Día Mundial del Medio Ambiente: Quienes protegen la tierra sufren la indiferencia de las autoridades

“Yo me he hecho varias veces la misma pregunta”, responde Demetrio Pacheco a la interrogante que quizás muchas personas le formulan: ¿por qué seguir defendiendo los bosques a costa de tu vida?  Y es que con motivo de conmemorarse nuevamente el Día Mundial del Medio Ambiente es dable reflexionar sobre aquellos protagonistas que han dado hasta sus vidas por conservar un ambiente saludable para todos.

Con la voz de alguien que se esfuerza por sonreír cada día, Pacheco contesta su teléfono y al otro lado de la línea, el actual vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, y padre de Roberto Carlos, uno de los tres defensores asesinados en Madre de Dios, explica lo que para muchos resulta inexplicable: el seguir defendiendo los bosques de la Amazonía a pesar de las amenazas constantes y que el peligro que representa hacerlo es cuestión de compromiso. 

Demetrio tiene 66 años y a su edad, afirma, ya no tiene otro propósito más que cuidar la tierra que tanto le da a él, a su familia y al mundo entero. “Mis hijos me dicen qué ganas haciendo esto, deja la concesión y entrégasela al Estado. Pero el tiempo ha hecho que me dé cuenta del valor que tiene el bosque, no solo para mi beneficio sino para la sociedad. Es muy difícil que yo dé un paso atrás”, señala. 

Añade cómo varias personas ven en él a un asiduo protector del bosque, pues recibe consultas sobre qué hacer ante un caso de invasión o el avance de actividades ilícitas. Él siempre les responde que deben apelar a la ley que les otorga el Estado: denunciar ante autoridades como la Policía Nacional y el Ministerio Público, el cuál deriva el caso a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para seguir el debido proceso. Sin embargo, el gran problema es la falta de esa misma justicia en la que tanto trata Demetrio de confiar. 

Un tema tomado a la ligera por las autoridades

Demetrio denuncia que algunos fiscales de la zona de Madre de Dios no están capacitados en materia ambiental. Alega que esto da como resultado la indiferencia hacia quienes exponen sus vidas ante la invasión de sus tierras, así como la impunidad hacia aquellos que invaden los bosques y se benefician de su deterioro. 

En el 2019, Ana María Trillo, de la Fiscalía Ambiental Especializada en Materia Ambiental (FEMA) dijo que mientras no haya jueces concientizados no habrá justicia. “[Algunos jueces] te dicen: ‘Pero solo son diez aves, en el bosque hay miles’. También sucede en el caso de la tala ilegal. ‘Esa madera solo proviene de tres árboles’, considerando los miles de árboles que existen en la Amazonía. Entonces, esa visión, esa conceptualización de la importancia que tiene la protección del medio ambiente todavía en nuestro sistema judicial es muy pobre, falta mucho por caminar y eso impide que se vean resultados efectivos”, comentó la fiscal la para Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). 

Don Apolinario, padre de Juan JulioFernández(defensor ambiental asesinado) observa como sus tierras y animales se ven rodeados por la minería ilegal. Foto: Manuel Calloquispe (INFOREGIÓN)

Latinoamérica representa la región más peligrosa para los defensores ambientales. La organización internacional Global Witness, en un informe anual reveló que el año 2020 fue el más letal en cuanto a homicidios contra los defensores con 227 asesinatos con respecto a 212 registrados en el 2019. 

El Perú registró 18 asesinatos de defensores ambientales desde que comenzó la pandemia. El último fue reportado el pasado 19 de abril, cuando Ulises Rumiche Quintimari, líder amazónico y defensor ambiental, fue hallado muerto en la carretera Naylamp de Sonomoro, provincia de Satipo, región Junín. Tras haber sostenido una reunión con la viceministra de Poblaciones Vulnerables del Midis, Grecia Rojas, donde se trató el desarrollo territorial del Vraem, Ulises recibió un disparo en la cabeza.  

El pasado 21 de marzo, Juan Julio Fernández fue hallado sin vida dentro de la vivienda de su hermano tras recibir dos impactos de bala en el cuerpo. Una investigación publicada a finales de 2021, en INFOREGIÓN, expuso las amenazas que recibía Apolinario Fernández Barrientos, padre de Juan Julio. Esta familia protege su tierra agrícola que está siendo invadida por la minería ilegal en La Pampa, situada en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios. 

«EL año 2020 fue el más letal sobre homicidios contra los defensores ambientales»

Volviendo a Demetrio, afirma que también ha recibido constantes amenazas. En una ocasión dejaron una bala en la mesa de su casa. A su hijo Roberto Carlos, antes del trágico suceso, ya le habían apuntado con una escopeta en el pecho. Pacheco padre denunció el hecho como muchos defensores que acuden a las comisarías a exponer las amenazas que reciben. Sin embargo, poco o nada se hizo para salvaguardar sus vidas. La protección nunca llegó y el 10 de septiembre del 2020, la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de Roberto Carlos Pacheco, defensor ambiental e hijo de Demetrio.

“He tenido que acudir a instancias nacionales para expresar mi preocupación ante la inercia del proceso [sobre las investigaciones de la muerte de Roberto Carlos, su hijo], comenta Demetrio. 

