La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) presentó los resultados del Diagnóstico de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del ámbito de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, el cual muestra el estado actual de la infraestructura, eficiencia en el tratamiento, operación y mantenimiento de las PTAR.
El informe señala que existen 202 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Perú, de las cuales 171 se encuentran operativas. Esto quiere decir que el 85% de ellas cumplen con su función de remover las partículas contaminantes de las aguas residuales que provienen del uso de los servicios de agua potable y alcantarillado de las ciudades. Esto evita que lleguen a las fuentes de agua naturales como los ríos, lagunas, mares, etc. y contribuyendo con la protección del medio ambiente y la salud de la población.
Las PTAR operativas están en 31 de las 50 empresas prestadoras del país. Las empresas con mayor número funcionamiento se encuentran en Grau (Piura), Epsel (Chiclayo), Sedapal (Lima), Agua Tumbes (Tumbes) y Sedalib (Trujillo). En estas 5 empresas se concentra el 61% del total de PTAR operativas del país.
Un dato importante que revela el diagnóstico presentado es que, entre el 2016 y el 2020, el tratamiento de aguas residuales se incrementó en un 11.30%. Una de las razones que determinaron este crecimiento fue la puesta en marcha de la PTAR La Chira, en el 2016, destinada a tratar las aguas residuales provenientes de los distritos del sur de Lima y que están en el ámbito de Sedapal.
El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez Martínez, precisó que el estudio realizado por el regulador, con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo y la cooperación suiza -SECO, implementada por la GIZ, a través de Proagua II, recopila y analiza información clave para el sector saneamiento y espera que sea de utilidad para los gestores públicos, autoridades de los diferentes niveles de gobierno, empresas prestadoras, académicos y demás interesados en el tema.
“Estos esfuerzos deben traducirse en planes integrales que consideren no solo el financiamiento para cerrar la brecha de infraestructura, sino que incluyan varias líneas de acción como la mejora de las condiciones laborales para incentivar la contratación de más y mejores técnicos y profesionales; la evaluación, calificación y certificación del personal y la profesionalización de la gestión de las empresas prestadoras”, indicó.
De las 171 PTAR en funcionamiento, el 91% son operadas directamente por las empresas prestadoras, 7% son gestionadas por municipios y solo 2% son sacadas adelante por operadores privados por contrato de concesión o convenio. Por ejemplo, en el ámbito de Sedapal existen tres PTAR, cuya administración, operación y mantenimiento se encuentran concesionados a operadores privados a través de la modalidad de asociación público-privada. Estas son la PTAR Taboada, Provisur y PTAR La Chira.
Además, está el convenio suscrito entre la EPS Sedapar de Arequipa y la empresa minera Cerro Verde para el manejo de la PTAR La Enlozada. La empresa minera se comprometió a realizar el diseño, la construcción y la operación de la planta por un periodo de 29 años. Hoy, existen diferentes proyectos para incrementar la participación de las empresas privadas en la gestión de las aguas residuales, ya sea a través de contratos de APP, obras por impuestos o convenios específicos.
Economía circular
La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento permite comercializar el agua residual tratada, residuos sólidos y subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales, con fines de reúso.
Bajo esta perspectiva cobra fuerza el concepto de la economía circular, que no solo busca reducir la contaminación de los cuerpos de agua, sino también revalorizar los subproductos que se generan en ella. En ese sentido, las aguas residuales son y deben considerarse un recurso valioso a partir del cual pueden generarse nuevos recursos que pueden ser aprovechados en los sectores industrial, agrícola, riego, uso recreativo o para la recarga de las fuentes de agua, informó la Sunass a INFOREGIÓN.