LIMA. El premier Aníbal Torres detalló la agenda ambiental del gobierno central durante su presentación ante el Parlamento que evaluará el voto de confianza de su gabinete ministerial. El funcionario divulgó este rubro bajo el rubro: «Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno». Seguidamente compartimos el contenido socializado respecto a las acciones implementadas y a ejecutar de parte del Estado en el sector ambiental:
«El reciente desastre ambiental en nuestras playas, a causa del derrame de hidrocarburos, continúa siendo un problema vigente y lo será por muchos años más, pues el daño es irreparable. Como Estado nos corresponde hacer todo lo posible para que la empresa Repsol, responsable objetiva de estos hechos, repare y asuma los costos a nivel ambiental, social y económico.
Por eso, en primer lugar, quiero resaltar que este reciente 04 de marzo, gracias a la gestión de nuestro gobierno, la empresa Repsol asumirá una de sus responsabilidades: la afectación económica a las y los pescadores artesanales y otros afectados. Por eso, y dado que los procesos judiciales de este tipo pueden demorar demasiado, se otorgará un anticipo de la indemnización de hasta 3000 Soles, que beneficiará a más de cinco mil familias afectadas.
Esta medida se suma a las acciones de fiscalización y sanción que ya se han venido realizado. Es así que hasta la fecha se ha impuesto a la empresa 14 medidas administrativas, algunas de las cuales no han sido cumplidas, por ello se han iniciado también procedimientos administrativos sancionadores y se han impuesto multas que ascienden a más de un millón trecientos mil soles, medidas que continuarán hasta que la empresa asuma todas sus responsabilidades. Asimismo, la OEFA realizará muestreos de fiscalización en las 13 playas que Repsol señala haber limpiado, para garantizar la recuperación de nuestros ecosistemas. Estamos trabajando, para la reparación integral de los daños. Finalmente, debemos reconocer que la sociedad civil organizada ha sido clave en la suma de esfuerzos con el gobierno para la recuperación de la fauna silvestre gravemente afectada.
Necesitamos una institucionalidad ambiental fuerte
El derrame de petróleo más grande de la historia del país ha mostrado una realidad: las herramientas que tenemos como Estado para garantizar el derecho a un ambiente sano que tenemos todos los peruanos y peruanas, y para proteger a los animales silvestres y el mar no son lo suficientemente fuertes.
Por tal motivo, desde el gobierno impulsaremos algunas medidas. Primero, presentaremos un proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para mejorar el marco normativo ante la ocurrencia de desastres ambientales, atender las áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos y atender a la población afectada.
Segundo, dado que la protección jurídica del ambiente está intrínsecamente vinculada con la protección de los derechos fundamentales, aprobaremos próximamente la Estrategia Nacional de Lucha contra los Delitos Ambientales. Asimismo, tenemos el compromiso de consolidar un marco de protección para personas y comunidades que día a día asumen la defensa y protección del ambiente.
En tercer lugar, se continuará con la realización de megaoperativos para la lucha frontal contra la tala ilegal, trata personas, lavado de activos, minería ilegal, entre otros delitos. En lo que va de este año, se han realizado 106 operativos contra la minería ilegal.
Y, en cuarto lugar, habiendo ya declarado de interés nacional la emergencia climática, impulsaremos, con carácter de urgencia, acciones multisectoriales y territoriales sobre cuestiones prioritarias tales como agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, salud, transporte, educación, turismo, derechos humanos y justicia climática.
Así también, actualizaremos los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones gaseosas y efluentes líquidos de las actividades extractivas como la minería e hidrocarburos. Y luego de más de 12 años aprobaremos un nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental(SEIA), con el objeto de armonizar el desarrollo de los proyectos de inversión con la protección ambiental.
Priorizaremos la remediación de sitios contaminados por la actividad petrolera en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en Loreto, para lo cual el Estado ha destinado a la fecha S/ 419 millones, a través de la aprobación e implementación de los respectivos planes de rehabilitación. También, implementaremos la red de monitoreo de calidad del aire y agua.
A más tardar el próximo trimestre, presentaremos un proyecto de ley que regule las actividades de pequeña minería y minería artesanal, con el objeto de mejorar su gestión social y ambiental e impulsar, conforme lo dispuesto por el Convenio de Minamata, la reducción y eliminación gradual del mercurio en esta actividad. Debemos hacer todos los esfuerzos por proteger los territorios y particularmente la amazonia de la grave contaminación que este tipo de actividades generan.
Ampliaremos la regulación para la identificación y gestión de pasivos ambientales, incluyendo por primera vez otras actividades aparte de las mineras y petroleras, como las industriales, químicas, pesqueras, del sector transportes, entre otras, actualmente no previstas en el marco normativo
Proyectos de bionegocios para la Amazonía
En reconocimiento del trabajo de conservación que realizan los pueblos amazónicos y de la urgencia de respaldarlos económicamente, hemos iniciado dos ambiciosos proyectos de bionegocios. El primero, de veinte millones de dólares financiará seis mil quinientas veintitrés acciones que conservarán veintidós mil doscientas treinta hectáreas de bosques entre los años 2022 y 2026. Este proyecto facilitará el acceso de los pueblos amazónicos a los mercados y aumentará el empleo. El segundo proyecto, de casi seis millones de euros, financiará 860 modelos de negocios amigables con la biodiversidad para que los pueblos amazónicos accedan a 50 diferentes grupos de inversionistas.
Atender cuanto antes a los afectados por metales tóxicos
En la gestión del presidente Pedro Castillo Terrones, aprobamos el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, que es una primera medida urgente para atender a la ciudadanía que ha sido afectada por las industrias extractivas y otras actividades contaminantes. Estamos comprometidos en la implementación de este plan para garantizar su real cumplimiento».