La Ley Forestal y de Fauna Silvestre sigue en el ojo de la tormenta. En un episodio más librado recientemente, la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), Yamina Silva, ratificó el respaldo de su cartera al contenido de dicha norma frente al proyecto que promueve su modificación, el cual es impulsado desde el Parlamento.
Esta insistencia de parte del Poder Legislativo por desnaturalizar la norma mencionada persiste a pesar de los múltiples argumentos que han demostrado que de prosperar en su afán este terminaría por perjudicar la defensa ambiental en nuestro país, entre otras amenazas que afectarían a la población rural.
Recordemos lo que arguyó Silva en su reciente presentación ante la Comisión Agraria del Congreso de la República. En aquella ocasión sostuvo que el Poder Ejecutivo considera que el Minam, como autoridad ambiental nacional, debe mantener la competencia de aprobar la zonificación forestal, a fin de que dicho instrumento mantenga una visión integral y de sostenibilidad del territorio.
En ese sentido, advirtió que «la única disposición complementaria final (en la iniciativa presentada desde el Parlamento) representa una amenaza de deforestación al promover la titulación sin contar con el procedimiento técnico que permita determinar la aptitud de dichas tierras». De esta manera su cartera reiteró su oposición ante la iniciativa legislativa que pone en riesgo el patrimonio forestal y la diversidad biológica del país.
Lo que dicen los especialistas
INFOREGIÓN consultó la voz autorizada de personas conocedoras del tema quienes coincidieron en argumentar que la iniciativa impulsada desde el Poder Legislativo significará crear más problemas a la población que habita sobre todo en zonas rurales amazónicas. Además, se refiere que al insistir en la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el Parlamento no solo desoye la voz ciudadana, sino que también fomenta la impunidad en una serie de casos de deforestación causados a raíz de actividades ilegales.
«Lo que va a generar (la iniciativa del Parlamento) es más tensión en las poblaciones vulnerables», consideró la exministra del Ambiente, Lucía Ruíz, al sostener que los cambios que promueve el Legislativo van a dar más precariedad al ciudadano peruano del ámbito rural, sobre todo el amazónico, pues este se verá afectado, amenazado y vulnerado por quienes buscan el cambio del uso de las tierras bajo fines ilegales o informales.
Recordó que, normalmente, el Legislativo sostiene que es la voz de la ciudadanía, sin embargo, consta que esta ha levantado su voz en contra de su iniciativa. «Insistir en una norma que los pueblos indígenas están rechazando, sobre todos los amazónicos; insistir en una norma que los técnicos conocedores están rechazando; insistir en una norma que hasta el Midagri (a través del Serfor) rechaza, es ir en contra de lo que (el Parlamento) plantea en su discurso», arguyó.
Para el abogado especializado en materia ambiental, César Ipenza, el Legislativo busca que «hagamos borrón y cuenta nueva» y que como resultado de ello a las extensiones en donde se invadió, destruyó y deforestó se les declare como tierras aptas para la agricultura. Entre otras consecuencias, esto significará dejar en la impunidad los procesos penales que tiene la fiscalía por casos de grande empresas que han deforestado bosque primario y han generado plantaciones, advirtió.
Respecto a la posición del Minam, consideró que esta ha cumplido su deber de ratificar su rechazo a una iniciativa que a todas luces busca quitarle varias competencias en el asunto para que sean asumidas solo por el Midagri, del cual recordó que su enfoque es eminentemente de desarrollo agrícola, con la cual se dejaría de tener una visión integral del asunto desde la perspectiva de dicha cartera ministerial.