Nuestro país ha sido sacudido por el desastre ambiental causado por el derrame de crudo vertido en el mar de Ventanilla de parte de la empresa Repsol. Las voces de reclamo e indignación se alzaron y muchos miraron hacia el Estado peruano para exigir medidas y sanciones ejemplares. Sin embargo, en los últimos años este no ha venido fortaleciendo de modo suficiente al sistema de fiscalización ambiental. A ello se añade la actitud de algunas empresas que se han manifestado en contra de esta labor.
«En el Perú lamentablemente nunca ha habido un sistema propiamente dicho de fiscalización ambiental, integral y único», sostuvo el abogado especializado en materia ambiental, César Ipenza, al evaluar la situación en la que se encuentra la este asunto en nuestro país. Remarcó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aspira, a pesar de las limitaciones, a «dar los primeros pasos para que se pueda contar con una autoridad» que corrobore estándares ambientales bajo una labor de fiscalización.
Para fortalecer el sistema de fiscalización ambiental, Ipenza consideró que es preciso que el OEFA cuente con un funcionario a cargo de su jefatura, quien «tiene que ser una persona competente y con conocimientos». Como se sabe, el organismo fiscalizador no cuenta con un jefe a su cargo desde setiembre del 2021. «Aquí podría plantearse mejoras como que el miembro del consejo directivo (del OEFA) sea elegido por concurso o que tenga una garantía de permanencia en el tiempo, de unos cinco años», planteó.
OEFA: Un nacimiento difícil
Como lo resaltó líneas arriba, Ipenza citó que, en general, el Perú no ha un tenido un sistema propiamente dicho de fiscalización ambiental. Rememoró que cuando se creó el OEFA en el 2008, si bien es cierto ya existían por entonces los estudios de impacto ambiental, o una normativa ambiental, «esto era difícilmente verificable» en cuanto al cumplimiento de estándares y obligaciones ambientales.
Recordó que en el 2009 el OEFA no tenía presupuesto, por lo que «fue (el ministro del Ambiente de entonces) Antonio Brack quien tuvo que ceder S/5 millones del Ministerio del Ambiente al presupuesto del OEFA para que empiece a alquilar una oficina y a desarrollar sus instrumentos técnicos». Citó que al asumir competencia el Osinergmin en el 2010, «solo le transfirió expedientes, muchos por ser archivados, y sin recursos». Lamentó que esto sea parte de la historia de la resistencia existente en nuestro país para poder evitar un ente fiscalizador competente.
Más resistencia contra el OEFA
Para el 2014, varias mineras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) presentaron 33 recursos de amparo para evitar el «aporte por regulación» por el que entregan el 1% de sus ingresos al OEFA. «Eso revela, una vez más, la voluntad de ciertos grupos- no voy a uniformizar- del sector privado de resistirse a que exista una fiscalización ambiental», sostuvo Ipenza. Recordó que estas recurrieron a Indecopi que dejó zanjado el tema; lo mismo les pasó en el Poder Judicial.
Citó que las empresas renuentes mantenían su rechazo al aporte por regulación y llevaron el tema al Tribunal Constitucional (TC) luego de haber perdido otras instancias. En 2019, el TC dictó sentencia diciendo que dicho aporte no era confiscatorio, como se alegaba; y que era válido; por lo tanto, tenían que pagar por la fiscalización. «Esto es importante porque lo que pedían las empresas y el gremio era no pagar el aporte por regulación y que se le devuelva todo lo que habían pagado», citó Ipenza para añadir que ello era una estrategia para impedir que un organismo fiscalice lo que ellos hacen o lo que dicen que hacen.
OEFA y el caso Repsol
Ipenza expresó su extrañeza al escuchar a exministros que, al referirse al caso Repsol, no hayan hecho nada cuando eran funcionarios para que se consoliden las funciones del OEFA, y antes bien promovieran la ley 30230, impulsada durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Luego recordó que esa norma «flexibilizó las condiciones (de fiscalización ambiental en el país), es más, el OEFA tuvo incluso la imposibilidad de sancionar por cuatro años a aquellos que tenían impactos sobre el ambiente».
A ello, Ipenza añadió que «el mismo plan de contingencia de Repsol es producto de un informe técnico sustentatorio aprobado por el Senace en el 2016 que fue consagrado en virtud de la flexibilización del sistema de evaluación de impacto ambiental con un decreto supremo aprobado por el Minam durante la gestión de Humala». Es necesario hacer un poco de memoria, remarcó Ipenza, para saber realmente quién es quién al momento de declarar sobre el desastre ambiental en el mar de Ventanilla.
Al reflexionar sobre el difícil trayecto recorrido por el OEFA, la resistencia a una efectiva fiscalización ambiental y la actual reacción gubernamental ante el caso Repsol, Ipenza sostuvo que «mucho del caos y de la incapacidad de la autoridad es básicamente porque se ha permitido flexibilizar el marco jurídico o no se han hecho las cosas bien (en materia de fiscalización ambiental)».