PUNO. La Defensoría del Pueblo presentó los resultados de la supervisión realizada a nueve microrredes de salud que atienden a comunidades campesinas quechua y aimara del departamento de Puno, revelando las dificultades que vienen afrontando para llevar a cabo el proceso de vacunación contra el COVID-19 a más de 200 000 personas indígenas. En ese sentido, la institución demanda la adopción de mejoras inmediatas, principalmente por parte de la Dirección Regional de Salud de Puno, así como de los ministerios de Salud y Cultura, para garantizar la inmunización de este sector de la población.
Como parte de las dificultades advertidas, se pudo identificar que el común denominador radica en la falta de presupuesto específico para garantizar el adecuado desplazamiento de las brigadas de vacunación hacia comunidades cuyos habitantes no pueden trasladarse hasta los establecimientos de salud por factores como la distancia o la inaccesibilidad geográfica.
De otro lado, se pudo detectar que existen algunos establecimientos que carecen de los equipos de refrigeración para la conservación de la cadena de frío de las vacunas. Esta situación se presenta en los establecimientos de salud de Huaycho y Cangalli Pichacani, pertenecientes a la microrred de Nuñoa; y en el puesto de salud San Jerónimo, en la microrred de Mañazo; así como en los establecimientos de San Isidro y Cañicuto, en la microrred de Antón.
Asimismo, que algunos establecimientos de salud no cuentan con grupos electrógenos o paneles solares para garantizar la cadena de frío ante cortes o bajas de tensión en la energía eléctrica. Es el caso del puesto de salud de Ñaupapampa, en la microrred de Asillo; los establecimientos de salud de Ampatiri, Batalla, Collini, Huapaca San Miguel, Lampagrande, Llaquepa, Tambillo y Tuquina, en Pomata; y el centro de salud de Antón, en la microrred de San Antón.
También, se pudo advertir que en determinadas zonas hay temores o negativa de la población de las comunidades para inmunizarse, principalmente por la escasa difusión que se viene realizando sobre la importancia de la vacunación contra el COVID-19 en las lenguas indígenas u originarias de la población quechua y aimara y en medios radiales de su alcance.
Ante estos hallazgos, la Oficina Defensorial de Puno instó al Gobierno Regional a asignar el presupuesto necesario a la Dirección Regional de Salud (Diresa) que permita cumplir la meta de vacunación a 273 000 personas indígenas en la región, de acuerdo a lo programado por la máxima entidad regional en salud.
Por su parte, el Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud capacitar al personal de la Diresa Puno y de las redes y microrredes de salud en la implementación de las medidas contenidas en el “Protocolo para la vacunación contra la COVID-19 en pueblos indígenas u originarios”. Asimismo, exhortó al Ministerio de Cultura a asistir técnicamente y fortalecer la labor de difusión informativa sobre la vacunación a través de medios radiales que sean de acceso a las comunidades indígenas.
Finalmente, es oportuno señalar que la Defensoría del Pueblo ha venido realizando el seguimiento a esta situación desde hace varios meses, a través de reuniones interinstitucionales y supervisión a las instancias correspondientes, razón por la que continuará con esta labor permanente para lograr el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a las instituciones antes mencionadas.
Fuente: Defensoría del Pueblo