COLOMBIA. Recientemente se realizó en Colombia, la II Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de la Vida Silvestre. El evento, al igual que la primera conferencia realizada en el Perú, buscó sumar compromisos y acciones de los países para luchar contra la problemática que amenaza la vida y el hábitat de especies de flora y fauna de todo el mundo.
Al inicio del evento, Carlos Eduardo Correa, ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (Minambiente), sostuvo que “hoy estamos viendo que es uno de los negocios más rentables del planeta, que mueve entre 20 mil y 40 mil millones de euros anuales, el tráfico de fauna y gran parte de esa fauna se va de nuestros países, de nuestros bosques”. Por ello, hizo un llamado a los países para trabajar en conjunto y así realizar acciones duraderas en el tiempo para proteger los bosques y la biodiversidad que son el mayor patrimonio de la humanidad.
De igual manera, el representante de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), Pierre Lapaque, mencionó que “es necesario dar una respuesta al comercio ilegal de especies, ya que es trasnacional y representa uno de los delitos más lucrativos del mundo. Ante este desafío global debemos ser contundentes y unir esfuerzos entre los países para generar acciones conjuntas que impacten efectivamente a las organizaciones criminales”.
Contexto sobre comercio ilegal de especies en América
El primer bloque de presentación del evento discutió sobre las causas que hacen que las dinámicas actuales de comercio ilegal de vida silvestre sean un crimen grave en América Latina y cómo esta actividad ilegal genera un impacto sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad humana.
En ese contexto, Jane Goodall, experta en conservación y antropóloga, mencionó que el tráfico, al transportar a las especies en condiciones no higiénicas, facilita que los patógenos migren hacia los humanos generando enfermedades zoonóticas como el virus del Covid-19 que ha afectado al mundo. Por ello, es necesario hacer frente a los responsables del tráfico.
En el tema, Angela Me, representante de Unodc, destacó que es importante tener en cuenta las tecnologías, pues no solo nos ayudan a tener un mejor registro del tráfico de especies, sino que también permite que los traficantes se comuniquen mejor y aprender a cómo comercializar y ser cazadores furtivos, por lo que es una amenaza que debemos saber cómo hacerle frente.
En tanto, Yovanna Murillo, miembro de la WCS, dijo que en países andino-amazónicos, “en muchos casos, hay una interacción entre el comercio legal y el comercio ilegal produciendo algunas situaciones de apertura para el potencial lavado de animales.” A su turno, Mauricio Cabrera de WWF Colombia, resaltó que las actividades ilegales y legales convergen por medio de aspectos como la corrupción y el crimen organizado, los que permiten que factores como el tráfico de árboles y de fauna, así como de minería ilegal y tráfico de tierras se sigan perpetuando.
Avances en política pública contra el tráfico silvestre desde la Declaración de Lima
El segundo bloque del evento se desarrolló con el objetivo de conocer avances en la implementación de los compromisos adoptados en la Declaración de Lima y resaltar buenas prácticas y políticas públicas de la región en el cumplimento de las metas. Asimismo, buscó revisar y agregar algún compromiso al documento mencionado.
En el bloque participó Adrián Reuter, de la WCS, que realizó una presentación general de los resultados de la evaluación y avances en la implementación de la Declaración de Lima. Los resultados determinaron que hubo avances en el combate a la corrupción y en programas educativos para la protección de la vida silvestre, a pesar de la pandemia.
“También han avanzado en el fortalecimiento de redes de cooperación en cuanto a compromisos bilaterales para combatir el tráfico de vida silvestre. En cuanto a la sociedad civil, la mayoría de los países ha sumado esfuerzos para generar conciencia, capacitación y participación de las comunidades locales para contribuir en la conservación de los recursos naturales”, destacó.
Por otro lado, Reuter indicó que uno de los retos que tienen los países de las Américas es que el furtivismo y el comercio ilegal de vida silvestre sean considerados como delito graves, ya que en muchos países las penas son menores a los cuatro años de prisión, lo que no contribuye a la lucha.
