La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva peruana (Aidesep), consideró que el Decreto Supremo 003-2022-Minam, donde el Gobierno establece la emergencia climática nacional «es un ínfimo avance porque su contenido está lejos de ser transformativo de emergencia. Lamentablemente, las menciones positivas, se autolimitan al ofrecer más planes burocráticos de lo mismo».
Reconociendo que a pesar que el país se encuentra en una situación urgente para plantear «medidas efectivas frente a la emergencia climática», la organización indígena consideró que en la iniciativa gubernamental citada «se perdió una oportunidad climática y se evidencian contrabandos de los grupos de interés». Así consideró la citada entidad indígena a través de la divulgación de un pronunciamiento.
Planteamientos sin alcance transformador
Seguidamente, Aidesep registró las «declaraciones positivas, pero que no transforman realidades» contenidas en el Decreto Supremo 003-2022-Minam. Entre paréntesis se cita el artículo en el que se observa el contenido analizado:
1. Que las metas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), las 62 medidas de mitigación y 92 de adaptación sean de interés nacional (1°) pero su aplicación se frena con la prohibición de aumento de presupuesto público (5°)
2. Que el Ministerio del Ambiente (Minam) fortalezca a la plataforma de pueblos indígenas sobre cambio climático (2.2.3°). Esto es repetitivo y carece de presupuesto significativo para su accionar.
3. Que se repitan las funciones climáticas de ministerios, Gobiernos Regionales (GORE) y municipios (2.3.1 a 2.3.6, 3.4 a 3.9). Estas son también reiterativas, además de incumplidas por estar “ocupados” en priorizar al extractivismo anti-climático.
4. Que se actualice la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático – ENCC (3.1.), pero sin considerar que esta actualización debe ser sometida a Consulta Previa, libre e informada para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Aidesep, además, consideró «positivo que se mencione la titulación de comunidades nativas (3.9.1°) como prioridad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). No obstante, eso no es una novedad, ya que es su obligación antigua e incumplida, como ocurrió con el fracaso del proyecto PTRT3-BID de $80 millones. Y esa obligación de titular es sobre todo de los GORE que NO son mencionados en este punto; sin embargo, sí son mencionados para promover la “entrega de constancias de posesión” (3.10.1°); lo que favorecerá la colonización e invasión de los territorios indígenas, el tráfico de tierras y la expansión de monocultivos, agroindustrias y cultivos ilícitos. La Segunda Reforma Agraria ‘olvidó’ la deuda histórica territorial indígena de 20 millones de hectáreas».
Otro aspecto que Aidesep consideró controversial fue «aprovechar este D. S. para un tema no vinculado de la emergencia climática, pero si a arreglos de poder burocráticos, como es el aumentar el poder de Profonanpe (3.2°) asignándole la administración de todo el financiamiento climático vinculado a Redd+, a pesar de que ya absorbe lo referido a las Áreas Naturales Protegidas, donde hace parte de los numerosos conflictos por agresión a derechos a los pueblos indígenas».
Propuestas
Seguidamente, Aidesep presenta algunos planteamientos conducentes a un «accionar eficaz ante la emergencia climática en la Amazonía al Gobierno para corregir lo negativo y avanzar en lo positivo» en el decreto supremo citado:
1. Los ministerios y GORE deben reasignar sus fondos o el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe aumentarles presupuesto para titular a más de 1000 comunidades; priorizar la bioeconomía indígena holística alternativa al extractivismo, apresar a empresarios y burócratas de las ilegalidades en madera, minería, agronegocios.
2. Las constancias de posesión en la Amazonía deben entrar en moratoria, reorganización y eliminación de corrupción para dejar de invadir territorios indígenas, favorecer acciones y cultivos ilegales
3. La canalización de fondos climáticos de Redd+ para pueblos indígenas debe ser construido con nuestros pueblos, y no impuesto verticalmente a través de Profonanpe.
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