Estado de Emergencia. 

Por otro lado, en la capital, el descontento en las calles continúa. En Plaza Bolognesi, la PNP golpeó en la cabeza y detuvo al brigadista de primera línea, Abel Castañeda, el cual fue llevado enmarrocado a la Comisaría de Alfonso Ugarte. “Me han detenido y me han roto la cabeza”, relató el ciudadano en un video, donde se le puede ver con el rostro ensangrentado. 

 

Sobre ello, Mar Pérez, abogada de CNDDHH, acusó también graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron el día de ayer y advirtió que los efectivos no permitieron el ingreso de la defensa pública a la dependencia policial. “Manifestantes nos han relatado que incluso dentro del vehículo policial les venían dando cachetadas, estamos hablando ya de una situación que se repite en la mayoría de las detenciones. Nos preocupa muchísimo además que hasta el momento no llega la defensa pública, garantizando el derecho de todos los detenidos, desde el primer momento que la Policía les pone las manos encima”, señaló.

Hasta ahora, en total, se han reportado cerca de 190 heridos a raíz de las protestas, entre los cuales está un adolescente de 13 años de iniciales E.G.Q.N, menor que recibió un impacto de bala en el distrito de Chincheros, en la región Apurimac, y también Víctor Cuaresma Díaz, ciudadano que se encuentra con el rostro desfigurado. 

 

Choques parlamentarios prevalecen

Mientras las manifestaciones se desarrollan en todo el país, el Congreso sigue debatiendo el adelanto de elecciones. De acuerdo a las declaraciones de algunos parlamentarios, la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, argumentó que no se puede ceder a demandas de supuestos grupos violentistas que reclaman una jornada electoral inmediata, a pesar de la cantidad de heridos y civiles fallecidos. 

“No podemos ceder al chantaje de la violencia para tomar decisiones”, opinó en una entrevista con el medio Exitosa. 

Mientras que, la legisladora ayacuchana Margot Palacios, de la bancada Perú Libre y expresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, instó al cese de las armas de fuego y de bombas lacrimógenas que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía. 

“No podemos continuar en esta situación crítica. Por favor, paremos, por favor hasta cuándo van a estar muriendo más peruanos y peruanas, exigiendo que cerremos este Congreso, porque lamentablemente no nos quieren. No quieren que seamos sus representantes”, expresó.

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