La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 216, correspondiente al mes de febrero de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 203 conflictos sociales registrados (157 activos y 46 latentes), cinco más en relación al mes anterior. También aumentaron las acciones colectivas de protesta.
Casos nuevos
En el mes de febrero se incorporaron cinco conflictos sociales, de los cuales tres son de tipo socioambiental. Uno se desarrolla en Cusco, donde la comunidad campesina de Urinsaya exige a la empresa minera las Bambas y al Gobierno nacional que sea declarado como área de influencia directa ambiental y social.
Los otros dos se registran en las regiones de Moquegua y Piura; en el primero de ellos, la comunidad campesina de Tumilaca-Pocota-Coscore-Tala demanda una compensación económica y el pago anual por el uso de sus tierras como botaderos por parte de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation.
La comunidad campesina señala que los botaderos afectan el medio ambiente y fueron instalados en su territorio sin el permiso de la comunidad; en el segundo, las/os ciudadanas/os de las localidades de Chusis y Miramar, de la provincia de Sechura de la región Piura, manifiestan su temor ante la posible afectación a los ecosistemas de Sechura y exigen a la empresa Gases del Norte del Perú (Gasnorp), que presenten un Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) para que procedan con la instalación de las líneas troncales de distribución de gas de alta presión en la provincia.
Otros dos nuevos conflictos son de tipo por asuntos de gobierno nacional y gobierno regional. Uno se registra en Amazonas, donde las organizaciones sociales demandan a las autoridades del Gobierno nacional tratar la problemática de la ejecución de la vía Corral Quemado – La Calzada, porque la empresa Consorcio Abra Lajas, encargada de la ejecución, no estaría realizando un trabajo adecuado. El otro se registra en Piura, donde la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico del Valle Alto Piura demanda al Gobierno Regional de Piura la implementación de medidas que conlleven a una mejor conducción y ejecución célere del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP).
Casos resueltos
En febrero se resolvieron dos conflictos de tipo socioambiental. Uno involucra a la comunidad campesina de Huayllay, en el cual la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento, a través de información proporcionada por representantes de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, que los actores primarios habrían venido sosteniendo reuniones de carácter bilateral, para la atención de las demandas y reclamos formulados.
Otro conflicto se registró en Pasco, donde la comunidad campesina de Yarajhuanca demandaba a la empresa Aurex el pago de la deuda por concepto de servidumbre, además de otros conceptos adeudados desde el 2019. La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento que después de la última reunión de diálogo entre los actores primarios, llevada a cabo el 24 de noviembre de 2021, en la que se acordó que el cronograma de pagos se establecería entre las partes, no se ha vuelto a tener información de nuevos hechos que evidencien una contradicción entre las percepciones de los actores primarios. Según ha informado la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Pasco, en dicha reunión bilateral se habrían llegado a acuerdos entre las partes involucradas, los mismos que a la fecha se vendrían cumpliendo.
Demandas sociales
En este mes se registraron 21 demandas sociales relacionadas a 5 conflictos sociales nuevos. De acuerdo con la clasificación de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a los temas de demanda social identificados, el de actividades extractivas o industriales y relacionamiento representa el 23.8 % (5); el de transparencia, integridad, participación y derecho de protesta del 19.0 % (4); el de medio ambiente y recursos naturales representa el 14.3 % (3).Luego, el de servicios públicos y otras prestaciones del Estado 14.3 % (3); el de acceso a la justicia y cuestionamientos a normas y resoluciones representa el 9.5 % (2); y los 4 restantes que corresponde a otros temas representan el 19.2 % (ver página 11 del reporte).
Casos por tipo y lugar
En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (19) y Áncash (15). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (65.0%). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 65.2 %.
Diálogo
Del total de casos activos, la Defensoría del Pueblo precisó que el 62.4 % (98 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 76 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 79.6 % (78 casos) corresponde a casos socioambientales.
Protestas
Se registraron 264 acciones colectivas de protesta en el mes de febrero, 19 más que el mes anterior. Del total, el 62.1 % fueron plantones, informó la Defensoría del Pueblo.
Alertas tempranas
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 25 alertas tempranas (ver página 14 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 5 son conflictos nuevos, 9 son casos activos y 11 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
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