La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) realizada en la Amazonía peruana, debido a la ausencia de una legislación clara y precisa que la rija, tiende a lindar entre la informalidad y la ilegalidad, permitiendo la vulneración de los derechos humanos y la violencia de género, pues expone a las personas a situaciones de trabajo precario y forzoso, e incluso a ser potenciales víctimas del delito de trata.
Esta situación se da en regiones como Madre de Dios, donde se concentra la tasa más alta de denuncias por violencia contra la mujer, quienes se ven relegadas a puestos asociados a roles tradicionales de género, colocándolas en una posición de desventaja económica y vulnerabilidad frente a situaciones de violencia, trata y acoso sexual.
En estas zonas de la MAPE no se reconoce el potencial de las mujeres para realizar actividades no tradicionales relacionadas con el manejo de maquinaria pesada y el control de operaciones, con las que mejorarían su posicionamiento en la cadena de valor del oro y se empoderarían, pues existen también oportunidades para el liderazgo femenino, dado que en Madre de Dios un 30 % de los títulos mineros están en manos de mujeres, de acuerdo a estudios realizados por USAID.
Esto ocurre principalmente por los acuerdos informales, así como a la necesidad de empleo debido a la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 que acentúa la informalidad y precariedad laborales.
La débil presencia del Estado en las zonas de la MAPE y la alta afluencia de personas indocumentadas en campamentos mineros impide que sus familiares puedan hacer reclamos formales en casos de accidentes, violaciones de derechos humanos o laborales.
Por estos motivos, el proyecto Prevenir de USAID plantea la adopción de la siguiente salvaguarda social: Respetar los derechos humanos y garantizar el bienestar de las personas, la cual sería una condición para que las personas vinculadas a la MAPE de oro, accedan a la certificación de oro responsable.
Esta salvaguarda implica que los titulares de las concesiones de la MAPE, adopten una política interna de trabajo en la operación minera para eliminar las prácticas que atentan contra los derechos humanos y fomenten violencia y desigualdad contra la mujer. Esto se viabiliza mediante el cumplimiento de las siguientes normas de conducta:
- No emplear niños y niñas menores de 15 años.
- Asegurar condiciones de higiene, seguridad y privacidad en instalaciones y viviendas (dormitorios).
- Asegurar provisión adecuada y diaria de alimentos.
- No aplicar ni apoyar castigos corporales, coerción mental o física, abuso verbal en las operaciones mineras.
- Llevar registro diario de las personas que están trabajando.
- Prohibir el endeude (enganche) o confiscación del DNI.
- Promover equidad de género mediante plan de capacitación técnica y administrativa que permita a mujeres acceder a otras actividades.
- Establecer un protocolo para casos de discriminación laboral, trata de personas, violencia de género y acoso sexual.
- Capacitar a todos los trabajadores y trabajadoras sobre protocolos laborales.
- Prohibir la caza, compra o venta de fauna silvestre viva o productos derivados.
Beneficios de la adopción de esta salvaguarda
Esta salvaguarda viabiliza la certificación de oro responsable para los concesionarios, así como el aumento en la productividad y menos riesgos asociados a conflictos.
Los/as minero/as que adopten esta salvaguarda deberán recibir apoyo financiero para mejorar instalaciones e implementar capacitaciones en los centros de operación minera, además se les deberá prestar servicios de asesoría en temas de protocolos y acciones contra discriminación laboral, violencia de género y acoso sexual.
Otro incentivo son las certificaciones promovidas desde la cooperación internacional y la sociedad civil vinculada con temas relacionados el género.
El papel de instituciones del Estado relacionadas con el tema, como la Defensoría del Pueblo, Fiscalía Especializada en Trata de Personas, Centros de Emergencia Mujer, RENIEC, SUNAFIL, entre otros, es fundamental para evitar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como la violencia de género, por lo que se debe asegurar una mayor fiscalización del Estado en estas zonas.
El estudio elaborado por el proyecto Prevenir, así como el documento completo de salvaguardas se encuentra aquí: Propuesta de salvaguardas para una MAPE ambiental y socialmente responsable en la Amazonía peruana.