Tráfico de vida silvestre y crimen organizado
En este bloque se analizaron las tendencias, los nexos de tráfico de vida silvestre y el crimen organizado en las Américas. También se buscó presentar perspectivas sobre cómo abordar estos delitos graves en las legislaciones y regulaciones nacionales para aplicar penas y multas que sean más consistentes con la gravedad del delito.
Al respecto, el Mayor General Fernando Murillo, de la Interpol en Colombia, comentó sobre lo importante que es sancionar con pena privativa los casos de tráfico porque evitan la impunidad y la corrupción. Remarcó la necesidad de saber que ahora las organizaciones criminales son trasnacionales que se mueven por diferentes plataformas en internet, por lo que se requiere un trabajo de fiscalización e investigación en coordinación con autoridades y entidades internacionales para neutralizar las estructuras de esas mafias.
En ese sentido, Vicente Athayde, juez federal de Brasil sostuvo que lamentablemente el tráfico ilegal en ese país es penado con detención de 6 meses a un año, por lo que se considera como una infracción penal de menor potencial ofensivo. Ante ello y para cumplir con los acuerdos, los jueces y profesores de la facultad de Derecho propusieron al Congreso del país una modificación de esa ley actual para mejorar y ampliar las penas en relación a crímenes de tráfico internacional y local de animales silvestres. Sin embargo, esta aún no se aprueba, por lo que pidió a los participantes hacer un llamado al Congreso para modificar esta ley de fortalecimiento tan necesaria.
A su turno, el director ejecutivo encargado del Serfor en el Perú, Hilario López Córdova, explicó sobre los avances y acciones estratégicas desarrolladas por el Estado para la lucha contra el comercio ilegal de fauna silvestre. En el marco de la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, el funcionario sostuvo que “estamos en el año cuatro de la implementación y se ha logrado cumplir con el 60% de los indicadores del resultado de Plan de Acción 2017-2022. El objetivo uno ha logrado la mayor ejecución, que se refiere a lo que es la educación y la sensibilización, y difusión de información con respecto a la fauna silvestre”.
También informó que actualmente existen esfuerzos para combatir este crimen, como la propuesta de ley para incluir el delito de tráfico de especies de fauna silvestre terrestre, acuática y sus recursos genéticos contenidos en ellas, en la Ley contra el crimen organizado, Ley N° 30077. Añadió que debido a que el comercio ilegal afecta a más de 300 especies, entre anfibios, reptiles, mamíferos y aves, “como parte de la política de gestión, contemplamos la elaboración de planes de conservación de especies amenazadas de extinción, como un esfuerzo para evitar el detrimento de las poblaciones silvestres”.
Modelos de procesos de rehabilitación de fauna silvestre
Shirley Ramirez Carvajal, del Ministerio Medio Ambiente en Costa Rica, señaló que la mayoría de animales víctimas del tráfico ilegal mueren en la vía de comercio, cifra que dependiendo de la especie puede llegar hasta un 85% de mortalidad. En ese contexto, añadió que el proceso post decomiso es importante, pues las autoridades encargadas de rescatar a esos animales deben estar capacitados para tratar a cada especie según sus necesidades para evitar que mueran.
“La liberación de la fauna silvestre no es solo la liberación y listo, puede ser muy bonito para la foto o medios de comunicación, pero se necesita planeamiento técnico científico y monitoreo, porque si no tiene un proceso de readaptación y rehabilitación puede ser recapturado o puede morir”, finalizó.
Por su parte, Andrés Felipe García, director de Cormacarena en Colombia, mencionó que “para determinar cómo es ese proceso de liberación es necesaria una formación, una valoración biológica, técnica y comportamental de capacidades para volver a tener esta especie de nuevo en su hábitat natural”.
