Sobre el proceso judicial seguido por los luctuosos hechos ocurridos en noviembre del 2020 durante las marchas de protesta contra el régimen de Manuel Merino, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) demandó al Gobierno la reparación inmediata a los jóvenes y familias afectados en las marchas. Además, se solicitó al Parlamento aprobar la denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores y Gastón Rodríguez; así como también se demandó una reforma urgente en la policía nacional.
Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, citó que el tema en que menos se ha avanzado es en el de las reparaciones. «Preocupa que en la investigación administrativa haya una exculpación de todo tipo de responsabilidades», alertó. Rivera resaltó que la principal expectativa está en los avances del Ministerio Público que han permitido a la Fiscalía formular la denuncia constitucional.
Recordó que además de Inti y Bryan hay también 80 víctimas en marchas, y en los que la Fiscalía se ha ido documentado. Destacó que «la Fiscalía ha sentado las bases para que el momento en que formule la acusación sea lo suficientemente contundente para que el caso avance prontamente». Remarcó que se debe mantener la exigencia en el Ejecutivo para que cumpla sus compromisos ante este caso.
En tanto, Ronald Gamarra, abogado de la familia de Bryan Pintado, remarcó que «la protesta es un derecho reconocido» y recordó que hace un año «los ciudadanos marcharon en defensa de la institucionalidad democrática. Un deber del Estado es asegurar que el ciudadano pueda ejercer ese derecho, cosa que no pasó el año pasado», ya que «la policía hizo uso excesivo de la fuerza con los resultados lamentables», afirmó. La policía cumple su rol a cabalidad respetando los derechos humanos, que no pueden ser vistos como un obstáculo para su labor, añadió.
De otro lado, destacó la labor de los fiscales Jhousy Agurto y Ramiro González. Advirtió que el Parlamento tiene una «enorme responsabilidad de dar paso para que el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación esté en condiciones de continuar el procesamiento a Merino y compañía». Sobre la policía dijo que el uso desmedido de la fuerza significó el incumplimiento de su reglamento interno, y que ello tiene que ser aclarado identificándose las responsabilidades correspondientes.
A su turno, Óscar Pintado, padre de Bryan, dijo que aún «no se ha encontrado justicia. Nos hemos quedado con el sinsabor del anterior gobierno de Sagasti», quien les prometió avanzar en el caso. Reconoció que «hay avance en el proceso judicial, pero no se han encontrado a los responsables (…) Llevamos dolor por dentro». Pidió que se aclare si es que se ha dispuesto absolver a los policías acusados por las muertes, en vista de lo advertido en un documento sobre el tema que ha venido circulando. «Si es cierto, significaría que la impunidad continua», refirió.
Por su parte, Killa Sotelo, hermana de Inti, pidió al Congreso que apruebe la denuncia constitucional de la Fiscalía contra Merino y los demás acusados. Consideró como «una burla a las familias» que se exculpe a los responsables. Recordó que «desde el 2004 hay 160 personas asesinadas en protestas, y no se ha hecho nada», pues no ningún policía sancionado. Citó que varias entidades internacionales respaldan su pedido de justicia, pues se ha corroborado el uso brutal de la fuerza en las marchas del año pasado.
A su vez, Percy Pérez, de la Asociación de heridos del 10 al 14, pidió reparaciones inmediatas a través de la activación del Comité Multisectorial. Citó que los compromisos del Estado hacia ellos se han dado en un 20%. La mayoría de los afectados está sin trabajo y sin chequeos médicos, y le es difícil sufragar esos gastos, lamentó. Se pide que el Congreso de luz verde a la denuncia constitucional de la Fiscalía, entre otros pedidos.