A pesar del peligro constante, los defensores ambientales continúan en su lucha. Se recuerda que en el 2021 la lideresa indígena de la comunidad Bora, en la región Loreto, Liz Chicaje, recibió el premio Goldman, llamado también el “Nobel Verde”, debido a su impulso y participación para la creación del Parque Nacional de Yaguas, lugar que posee casi un millón de hectáreas de bosques en la Amazonía peruana.

“Defender mi comunidad es algo que nace de mi ser. Recuerdo que mi mamá o mi abuela me contaban que ya en 1982 fue el profesor Leonido López Chicaje, que en paz descanse, ya venía desde esa época enfocándose en ese tema [ambiental]. Él decía que teníamos que organizarnos porque íbamos a ser invadidos por foráneos, o que el mismo Estado iba a imponer nuestro territorio”, comentó Chicaje para INFOREGIÓN. 

Liz Chicaje con el Premio Goldman. (Fotografía: Goldman Environmental Prize)

Pero Liz no solo estuvo contenta con recibir dicho conocimiento. También expresó su preocupación sobre las amenazas que recibe. Ella declaró para el medio periodístico Ojo Público sobre las querellas a las que tuvo que hacer frente. “La amenaza que tuve que enfrentar vino de los señores que trabajaban en la minería ilegal en la cuenca del Putumayo. Yo le pedía a diosito que les hiciera entender cuál es la mejor forma de trabajar sin arriesgar las vidas. Los patrones me ofrecían muchas cosas. Los que compraban coca me decían ‘te podemos dar una movilidad, un bote’. Pero las amenazas no venían de ellos, sino de los mismos comuneros. Me dijeron que si no quería morir, mejor no me meta, que me callé la boca porque ellos eran los que mandaban. Pero igual me ponía fuerte”, señaló. 

A pesar de estos clamorosos hechos, existe una total indiferencia por quienes deberían proteger, por ley, a aquellos que son constantemente querellados. Demetrio Pacheco explica que debido a la inestabilidad laboral por parte de los gobiernos regionales, muchas de las denuncias almacenadas en las carpetas donde deberían estar los expedientes se pierden por el cambio de gerencias. “Hay varios casos donde han tenido que rearmar expedientes. A veces uno va a ver cómo sigue su caso y le dicen ‘pero el denunciante nunca más apareció’. Yo les respondo que son las entidades que deben hacer las investigaciones, pues el bosque es patrimonio de la nación, para eso están ustedes [las autoridades]”. 

«EL bosque ha servido como medio de campaña para su beneficio” 

No obstante, existen autoridades que ponen por encima sus intereses antes que el bienestar colectivo. Demetrio afirma como el bosque sirve de medio para realizar campañas políticas. Tal es el caso del actual congresista por la región Madre de Dios, Eduardo Salhuana, quien tiene alianzas con actividades ilícitas, como con la minera ilegal.

Cuando Demetrio trata de explicar las implicaciones de su situación muchas veces lo increpan. “Oye señor: usted no me va a enseñar”, le recriminan las autoridades. Es así como el problema se encarna en la indiferencia y la falta de seguimiento a denuncias interpuestas por defensores y víctimas de amenazas. Existe una falta de preocupación, no solo por quienes están siendo amenazados de muerte, sino por quienes se preocupan por la invasión de sus tierras.

Una ratificación en espera 

Es sabido que el Perú tiene un alto índice de conflictividad en varias de sus regiones. Según la Defensoría del Pueblo, la mayoría de estos conflictos son de carácter socioambiental. En la lucha por el cambio climático, son las defensoras y defensores quienes se vuelven en actores imprescindibles para generar conciencia y exigir justicia. Nadie puede negar que quienes defienden los bosques nos han enseñado a cuidar el ambiente y preocuparnos por él. 

Por ello, en nuestro país se busca de parte del Parlamento la ratificación del Acuerdo de Escazú, una herramienta para la protección del ambiente y los derechos humanos. Este tratado internacional se basa en garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.  

La importancia de este acuerdo radica en la incursión de la protección efectiva de los defensores del ambiente para que puedan actuar sin amenazas, sin restricciones y con seguridad. Además de respetar a los pueblos indígenas y comunidades locales con el derecho a la consulta previa en el proceso de toma de decisiones ambientales en su territorio.  

Sin embargo,  parece no quedar tiempo para muchos defensores, quienes enfrentan un alto peligro. El pasado 23 de mayo, el embajador del Reino Unido en el Perú, Gavin Cook,  conversó con personas defensoras de derechos humanos del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Entre ellos estuvo Demetrio. Él señala que expuso su preocupación por la inacción de las instituciones encargadas de cuidar a quienes protegen los bosques. «El Estado de derecho en nuestro país es puro papel, en los hechos no se ve. Actualmente se sigue observando la destrucción del bosque», comenta Demetrio.

El narcotráfico, la sobreexplotación de recursos naturales, junto a la minería y tala ilegal, son los más grandes problemas que generan amenazas hacia las y los defensores ambientales. Con el fin de neutralizar esos problemas es que se crea el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, mientras la indiferencia reine a sus anchas, los defensores seguirán en peligro y siendo abatidos. Con motivo de una nueva conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, exigimos que nadie más deba morir por proteger la tierra. 

TEXTO: Gabriela Coloma (INFOREGIÓN)