Voces autorizadas cuestionaron la aprobación que hizo el Pleno del Congreso sobre la prorroga de la vigencia del proceso de formalización minera integral por un lapso de tres años. En ese sentido, INFOREGIÓN consultó sobre las implicancias que se derivan de esta decisión parlamentaria a César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental; así como a Erick García, representante legal de Interacción Ambiental.
Lobbys, elecciones y destrucción del patrimonio
«Ya estamos acostumbrados a que los lobbys de los mineros en el Congreso, y en el más alto nivel, sigan operando. Vamos de ampliación en ampliación. (…) Como se hace de manera permanente, entonces no hay un incentivo para que la gente cumpla la ley. Y se usa la excusa que la norma está mal, que no permite la formalización, pero lo cierto es que (los mineros) tienen dineros formalizados en el Perú y eso evidencia que no es un imposible lograr la formalización», refirió Ipenza.
Alertó que con esta nueva ampliación «vamos a seguir teniendo muertos bajo operaciones sin ninguna seguridad de parte de autoridades que representan a los intereses de mineros que no desean formalizarse». Añadió que la decisión parlamentaria tiene en cuenta los comicios del 2022: «No olvidemos que el próximo año es un año electoral (hay elecciones municipales y regionales), razón por la que se puede entender que diversas bancadas han apoyado (dar una ampliación más) porque los votos de los mineros no son poca cosa».
Calificó la medida del Congreso como un «retroceso. En general, el país es el perdedor». Lamentó que así se impulsa la destrucción del patrimonio de todos nosotros, que se sigan contaminación los ríos, se expanda la deforestación y la muerte de gente en operaciones sin control; todo ello conlleva el empleo de menores de edad, sicariato, trata de personas, etc. Seguidamente, alertó que tras esta ampliación se avecina un proyecto de ley que va a permitir la instalación de dragas en los ríos de la Amazonía.
Impunidad y e historia
«Abrir el registro (de inscripción minera), lo que permite es que los mineros que sigan apareciendo podrán incorporarse al registro mostrando los documentos y con esa inscripción poder exonerarse de una responsabilidad penal. Estaríamos legalizando la impunidad», alertó García. Al ser este un hecho que se ha repetido, lo que hemos visto es que el Estado ha venido dando largas (a este proceso) sin tener una acción previsora de lo que vendrá después, una vez que el proceso concluya, frente a los mineros que se encuentren sin cumplir requisitos a los que se encontraban obligados.
García recordó que en el 2002 se dio la primera norma de formalización de la pequeña minería y minería artesanal que partió de la idea de que se trataba de una actividad de subsistencia. Años después, tras acciones de interdicción por los daños causados por esta actividad, se vio que el término «subsistencia» no se aplicaba a este caso. Se vio que aparte de los daños ambientales esto venía acompañado con incumplimientos tributarios, laborales, etc, anotó. Con el paso del tiempo, «la desregulación de parte del Estado fue inmensa, al punto que eso permitió que se fortalecieran estos grupos económicos ligados a la minería informal», lamentó.
A estas opiniones sobre el tema, debemos agregar la posición de la Defensoría del Pueblo. La entidad estatal divulgó en su cuenta Twitter lo siguiente: «Rechazamos decisión del Congreso de ampliar vigencia del proceso de formalización minera por 3 años. Medida desnaturaliza su carácter excepcional y temporal, siendo perjudicial para la sostenibilidad del país y beneficia a la minería ilegal».