El Consejo de la Prensa Peruana ve como un atentado a la ciudadanía el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que crea el delito de difusión de información fiscal reservada sobre casos penales. Bajo una ley de este tipo, se sancionarían jueces, fiscales y policías que filtren información a periodistas antes de que un proceso llegue a juicio oral.
De convertirse en ley, esta iniciativa privaría a la ciudadanía de informarse sobre investigaciones de presuntos casos de corrupción, incluyendo aquellos que hoy se siguen contra el presidente Pedro Castillo, sus sobrinos, el exministro Juan Silva, exfuncionarios de su gobierno y otros gobiernos del pasado. Este proyecto de ley blinda a quienes hoy están involucrados en casos de corrupción, hechos que merecen ser de conocimiento de todos los peruanos. Implica, además, retomar una práctica fujimorista del Congreso disuelto, donde se promovió un proyecto de ley similar, y otro intento en el actual Congreso en marzo de este año.
Esta institución hace énfasis en que, con una ley como la que ha propuesto el Ejecutivo, no se hubiera alcanzado el grado de conocimiento y acercamiento a la verdad en el caso de corrupción Lava Jato, pues fue la prensa la que mantuvo a la ciudadanía informada a lo largo de todo el proceso. Sin salir a la luz, las investigaciones pudieron ser saboteadas o afectadas por intereses particulares. La impunidad hubiera prevalecido.
El Consejo de la Prensa Peruana rechaza tajantemente esta medida oscurantista y le pide al Congreso, si está realmente comprometido con investigaciones relacionadas a casos de corrupción, que no se sume al juego.