Avances en control y prevención de tráfico ilegal de flora
En este bloque se discutió sobre ejemplos de colaboración en prevención y control de tráfico ilegal de flora, así como también se compartieron modelos de éxito y retos. En la temática participó Arnold Rincón López, director de Codechocó, en Colombia, sobre el aprovechamiento forestal sostenible en Chocó. Asimismo, Jon Paul Rodriguez, presidente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de IUCN, contó su experiencia con el decomiso de especies de flora a través de la operación Atacama y el estándar Fairwild.
A su turno, Alonso Córdova, representante de WWF Perú, quien trabaja en estrategias Redd +, explicó que “el 37% de la madera que se extrae de los bosques peruanos es ilegal. Respecto al caso de los predios privados la ilegalidad se estima en un 25% y para los casos de comunidades campesinas y nativas estamos hablando del 30%, según los últimos informes de Usaid durante el 2020. Estamos estimando que el 85 % de la madera ilegal que se extrae en el Perú tiene como destino un mercado local y solo un 15 % podría estar yendo a la exportación”.
Por esta razón, José Ugarte, de la Red Cite del Ministerio de la producción del Perú, expuso el caso en particular del sistema Xilotron, el cual ayuda a identificar las especies de madera en el campo, que a su vez, permite hacer frente al tráfico de especies de flora en el país.
Avances en fauna marina: El caso de los tiburones
En el ámbito de la fauna marina, Carlos Polo, asesor especialista en el Ministerio de Ambiente de Panamá, señaló que los tiburones son necesarios de conservar porque tienen una característica de vida bastante particular, como el hecho de reproducir pocas crías, lo que los vuelve muy vulnerables a ciertas actividades. “Una de las principales amenazas que tiene este grupo es la sobrepesca, que los tiene casi extintos. En los últimos 3 años, se han venido incrementando estudios y se ha demostrado que más del 70% de las poblaciones de tiburones vienen en descenso desde hace más de 30 años.” En ese sentido, dijo que desde las Cites se puede regular su comercialización y proponer medidas de control en diversos países.
Fernando Rey, del programa de océanos y pesquería del WWF Ecuador, enfatizó que falta información sobre la mayoría de las especies de tiburón. “Entonces es importante que se articulen medidas a nivel regional para compartir información y hacer estudios. La mejor herramienta son los organismos regionales de ordenamiento pesquero y es importante que cada país desarrolle sus modelos de monitoreo no solo para la flota industrial, sino también para la flota artesanal, para determinar si estas especies se pueden o no comercializar de forma sostenible”
A su turno, Carmen Heck, directora de políticas de Oceana Perú, remarcó que nuestro país no cuenta con una lista de especies acuáticas amenazadas, por lo que no contamos con estrategias o medidas para conservar estas especies. “Solo tenemos dos especies que se consideran protegidas, que son las manta rayas y los tiburones ballena, pero más allá de una prohibición de pesca o comercialización, no hay una estrategia para conservarlas o para recuperar estas especies. Entonces consideramos que este también es un punto muy importante, pensar en cuál es el enfoque para conservar estas especies en cada país.”
Jaguar: Avances en ciencia, investigación e información
Esteban Payan, experto en Jaguares en Colombia, dijo que uno de los grandes retos en el sistema de monitoreo de tráfico de jaguar son la falta de medidas consistentes que permitan medir. Aclaró que, debido a que los hechos se producen en zonas alejadas, hay impedimento en la identificación de cuándo es una cacería accidentada, como por retaliación de ataques de ganados, y cuando no.
Al respecto, Renata Cao, de WWF México, resaltó que el tráfico de jaguares se da por cuestiones oportunistas. “No se da porque tengamos una demanda, sino más bien porque hay una oferta y cuando existe una oportunidad de vender, estas partes se venden. Entonces para reducir el tráfico de jaguares lo que se busca es reducir el conflicto entre humanos”, sostuvo.
Doris Rodrigues, de Serfor, habló que desde el gobierno peruano se siguen haciendo esfuerzos para registrar la extracción de jaguares. “Hay muchas prioridades de investigación que hacer en el monitoreo de la fauna, pero también en el impacto de la fragmentación del hábitat. Necesitamos saber cuál es el impacto de esta situación, también realizar registros estandarizados para saber las tendencias de donde hay mayor incidencia de los conflictos con el jaguar y su caza furtiva”, mencionó.
