La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por el allanamiento en la radio Azul FM, en Uruguay, y una orden judicial para requisar el contenido informativo de un periodista que difundió audios sobre un presunto caso de violación. La organización consideró que estos episodios pusieron en riesgo la libertad de prensa al afectarse el secreto y el anonimato de las fuentes periodísticas, y advirtió sobre la necesidad de reformar una ley que permite sancionar a los periodistas hasta con dos años de cárcel.
La SIP recordó que el 4 de febrero personal policial se presentó en la sede de la radio Azul FM para retirar grabaciones del programa La Pecera, que conduce el periodista Ignacio Álvarez. El operativo fue parte de la investigación judicial sobre la difusión de audios íntimos vinculados con un supuesto caso de violación sexual grupal contra una mujer de 30 años, a fines de enero en Montevideo, por el que ya fueron procesadas tres personas.
A pedido de la fiscal Mariana Alfaro, la jueza Patricia Rodríguez ordenó el allanamiento del medio y de la residencia y oficinas de Álvarez, así como el acceso a los dispositivos electrónicos del equipo periodístico y al contenido del material audiovisual y las comunicaciones, para conocer la fuente informativa del periodista y constatar la posible violación al artículo 92 de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Ley 19.580). Esta norma sanciona con seis meses a dos años de cárcel a quien «difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización».
Un hecho positivo, consideró la SIP, es que fue dejada sin efecto la parte de la pesquisa que incluía el registro de la vivienda del periodista y la incautación de su teléfono celular. La Fiscalía General de la Nación reconoció que la orden de registro de la emisora y de la casa del periodista fue un procedimiento «innecesario», y la fiscal dijo que su accionar fue un «error estratégico».
El caso conmocionó al país. Generó movilizaciones presenciales y en redes sociales contra la supuesta violación; el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, calificó el hecho de «aberrante» y pidió a la Justicia una «sanción ejemplarizante», y se suscitaron acalorados debates sobre ética periodística y libertad de prensa en un país que, según el Índice Chapultepec de la SIP, es ejemplo en las Américas en materia de libertad de expresión.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, afirmó: «Si bien no es tarea de nuestra organización juzgar el criterio editorial de los medios y de los periodistas, sí nos compete pronunciarnos a favor de la protección del derecho a la libertad de prensa y del público a estar informado sin ningún tipo de cortapisas».
Canahuati, presidente del Grupo Opsa, de Honduras, agregó que «el allanamiento a la radio para confiscar materiales probatorios representó una actitud desproporcionada por parte de la Justicia. Los periodistas no somos auxiliares de la Justicia, ni tampoco delincuentes a prima facie como para que seamos atropellados con medidas forzosas que desconocen principios de libertad de prensa».
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, consideró que «este caso representa un avasallamiento al derecho legal y legítimo a la protección y la reserva de las fuentes periodísticas, un despropósito que conlleva el riesgo de intimidar a otras fuentes periodísticas».
Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, dijo que «Uruguay no puede obviar lo que establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos». En su artículo 8, consigna: «Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».
Enfatizó que el concepto de la protección de las fuentes de información también está contemplado en los documentos de la SIP, la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.
Canahuati y Jornet consideraron productivo el debate social sobre el caso, que «permite entender mejor la libertad de prensa y su valor esencial en una sociedad democrática». Consideraron que el procedimiento judicial, tanto de fondo como de forma, mostró un sesgo peligroso que desconoce el derecho internacional y la garantía legal en Uruguay sobre la reserva de la fuente, garantizada expresamente desde hace más de tres décadas.
Los directivos de la SIP mostraron además su preocupación por la Ley 19.580, que permite criminalizar a los periodistas por la difusión de información. Dijeron que muchos países, bajo el objetivo de fortalecer la libertad de prensa, eliminaron figuras criminales contra periodistas para que la comisión de supuestos delitos sea atendida en la vía civil. Las autoridades de la SIP solicitaron a los legisladores uruguayos revisar el alcance esa norma en caso de aplicación contra medios de comunicación y periodistas.