En el marco del Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria, la Defensoría del Pueblo estimó oportuno reconocer la valiosa e importante contribución de las mujeres indígenas a sus familias, a la comunidad y al desarrollo del país. En ese sentido, la institución señala que aún se requiere que el Estado diseñe y gestione políticas públicas que tomen en cuenta sus necesidades, debiendo para ello contar con información que incluya las variables de pertenencia étnica y género.
Asimismo, ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales, urge que se elabore una agenda pública que visibilice la importancia de representación de las mujeres indígenas, principalmente en cargos públicos a nivel nacional y subnacional. Como se ha podido advertir, entre los procesos electorales del 2006 al 2018, de 79 consejeros regionales electos, solo 24 fueron mujeres, mientras que apenas 60 mujeres fueron regidoras provinciales de 362 regidurías electas por cuota indígena.
Ante ello la Defensoría consideró que es esencial que se promueva una mayor participación política de las mujeres indígenas en periodos electorales. En las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022, es importante que las autoridades garanticen la rigurosidad en el cumplimiento de las normas, principalmente de la cuota indígena, y se promueva la paridad y alternancia en los cargos, a fin de lograr la inclusión estratégica de las mujeres indígenas.
Para la Defensoría del Pueblo, la elección de una mujer indígena en un cargo público permite asegurar la inclusión de sus prioridades de desarrollo en el proceso de toma de decisiones y en la generación de políticas públicas nacionales y regionales, asimismo, permitirá la construcción de una gestión estatal que contribuya a visibilizar sus necesidades y adoptar medidas que garanticen sus derechos individuales y colectivos.
Otro de los temas prioritarios y de especial preocupación para la Defensoría del Pueblo es asegurar el acceso a la educación básica de las niñas y adolescentes indígenas. Lamentablemente, a la actualidad, la situación de desventaja y afectación a este derecho no ha cambiado, en tanto aún continúan los altos índices de embarazos en adolescentes de pueblos indígenas amazónicos, lo que viene generando deserción escolar y riesgo a su vida y salud y la del neonato.
En razón de ello, debe recordarse que existe la obligación del Estado de garantizar, a través de los ministerios de Educación y Salud, acciones para fortalecer una Educación Sexual Integral con pertinencia cultural hacia las niñas y/o adolescentes indígenas, a fin de garantizar sus derechos a la salud y educación.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó a los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y al de Cultura a fortalecer la articulación en la implementación de las políticas, a través de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género (Conaig) y en permanente coordinación con la Mesa de Trabajo para promover los Derechos de las Mujeres Indígenas u Originarias, con el fin de reducir las brechas que limitan a las mujeres indígenas el goce de sus derechos.