Por su parte, Melisa Arias, representante del Cites, resaltó que uno de los desafíos se encuentran en las redes sociales, en cómo evitar la comercialización de jaguares por ese medio y cómo investigar a grupos virtuales o cerrados. “El desafío no solo surge de la falta de información de tráfico sino de la falta de datos robustos, biológicos y ecológicos de las especies y la confluencia del impacto de otras amenazas como la deforestación y la eliminación de sus presas”, dijo.
Jaguar: Avances en la aplicación de la ley y gobernanza
En el evento se abrió un bloque de discusión para identificar medidas a seguir en torno al conjunto de decisiones relativas al jaguar, las cuales fueron presentadas en el marco de la última reunión del Cites y que serán objeto de análisis y aprobación en la próxima COP 19 de Cites.
En ese ámbito, Carlos Castro, fiscal de Maynas del Perú, mencionó con respecto al país, que solo los delitos de minería ilegal y de tráfico de productos forestales maderables son considerados como crimen organizado en materia ambiental. Por esta razón, también debe incluirse como un delito de asociación ilícita el tráfico de productos de fauna silvestre, lo cual, a su vez, permitiría una investigación robusta de los delitos.
Por su parte, Ricardo Moreno, asesor especialista de Ministerio de Ambiente de Panamá, destacó la importancia de incluir a las comunidades en estrategias de lucha contra el tráfico de la vida silvestre y la necesidad de trabajar en cada país los planes de conservación, de monitoreo permanente y de definición de corredores biológicos trasnacionales transfronterizos, en donde se sumen esfuerzos de todos los actores.” Esta suma genera que los 19 países del área de distribución del jaguar podamos tener una mayor cobertura. Les invitamos a todos a apoyar este esfuerzo que lo estaremos trabajando con todo el área de distribución para verlo en la COP19 en Panamá”.
Buenas prácticas de comunidades para reducir el comercio ilegal
El bloque de las prácticas de las comunidades compartió los aprendizajes de participación, liderazgo y colaboración entre comunidades locales, autoridades ambientales, entidades de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Este bloque se desarrolló para lograr cambios en prácticas de uso y aprovechamiento de vida silvestre con el fin de enfrentar este delito de una manera coordinada, eficaz y urgente.
Al respecto, Carlos Andrés Hinojosa, representante de las comunidades locales de pescadores en el Pacífico colombiano, informó que “nada es posible si no existe el sentido de pertenencia y la apropiación desde el liderazgo por la defensa del territorio. Esa es la base fundamental para construir acciones encaminadas a cuidar y proteger nuestro recursos naturales”.
Declaración de Buckingham Palace y Declaración de Mansion House
En el evento se celebró una pequeña ceremonia en donde se firmaron las declaraciones que comprometen la cooperaciones del sector privado, especialmente de empresas de transportes y del sector financiero de Colombia para luchar contra el tráfico ilegal de vida silvestre.
El embajador británico en Colombia, Tim Hemmings, en representación del Duque de Cambridge, comentó que “unir esfuerzos con el sector privado es crucial, creando alianzas con empresas traemos nuevas voces a la discusión sobre conservación para identificar e implementar soluciones. A través de la firma de las declaraciones de Buckingham Palace y Mansion House, impulsadas por la Fundación Real y United For Wildlife, las empresas presentes en esta ceremonia se comprometen precisamente a eso, a ser parte de la solución”.
Cabe señalar que, en el evento se abordaron diversos compromisos y temas como el avance de Costa Rica en el combate del tráfico ilegal de vida silvestre, el comercio ilegal y riesgos para la salud humana, el rol y compromisos del sector financiero y de transportes en la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre, estrategias acerca del intercambio de información que fortalezcan la cooperación regional en el abordaje de tráfico ilegal de vida silvestre, entre otros.