Se ha cumplido exactamente un año de la firma del Acta de Consulta Previa del Lote 192 en Nuevo Andoas. Un acontecimiento que se dio al inicio del gobierno de Pedro Castillo, en medio de las festividades por el Bicentenario de la Independencia, y suponía una nueva etapa para los pueblos indígenas de las Cuatro Cuencas en Loreto. Medio siglo de actividad petrolera estaba por tomar otro rumbo. Sin embargo, actualmente el gobierno ha frustrado el diálogo entre incumplimientos, desplantes y falta de voluntad política.
Las organizaciones indígenas Fediquep, Feconacor y Opikafpe lograron asegurar en el Acta de Consulta Previa 67 importantes acuerdos para empezar a resarcir la contaminación y el abandono histórico del Estado y, a su vez, garantizar condiciones para una actividad petrolera responsable con su impacto. Pero durante los meses siguientes el gobierno ha incumplido plazos y se ha resistido a inaugurar las mesas de trabajo correspondientes. Los derrames han continuado y han generado contextos de emergencia ambiental y sanitaria.
Agotando las vías legales, en abril de este año, las organizaciones indígenas procedieron a iniciar una demanda constitucional contra el Estado interponiendo una Acción de Imcumplimiento. Del mismo modo, las comunidades afectadas por los derrames (35 para ese momento) denunciaron penalmente a Petroperú por la falta de atención y control.
El Plan de Salud Intercultural 2022-2026 fue uno de los acuerdos más prometedores del proceso ante la exposición de metales pesados y la precariedad de los servicios sanitarios, pero el Minsa y el MEF han negado el presupuesto arriesgando la vida de casi 500 comunidades quechua, kichwa, achuar, kukama y urarina. Por otro lado, los planes de remediación ambiental vienen siendo saboteados por los retrasos y la mala fe del Minem. Seguridad alimentaria, agua y saneamiento, titulación, son otros pendientes sin atender que se desprenden del Acta.
Los hechos indican que la paralización de la producción en el Lote 192 condiciona perversamente la voluntad del Estado para salvaguardar la vida y los derechos de los pueblos indígenas, como se ha argumentado en un último artículo sobre el caso. Aún peor, la inacción del Estado está acorralando a las comunidades a una crisis económica por la ausencia de empleo y al aislamiento entre ellas por el abandono de las carreteras.
Ya para inicios de año, las asambleas de las comunidades advirtieron mediante pronunciamientos que no permitirán la reactivación del lote si los acuerdos no son concretados. La situación, además, ha sido expuesta en medios regionales y nacionales constantemente.
A pesar de que las organizaciones indígenas respaldaron la elección popular de Pedro Castillo luego de la segunda vuelta, el gobierno le ha dado la espalda faltando a sus discursos de campaña. Las autoridades indígenas han tenido que viajar y tocar las puertas de la PCM una decena de veces sin respuestas claras, todo lo cual contrasta peligrosamente con el empeño del Ejecutivo para avanzar en la explotación de sus territorios.
Fuente: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caaap)