«Por primera vez el Perú está creando un impuesto especial al juego por Internet y apuestas deportivas con un impuesto del 12%, lo cual va a generar una recaudación anual al Estado aproximadamente de 156 millones de soles (unos 40 millones de dólares)», declaró el presidente Pedro Castillo durante la ceremonia en el Palacio de Gobierno de la firma de la ley.
Durante una sesión previa, auspiciada en el Palacio Legislativo, la legisladora Diana Gonzáles, quien inicialmente presentó el proyecto de ley, sentenció que esta permitiría a Perú y sus atletas nacionales beneficiarse de la actividad económica. Con esta medida, se prevé que se «permitirá al Estado contar con mayores recursos para cumplir sus obligaciones en materia económica y social», sino también representa un paso importante hacia la formalización de actividades que hasta día de hoy funcionaban sin ningún tipo de regulación ni fiscalización y que hoy incluyen todos los casinos online con licencia en los que puedes jugar desde Perú.
Una industria en necesidad de fiscalización
La medida tiene como primera ambición el apoyo a la escena deportiva peruana, a través de impuestos que el Gobierno será capaz de recolectar y distribuir. De esta manera, el monto que se recaude por este nuevo impuesto se distribuirá «de manera equitativa» entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Instituto Peruano del Deporte.
Asimismo, también se transferirá al tesoro público un 20% del total recaudado de apuestas deportivas y juegos de casino disponibles en Perú.
La iniciativa llega en una coyuntura en que organizaciones deportivas peruanas se van quejando de una reducción significativa a sus presupuestos anuales y, adicionalmente, cimentándose como un paso clave para un entendimiento regional que hasta el momento se ha mantenido indeciso en torno a las regulaciones de los juegos de azar y apuestas en línea.
Hasta el momento, los marcos regulatorios de países que han experimentado un crecimiento grande en la industria de los casinos y apuestas online se han centrado en la creación de mecanismos para que estas actividades no sean empleadas para delitos informáticos, fraudes y otros ilícitos. Estos marcos regulatorios y leyes, sin embargo, han sido demasiado tímidos.
Actualmente, se necesitan esfuerzos más grandes al respecto de la fiscalización y aporte tributario de las ganancias generadas de una industria que creció exponencialmente en la pandemia y cuyo ascenso, de no ser controlado a tiempo, dejaría desprotegidos a diversos actores sociales. En algunos vecinos sudamericanos como Argentina, por ejemplo, el control de estas actividades se da a nivel provincial y, si bien el Estado ha participado en la explotación de casinos con fines sociales en ciertas provincias, el resto del país no hay logrado beneficiarse de este crecimiento debido a una ausencia de una ley nacional.
Perú apuesta por la vanguardia
El caso mencionado ayuda a ilustrar cómo, en muchos sentidos, el éxito de la industria de casinos y apuestas en Perú se debe a una clara, precisa y fácil de implementar línea regulatoria, que centraliza el poder para la recaudación tributaria y ofrece un marco atractivo para potenciales inversores tanto nacionales como internacionales. En efecto, esta formalización ha atraído a muchos inversores, que ven en este sector un potencial para la generación de ganancias y ven con buenos ojos los fines sociales de dicha acción.
Las regulaciones peruanas distinguen claramente entre juego y apuestas. La ley define al juego de azar como ese que es basado en la suerte para determinar la ganancia del jugador, lo cual incluye tragaperras, loterías y juegos de casinos, como el bingo, la ruleta y otros.
Por otro lado, los juegos de apuestas requieren habilidad, conocimiento y talento, apoyándose en regulaciones más antiguas que ya tenían en claro esta diferenciación semántica. En Perú, apostar era ya regulado por la Ley 10245, que data de 1945, pero de manera meramente introductoria, y las apuestas de deportes, marco articulado por el artículo 1942 del Código Civil, eran un nicho que no poseía mayores restricciones.
El Presidente Pedro Castillo declaró que la aprobación de esta norma es «un claro ejemplo» de que, cuando un plural e inclusivo gabinete Ejecutivo y el Legislativo trabajan de la mano y ponen por delante los intereses del país, pueden «impulsar el crecimiento, el desarrollo, en beneficio de toda la ciudadanía».
A fin de cuentas, el Gobierno peruano, consciente de la importancia de reconocer, formalizar y regular el sector de apuestas, desarrolló un estricto y claro marco legal que permite a las compañías interesadas en licencias para casinos en Perú el desarrollar la actividad con toda certeza legal y, al mismo tiempo, un canal para que dichas empresas, que hasta el momento se mantenían ausentes de la conversación, pudiesen también participar en el crecimiento de la economía peruana.