SAN MARTÍN. El Gobierno Regional San Martín, mediante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), realiza coordinaciones con varias entidades involucradas en la interdicción de actividades mineras ilegales que usan dragas en el cauce del río Huallaga (Bajo Huallaga), en los sectores de Miraflores, centro poblado Pucallpa, del distrito Huimbayóc y el puerto del centro poblado de Yarina, del distrito de Chipurana, provincia de San Martín.
Se citó como ejemplo, la participación de la entidad regional, de manera conjunta con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín – sede Juanjuí, la Policía Nacional del Perú y la Autoridad Nacional del Agua, en las acciones de interdicción contra la minería ilegal del 24 de marzo pasado en el caserío Loboyacu, distrito de Santa Lucia, provincia de Tocache. Allí se destruyó una draga y se decomisaron herramientas usadas en la actividad ilícita.
Igualmente, se informó que de forma permanente la DREM desarrolla fiscalizaciones de las actividades mineras en las diferentes provincias de la región San Martín, como mecanismo de lucha contra la minería ilegal y el trabajo encaminado a asegurar la gestión responsable de los recursos mineros.
En el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal está prohibido el uso de dragas y artefactos similares en los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales; así como bienes, maquinarias, equipos e insumos usados en actividades mineras ilegales. Todo ello va establecido en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en el país.
Asimismo, el artículo 7 del dispositivo legal mencionado, indica que la interdicción está a cargo del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas-Dicapi. Dichas acciones incluyen, por un lado, el decomiso de los bienes, maquinaria, equipos e insumos prohibidos, así como los utilizados para el desarrollo de actividades mineras ilegales, los mismos que serán puestos a disposición del gobierno nacional.
De otra parte, se realiza la destrucción o demolición de bienes, maquinarias o equipos listados en el artículo 5º de la misma norma, que por sus características o situación no resulte viable su decomiso, informó el Gobierno Regional de San Martín a INFOREGIÓN.