Madre de Dios: Más de 46 mil personas trabajan en la minería informal e ilegal

Más de 46 600 personas serían los involucrados en la minería ilegal e informal dedicada a la extracción de oro en Madre de Dios, de acuerdo con el estudio presentado por el Proyecto Prevenir de Usaid en el evento “Radiografía de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en Madre de Dios”. El estudio analizó esta actividad en un rango de más de 7300 km2 en dicho departamento.

Estos hallazgos superan significativamente las estimaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible en 2020, la cual calculó que 50 000 personas en el país se dedican a esta actividad y recomendó desarrollar más investigaciones. Así, el estudio de Prevenir revela que solo Madre de Dios abarcaría el universo total estimado a nivel nacional, información inédita e indispensable para tomadores de decisión y reguladores de la actividad.

Del total identificado en el área de análisis, se estima que unas 5888 personas trabajan en la minería formal, 31 390 en la minería informal y 9323 en la minería ilegal.

Los investigadores utilizaron una metodología de investigación indirecta, la cual consistió en el análisis de imágenes satelitales de muy alta resolución por parte de un equipo de expertos en tecnología geoespacial que identificó y clasificó 3551 áreas con maquinarias asociadas a la actividad minera, tanto informal como ilegal, según especificó Sidney Novoa, director SIG y Tecnologías para la conservación de Conservación Amazónica – ACCA, líder del equipo que elaboró el estudio, el mismo que servirá como un referente para futuros análisis.

A partir de este registro inicial, se aplicaron encuestas a 260 personas relacionadas a la actividad minera en Madre de Dios, a fin de estimar el número promedio de personas necesarias para operar cada tipo de maquinaria de explotación minera, tales como “tracas”, “carancheras”, “minidragas”, “chute”, volquete y cargador frontal, entre otros.

Informe sobre Corrupción en la MAPE: casos Loreto y Madre de Dios

Asimismo, se presentaron los resultados del estudio “Corrupción en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en la Amazonía peruana”, realizado también por el Proyecto Prevenir de Usaid, el cual refleja que no existen controles suficientes para la adecuada fiscalización y supervisión de este sector, lo que, sumado a una inadecuada regulación, lo hace vulnerable a la corrupción.

Este estudio, presentado por César Ipenza, del proyecto Prevenir, fue desarrollado en colaboración con el Environmental Law Institute (ELI) e identifica los elementos, evidencias y mecanismos de corrupción a lo largo de la cadena de valor de la MAPE en la Amazonía peruana tomando como casos de estudio a las regiones de Loreto y Madre Dios.

Se identificaron once riesgos de corrupción en los distintos ámbitos relevantes, tales como la regulación, territorialidad, acceso a financiamiento, capacidades técnicas, fiscalización, entre otros, y brinda propuestas concretas y recomendaciones para abordarlos desde las políticas públicas.

Estos estudios contribuyen a un entendimiento pleno y preciso de la dimensión de la actividad, así como de los factores y actores que facilitan su ilegalidad, destacaron los panelistas Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, y Víctor Hugo Pachas, especialista en MAPE de la Alianza por la Minería Responsable.

El informe muestra, también, las deficiencias en el Reinfo, las cuales contribuyen a que no existan incentivos adecuados para que los mineros informales completen su proceso de formalización.

Otra de las conclusiones es que la falta de normatividad sobre la trazabilidad del oro producido por operaciones MAPE formalizadas, informales e ilegales permite la ocurrencia de blanqueamiento de oro producido ilegalmente. Esta ineficiencia contribuye, asimismo, a que operadores informales e ilegales continúen sus actividades, ya que están logrando efectivamente y con impunidad transportar y comercializar el oro que producen.

Esta situación impacta negativamente en el ambiente, afectando también la salud pública y los derechos humanos de las comunidades que se nutren de los recursos de la Amazonía.